Tres pueblos españoles ya no llevarán en su denominación referencias a Franco y a otros protagonistas de la represión durante la dictadura después de que un abogado denunciara al alcalde de uno de ellos. Con los otros dos, el experto en Memoria Histórica Eduardo Ranz, ejerció el derecho de petición para solicitarles que lo hicieran. Las pedanías de Bembézar del Caudillo (Córdoba) y Queipo de Llano (Sevilla) y el municipio de Águeda del Caudillo (Salamanca) han pasado a llamarse Bembézar, Los Cinco de la Riuela y Águeda. Este último nombre hace referencia a un grupo de ejecutados por las fuerzas golpistas.
Estos tres pueblos forman parte de los once que el pasado mes de febrero Ranz documentó como municipios que mantenían a Franco en sus nombres oficiales. A todos sus ayuntamientos les pidió que lo retiraran en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, que establece que las instituciones públicas deben eliminar las menciones conmemorativas de exaltación a figuras de la dictadura. Además, denunció a ocho de sus alcaldes (uno de ellos el de Águeda) por un presunto delito de incitación al odio.
Ocho demandas
Ahora el abogado ha interpuesto una demanda contra los ayuntamientos de los ocho que se han negado a retirar el apellido franquista. Seis de ellas, han sido ya admitidas a trámite. Es el caso de Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), San Leonardo de Yagüe (Soria) y Villafranco del Guadalhorce (Málaga). Las demandas contra los consistorios de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y Alcocero de Mola (Burgos) esperan todavía a ser admitidas.
Ranz, que interpuso el año pasado una denuncia, posteriormente archivada, contra Ana Botella y otros 37 regidores por mantener símbolos en sus ciudades que homenajean a los franquistas, remitió además a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un escrito en el que solicita la retirada “de forma inmediata” de las ayudas o subvenciones que reciban “los incumplidores de la Ley de Memoria Histórica”.
En la respuesta, que ha resultado negativa, la FEMP afirma que “no goza de la condición de Administración Pública y tampoco de sus prerrogativas para ejercer la potestad coercitivas sobre sus asociados”.
El nombre de algunos de estos pueblos tienen su origen en uno de los proyectos franquistas del Instituto Nacional de Colonización, un organismo fundado una vez terminada la Guerra Civil con el objetivo de reorganizar el medio rural.
Como resultado el régimen creó más de 300 pueblos nuevos cuya fundación anunciaba así el periódico ABC el 1 de octubre de 1958: “Catorce nuevos pueblos surgidos en la geografía de España merced a la obra del Instituto Nacional de Colonización llevada a cabo desde la terminación de la Guerra de Liberación, llevan el nombre del Caudillo”.