Su principal diagnóstico es que la actual política prohibicionista de España, lejos de conseguir su objetivo principal –la reducción del consumo y la venta de marihuana–, ha multiplicado las consecuencias “dañinas” derivadas de su situación de clandestinidad. El Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis (GEPCA), integrado por más de una decena de expertos en derecho, farmacología o psiquiatría, ha diseñado un modelo de regulación de la marihuana que va a llevar a todos los partidos políticos para que se discuta en el Congreso de los Diputados.
La intención es que se convierta en una proposición de ley que regule el cannabis, tanto para el consumo particular como para su uso terapéutico. “El cannabis ha estado, está y estará presente en la sociedad. Partiendo de este diagnóstico, contemplar los derechos y el libre desarrollo de la personalidad como ejes fundamentales de una regulación es la manera más efectiva de fomentar el consumo responsable y reducir los daños”, explica Xabier Arana, doctor en Derecho e integrante de GEPCA.
La propuesta, detallada en el libro publicado recientemente Cannabis, de los márgenes a la normalidad (Ed. Bellaterra), pasa por la despenalización de la sustancia además de por la elaboración de una ley específica. Actualmente el Código Penal recoge como delito el tráfico de drogas, y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, contempla como infracción grave con multas de 601 a 30.000 euros “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas aunque no estuvieran destinadas al tráfico”. De hecho, se erige como el primer motivo con el que más ha sancionado la Policía en aplicación de esta contestada ley desde su entrada en vigor.
Desde GEPCA aseguran que este tipo de controles penales y administrativos “no son un impedimento para que el cannabis se consuma incluso en lugares fuertemente controlados como las prisiones”, explica en un manifiesto que está en busca de adhesiones. El control estricto de las sustancias, prosigue Arana, “no impide que un menor si quiere conseguir cannabis pueda hacerlo si tiene dinero. Hoy en día es más fácil que un adolescente acceda a ello que a un fármaco con receta”.
Por eso, el grupo de expertos considera la política actual “un fracaso” porque “ha multiplicado los efectos secundarios”, dice Arana. Con ello se refiere a las consecuencias no derivadas directamente de la propia sustancia y su consumo, sino las procedentes de su situación de ilegalidad: “Adulteraciones, control social, blanqueo de dinero procedente del mercado ilegal o corrupción”, ejemplifica el también investigador del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad de País Vasco (UPV).
Esta era una de las conclusiones derivadas del informe de 2014 Auge y caída de la prohibición del cannabis, elaborado por Transnational Institute (TNI) y Global Drug Policy Observatory (GDPO), que considera “irreversible” la regulación. El estudio sostiene que las políticas restrictivas como las de España no han reducido el consumo y han fomentado la delincuencia organizada.
Los requisitos que contempla el modelo
Los expertos de GEPCA inciden en que el objetivo de su propuesta es también “generar un debate social y contemplar un modelo de regulación en clave de normalización basado en derechos y libertades”. Según explica Arana, “no se trata de fomentar el consumo , sino de que, en caso de que una persona quiera consumir, potenciar el consumo responsable y la reducción de daños”.
Según el GEPCA, regular la sustancia sería la manera de reducir estos daños y potenciar el consumo responsable, porque además de “garantizar el derecho individual de las personas adultas al consumo”, la propuesta incide en el desarrollo de toda una política preventiva y educacional. Pero una posible regulación, ¿no provocaría un aumento exponencial del consumo teniendo en cuenta el nivel de consumo de alcohol y tabaco presente en España?
En opinión de Arana, “puede que sí, o puede que no, depende de otros factores. En Holanda, donde está regulado, tienen una tasa de consumo menor que en otros países con políticas más prohibicionistas, como ocurre en España o en Estados Unidos. La regulación del cannabis va a ayudar a que desaparezcan los efectos secundarios derivados del prohibicionismo y a que se puedan afrontar los consumos con políticas de prevención, educación o reducción de daños”.
El modelo que propone GEPCA, similar al del tabaco y el alcohol aunque “atendiendo a las peculiaridades del cannabis”, abarca la regulación de todo el ciclo, desde su cultivo hasta el consumidor final, y se centra en tres ejes fundamentales: En primer lugar, permitir el autocultivo con límites de cantidades destinadas al autoconsumo y teniendo prohibida la venta. En segundo, creando un mercado regulado “tutelado administrativamente” con empresas que cultivan y otras diferentes que venden.
Por otro lado, la propuesta incluye la regulación de los clubes sociales de cannabis, asociaciones de consumidores que han proliferado en los últimos años, mediante la concesión de licencias o autorizaciones, la prohibición de la venta o la obligación de producir la cantidad precisa para cubrir la previsión anual de sus socios, entre otros requisitos. La última sentencia del Supremo, de diciembre de 2015, fue acogida por las asociaciones pro regulación con preocupación porque condenaba a una asociación al considerar que el tamaño (290 miembros) y la estructura excedían los límites del “consumo compartido”.
Respecto a la regulación del mercado, el modelo se basa en un sistema de licencias, la venta se producirá a través de establecimientos autorizados y con esta exclusiva finalidad y las empresas estarán sometidas “a un proceso de seguimiento administrativo y continuado”. Por otro lado, también contempla límites al derecho al consumo individual “por razones de seguridad colectiva”: un límite de acopio personal, seis plantas para autocultivo para un máximo de cinco personas y la aplicación de la regulación del tabaco para el consumo en el espacio público.
El grupo presentará “cuanto antes” la propuesta a todos los partidos políticos con representación en el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos. Arana asegura que la marihuana “se acabará regulando antes o después” y mira con preocupación la tradicional postura del PP en este tema, contrario a la regulación. Aunque confía en que “algunos sectores del grupo están por la labor”. Por su parte, Ciudadanos y Podemos ya se mostraron en las elecciones de diciembre de 2015 partidarios de legalizarla. “El cannabis ya está en la agenda política”, concluye.