Los partidos de la oposición empiezan a pedir responsabilidades al Gobierno por el caso del autobús tránsfobo. El PSOE va a exigir al Gobierno en la sesión de control del próximo miércoles en el Congreso que retire la declaración de “utilidad pública” a la organización ultracatólica HazteOir. Así se lo transmitirá la portavoz de Igualdad del grupo, Ángeles Álvarez, al ministro de Interior, cuyo antecesor en el cargo (Jorge Fernández Díaz) firmó la disposición del BOE que reconoce a la asociación esta distinción, aparejada a cuantiosas ventajas.
Los socialistas quieren saber si el Gobierno, con capacidad para revocar su decisión, la anulará “ante las actividades discriminatorias y transfóbicas de la organización”. El Ministerio de Interior evita pronunciarse sobre si se lo está planteando después de que un juez haya ordenado cautelarmente inmovilizar el autobús por considerar que los mensajes tránsfobos que difunde –“los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen”– lesionan la dignidad de las personas transgénero.
El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea ha registrado este miércoles una proposición no de ley que insta al Gobierno a revocar la orden por la que se concede la utilidad pública a la organización ultracatólica. En la iniciativa, presentada por dos diputadas de En Comú Podem, piden al Ejecutivo que “evite que una entidad que ha hecho de la incitación al odio su principal forma de actuación mantenga los beneficios que establece la legislación vigentes por las asociaciones” con este título.
Las organizaciones sin ánimo de lucro declaradas de “utilidad pública” pueden, según la ley, “usar esta mención en toda clase de documentos, a continuación de su denominación; disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente; disfrutar de beneficios económicos que las leyes establezcan a favor de las mismas, y asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la legislación específica”.
Para conseguir esta distinción, las organizaciones tienen que cumplir los siguientes requisitos, cuyo cumplimiento pone en cuestión Unidos Podemos y el PSOE en sus reclamos: “Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.