Desde el año 2011 se han venido realizando en la enseñanza pública fuertes recortes que han repercutido en una disminución drástica del número de docentes en las aulas y en un fuerte aumento de la carga laboral que realiza el resto de profesores. La reducción de la plantilla se tradujo en un aumento de las horas de trabajo –tanto lectivas como no lectivas– que impartimos los profesores y en un incremento del 20% en la ratio de alumnos por aula.
En el caso del IES Ramiro de Maeztu, este recorte supuso la disminución de un claustro que tenía más de 150 docentes a los 113 actuales. En la práctica, 113 profesores estamos haciendo el mismo trabajo que antes realizaban más de 150. Aparte, aquellos años también fueron acompañados de importantes reducciones salariales.
Este aumento de la carga laboral no solo repercute en nuestra salud y en nuestro bienestar, también afecta a la calidad del trabajo que realizamos, ya que es muy difícil atender todas las necesidades educativas que se presentan cuando se deterioran las condiciones de los que trabajamos en los servicios públicos. Estos recortes se realizaron en Madrid y en la mayoría de las comunidades autónomas, pero se han ido revirtiendo en los últimos años en las demás regiones y Madrid es la única excepción que los mantiene.
Por otro lado, nos encontramos en un momento de fuertes cambios en la sociedad y en la educación que se han traducido en una mayor demanda de trabajo por necesidades de atención a la diversidad del alumnado, la implantación de procesos de digitalización en la enseñanza y una creciente burocratización. Nuevas exigencias profesionales se añaden a una jornada laboral que no se ha modificado desde hace décadas y que, además, fue ampliada de forma injusta. Por ello, para poder hacer frente a nuestro creciente trabajo con los alumnos, es necesaria la reducción de nuestra carga laboral en primaria y en secundaria.
Una de nuestras principales peticiones es la reducción del número de alumnos que tenemos en las aulas. Se trata de una reivindicación fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza y para hacer frente a la diversidad del alumnado. Los efectos positivos de esta medida están acreditados por investigaciones académicas, sistemas educativos de nuestro entorno y por la experiencia que tuvimos con las bajadas temporales de ratio que se produjeron en el contexto de la pandemia de Covid en primaria y en el primer ciclo de la ESO.
Además, la Comunidad de Madrid ha ido añadiendo, incluso de cara al próximo curso 2024-2025, otros recortes que se han traducido en la eliminación de desdobles, grupos de alumnos y asignaturas en nuestro centro educativo. Se da la paradoja de que nuestro centro cuentan con una gran demanda y lista de espera y en este caso no se tiene en cuenta la “libertad de elección” de las familias. En el caso de otros centros de la Comunidad de Madrid, además, se han eliminado aulas de enlace y otros múltiples apoyos educativos que antes se prestaban. Por todo ello, exigimos la dotación de los cupos necesarios de profesorado para atender a las medidas de atención a la diversidad que necesita nuestro alumnado (Orientación, Audición y Lenguaje, Profesorado Técnico de Servicio a la Comunidad...)
Otra de nuestras reivindicaciones es la equiparación salarial. La Comunidad de Madrid es la región con un mayor coste de vida del país y, en cambio, es la número 13 en retribución salarial. Esto está teniendo como consecuencia una fuga de docentes con formación y experiencia hacia otras comunidades donde es más fácil compatibilizar el trabajo con la vida.
En resumen, una educación pública de calidad no es posible si no se proporcionan las condiciones en los centros y del profesorado que lo permitan. Madrid tiene recursos económicos de sobra para hacerlo y esto es lo que estamos pidiendo con la huelga.