La aviación comercial crece constantemente y, arrastradas al número de vuelos y pasajeros, las emisiones de gases de efecto invernadero se han multiplicado. Desde el año 2000, el número de pasajeros ha pasado de 1.600 a 4.300 millones anuales. En 2019 el sector lanzó casi mil millones de toneladas de CO a la atmósfera. Casi un 70% más que en 2005.
Solo el aumento de emisiones de los últimos cinco años equivale a 50 centrales de carbón para generar electricidad. Aunque si fuera un país la aviación estaría en el top 10 de los emisores mundiales, como señala la Comisión Europea, no está obligada ni incluida en el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Su plan ambiental es propio y voluntario. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) se autorrregula. La base de su plan es comprar derechos de emisión: pagar con el propósito de que el CO que lancen los reactores quede “compensado” por lo que no emitan otros sectores a los que compren esos derechos o por proyectos verdes financiados por las compañías aéreas como una central hidroeléctrica o un plan de reforestación.
Vergüenza de volar
En este contexto ha surgido el concepto de “vergüenza de volar” que se ha expandido desde Suecia (el país de origen de la activista Greta Thumberg). Al fin y al cabo, se estima que solo el 10% de la población mundial ha volado alguna vez. Es un transporte propio del mundo enriquecido.
La reducción de vuelos y pasajeros por motivos ambientales crece. Una investigación del banco suizo UBS en el verano de 2019 reveló que uno de cada cinco encuestados (6.000 usuarios de avión de EEUU, Gran Bretaña, Alemania y Francia) habían rebajado sus viajes aéreos fruto de esa vergüenza por volar.
En esa línea, el grupo Stay Grounded ha elaborado una batería de propuestas que ha presentado este martes Ecologistas en Acción. Apuesta por acabar con los subsidios públicos a la aviación, la limitación de rutas –especialmente las más cortas– o que se impulsen alternativas que no consuman combustibles fósiles.
La aviación se libra de la presión fiscal. “Enormes subvenciones indirectas”, lo define el análisis de Stay Grounded. El combustible que utilizan habitualmente las aeronaves, el queroseno, por ejemplo, está exento de impuestos. El informe argumenta que con un “IVA estándar al queroseno se podrían reducir un 18% las emisiones en Europa”. También proponen que unas potenciales tasas a los billetes podrían centrarse en los viajeros más frecuentes o según el kilometraje del vuelo para desincentivar la multiplicación de trayectos. Por el otro lado, Stay Grounded admite que estas medidas no producen cambios profundos en los hábitos de transporte: “La finalidad es que la aviación no goce de una ventaja injusta frente a otros medios de transporte.”
La idea que cruza todo este estudio es la de encoger el sector aéreo. “El establecimiento de límites absolutos a la aviación es, en principio, la forma más fácil y segura de garantizar que la industria cumpla sus deberes en cuanto a la mitigación del cambio climático”, asegura. En su opinión se puede aplicar esta regulación a vuelos cuyo trayecto se pueda cubrir en cinco horas de tren, los vuelos nacionales en estados pequeños o la limitación al número de vuelos para ciertos aeropuertos. En Holanda y Francia ya se han registrado iniciativas legales para prohibir trayectos aéreos cortos.
Trenes nocturnos
En una secuencia lógica, limitar el transporte por aire implica potenciar otros medios. “Invertir en la ampliación de las redes de trenes y autobuses interurbanos de larga distancia, para que incluyan más trenes y autobuses nocturnos y que sean más cómodos”.
El Grupo de Acción del Transporte Aéreo recuerda que la renovación tecnológica “ha permitido evitar la emisión de 80 millones de toneladas de CO desde 2000”. Añade que las compañías prevén gastar un billón de dólares para mejorar la eficiencia energética de sus flotas “en una media del 1,5% al año desde 2010 a 2020”. Esta asociación –compuesta por aerolíneas, fabricantes, aeropuertos, pilotos, controladores, operadores turísticos y cámaras de comercio– subraya que esta industria sostiene “10,2 millones de puestos de trabajo directos”.
El documento de los ecologistas contrapone que “los puestos de trabajo no se perderán, sino que se transferirán directamente por medio de una transición justa, lo que requiere negociaciones y una planificación conjunta”.