Sandra del Río quería que su hijo, de dos años, empezara su etapa educativa en el colegio público de su barrio en Navalcarnero, el María Martín, pero se ha quedado a las puertas. Su mayor indignación radica en el punto preferente que el colegio otorga para acceder a sus aulas: que los dos padres del niño estén trabajando. Las quejas a la Dirección Territorial de las familias excluidas han obtenido una respuesta por carta en la que la Comunidad resuelve que el criterio “no adolece de ningún tipo de consideración”.
“Es discriminatorio”, afirma con enfado Del Río en una conversación telefónica. A pesar de que la escolarización en la Comunidad de Madrid depende de un sistema de puntos en el que se tienen en cuenta varios criterios, la decisión del centro María Martín para el punto de libre elección de cada centro ha indignado a los afectados.
Del Río está en paro, como casi seis millones de personas en España, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año. Desde hace un año y medio, cuando finalizó su contrato en la cocina del Hospital 12 de Octubre, no ha conseguido otro empleo. En su casa, el sueldo de su marido –que no llega a 1.500 euros– es el sustento de la pareja y sus dos hijos. Además, como en muchos otros hogares, hacen frente a una hipoteca y a un préstamo, que en total restan unos 850 euros a su presupuesto mensual.
“Los padres que no tenemos trabajo vamos a tener que pagar o llevar a nuestros hijos a colegios más alejados, con el gasto de gasolina que eso supone”, apunta con enfado. En su caso, la Comunidad de Madrid le ha notificado la concesión de una plaza en el colegio concertado Nuestra Señora de la Concepción, por el que debería pagar “700 euros en gastos en septiembre”, y luego 100 euros cada mes, según le notificaron en el centro a la familia. Del Río ha rechazado la plaza porque no se la puede permitir. “Es el colegio o comer”, dice.
Lo que esta madre no puede pasar por alto es que su situación de desempleo sea el motivo que ha provocado la negación del punto preferente a su hijo. Varias familias se han movilizado contra la elección del colegio María Martín, con la recogida de firmas por Internet y en papel, que pretenden presentar ante la Dirección Territorial Madrid Sur.
De momento, la respuesta de la división territorial de la Comunidad de Madrid ya ha dado la razón al colegio. En una carta a las familias que presentaron la queja, a la que ha tenido acceso eldiario.es, los argumentos de la Consejería de Educación concluyen que el punto en cuestión no vulnera los dos requisitos exigibles: que sea público y objetivo.
En este segundo aspecto, la respuesta oficial recoge que “la consideración de que ambos progenitores trabajen no adolece de ningún tipo de discriminación”. Establece que el centro ha tenido en cuenta “un factor sociológico” que “comparte la misma naturaleza” que otros establecidos por la nueva ley de educación (LOMCE).
Entre estos otros criterios, la carta cita tener hermanos matriculados en el mismo centro escolar, un domilicio próximo al colegio, la renta de las familias solicitantes y la discapacidad del menor o de sus padres; “factores sociológicos sin que por ello se los pueda tachar de discriminatorios”, concluye el escrito.
Con incertidumbre hasta septiembre
El hijo de Sandra del Río se encuentra en el limbo hasta septiembre, cuando se resolverá si hay alguna plaza para el pequeño en los centros públicos del municipio madrileño. Según un portavoz de la Consejería de Educación, a pesar de que la Educación Infantil es una etapa educativa opcional, la Comunidad tiene el compromiso de “escolarizar al cien por cien de los niños solicitantes”.
Además, el responsable de la cartera dirigida por Lucía Figar afirma que “las cuotas no son obligatorias”. Por lo tanto, un colegio concertado (que recibe fondos públicos) no puede exigir el pago de ninguna cantidad para que sus hijos asistan al centro. Sandra del Río, en cambio, enfatiza en la obligatoriedad del uniforme y otros gastos complementarios que sí imponen los colegios concertados. “Nos dijeron que se suele comprar tres uniformes. Cada uno vale 150 euros; con ese dinero pago la ropa de mis dos hijos de todo un año”, dice.
Beatriz Calderón tampoco pudo matricular a su hijo en el colegio María Martín, pero no quiere arriesgarse a que el niño se quede en casa en septiembre. Inscribirá a su pequeño en el colegio concertado Villa de Navalcarnero, con un coste de 50 euros al mes. “Sé que no es una etapa obligatoria, pero no quiero que quede en desventaja con otros niños que ya comienzan su educación”, cuenta. El próximo año intentará cambiar al niño de centro porque “50 euros suponen un esfuerzo grande” para su familia.
Calderón perdió su empleo hace tres años. Antes trabajaba como decoradora y, en su opinión, el criterio del centro sí es excluyente. “Tal vez no se lo parece a los que no tengan ningún miembro en paro”. En su caso, la escolarización del niño le facilitará mucho la búsqueda de un empleo.
Este viernes, UPyD presentará dos preguntas escritas en la Asamblea de Madrid sobre la decisión del colegio. “Ese punto es un disparate completo”, indica Ramón Marcos, diputado de la formación en Madrid. Quieren que la Comunidad dé explicaciones al respecto y llevarán varias propuestas. “Pediremos la supresión de las tasas en los colegios públicos en la etapa de 0 a 3 años y también la del cheque-guardería”, añade Marcos.
El cheque-guardería es una ayuda de la Comunidad a los beneficiarios de una plaza en centros privados. “En el caso en el que la oferta pública no satisfaciese la demanda, consideraríamos adecuado que el cheque-guardería se conceda a las rentas más bajas”, continúa. En la actualidad, familias con ingresos abultados, como la propia consejera Lucía Figar, se benefician de este apoyo monetario.