Veinte profesores de la universidad pública Rey Juan Carlos –entre ellos una catedrática, Carmen Caffarel– han firmado un manifiesto titulado 'Prestigio o estigma'. En él, entre otras cosas, exigen que la comisión que investigará las irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes “trabaje con celeridad y transparencia” y que el resultado se haga público “interna y externamente”.
Lo han hecho a través de una petición en change.org, a la que pueden sumarse en apoyo los usuarios: hasta el momento la suscriben 1806 personas. La publicación del texto –en el que participa personal titular, interino y contratado– se debe, dicen, a que el “patrimonio simbólico” de una universidad pública, en este caso de la que trabajan, pertenece a toda la sociedad. Por tanto, quien lo “enturbia” por interés personal merece su “desprecio” y “reprobación pública”: “Nos avergüenza por el daño que causa”.
Por este motivo, también solicitan que el rectorado no cese en su “vigilancia interna” y en la revisión de los procedimientos que “habrían permitido las irregularidades”, así como que se difunda “con toda amplitud y detalle” las conclusiones de la investigación. Solo de este modo creen que se podrá “restituir la confianza” en la institución que “nunca debiera haberse puesto en riesgo, ni por eventuales prácticas corruptas ni por imprudencias o faltas de cautela administrativa”.
Los firmantes declaran además “repudiar” las prácticas que se están poniendo “en evidencia” relacionadas con Cifuentes. Las explicaciones de la URJC les parecen “insuficientes” y las contradicciones “lesivas” para el prestigio y valor social de la institución. Además, destacan que este escándalo se suma a la cadena de “lamentables” noticias que han lastrado la imagen de la universidad, en lo que parece una referencia a los plagios que forzaron a la dimisión del anterior rector.
Durante los últimos días se han ido conociendo nuevos datos acerca de las irregularidades con las que Cifuentes consiguió su máster y a las que los profesores hacen alusión, como el registro de Secretaría que demuestra que no aprobó el máster en Derecho Autonómico en 2012 como ella defiende, o el testimonio de varios alumnos de la misma promoción que afirman que no vieron nunca en clase a la entonces Delegada de Gobierno en Madrid.