La política cumple; el mundo económico y cultural, no tanto. Podría ser la conclusión general si se le echa un vistazo a cómo se distribuye el poder en esos tres ámbitos en nuestro país. A comienzos de marzo, el Gobierno iniciaba los trámites para aprobar la ley de paridad, una norma que obligará a gobiernos, partidos políticos, empresas cotizadas, entidades de interés público y colegios profesionales a tener una representación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de decisión, de entre el 60% y el 40%. elDiario.es ha hecho una radiografía del poder en algunos de estos espacios y también en otros, como sindicatos, patronal o reales academias, que no estarán en principio afectados por la nueva norma.
La ley de igualdad aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, de la que bebe la propuesta del actual Ejecutivo, ya consagraba el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres tanto en las listas electorales a cualquier comicio como en los nombramientos hechos por los poderes públicos. El resultado es que los parlamentos, estatal y autonómicos, y el Senado son los espacios donde más claramente se cumple con la paridad.
El Gobierno central cumple, pero no así el siguiente nivel de poder en la administración. El 65% de las secretarías de Estado están ocupadas por hombres, aunque los dos siguientes rangos –subsecretarías y secretarías generales, y direcciones generales– sí tienen una representación equilibrada. Soledad Murillo era la secretaria de Estado de Igualdad durante el mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que se aprobó la norma y señala la importancia de que el equilibrio se cumpla en todos esos niveles, porque “tienen una función política muy relevante”.
La mayoría de grupos del Congreso y del Senado cumple salvo el PNV y Vox, en el primer caso, y el PP, Junts per Catalunya y ERC, en el segundo. Todos los parlamentos autonómicos cuentan con presencia equilibrada de mujeres y hombres. Castilla y León es la que la incumple levemente: tiene un 62% de asientos ocupados por diputados y un 38% por diputadas.
El Instituto de la Mujer, junto al Instituto Nacional de Estadística, recoge los datos sobre la composición por sexo de las ejecutivas de los partidos. Ciudadanos, Coalición Canaria y Vox incumplen la paridad. El partido de Santiago Abascal es el que lo hace de manera más abultada, con un 71,4% de hombres y un 28,6% de mujeres.
El poder local es el que sigue claramente más masculinizado. La no remuneración de los puestos políticos en las localidades pequeñas, la falta de corresponsabilidad y la manera en la que la política se convierte entonces en una triple jornada para las mujeres, y el desinterés de los partidos por cumplir con la igualdad en listas menos expuestas a la opinión pública son algunos de los motivos. Además, la obligación de representación equilibrada de la ley de igualdad solo opera para los municipios de más de 3.000 habitantes.
Resistencia en las empresas cotizadas
Las indicaciones de la ley de igualdad de 2007 sobre representación equilibrada también afectaban a los consejos de administración de las empresas, pero no dejaban de ser recomendaciones que, de no ser cumplidas, no suponían sanción, algo que quiere cambiar la ley de paridad. En el año 2021, solo el 29% de los puestos en los consejos de las sociedades cotizadas los ocupaban mujeres. Aun así, la representación femenina era desigual: aún existía un 5% de empresas sin mujeres en su consejo. Ninguna de estas empresas era de las pertenecientes al Ibex 35. En este caso, las mujeres en el conjunto de sus consejos llegaban al 34%.
En lo que respecta a la alta dirección de las empresas cotizadas, las mujeres tienen aún menos presencia. Son el 20% de las directivas, y no hay mujeres entre la alta dirección de una de cada tres empresas. Por grupos de cotización, la presencia de las mujeres en estos puestos también se reduce con el tamaño de la empresa: son un 22% de las directivas en las sociedades del Ibex 35, un 19% en el resto de empresas de más de 500 millones de euros de cotización y un 17% en el resto.
Las politólogas Emanuela Lombardo y Tánia Vergé indagaron en un artículo académico sobre la muy diferente implantación de la paridad en el poder político y en el económico en nuestro país. “España ha desarrollado un enfoque diferencial respecto a las cuotas de género, con una fuerte regulación en el caso de las cuotas electorales y una regulación débil fuertemente basada en la autorregulación para los consejos de administración de las empresas. Mientras que para las cuotas en la política encontramos principalmente una secuencia armónica y un buen ajuste entre las instituciones sistémicas, normativas y prácticas, para las cuotas en los consejos de administración la configuración institucional ha dado como resultado una secuencia altamente discordante o conflictiva”, concluían.
Las expertas señalan que, en el caso de la política, el impulso inicial por parte de algunos partidos, empujados por las militantes feministas y por un discurso hegemónico sobre la igualdad de resultados, favoreció la implementación posterior de las cuotas. “Las cuotas voluntarias de los partidos sentaron las bases para la adopción de una regulación fuerte, con implementación inmediata y una dura sanción –la retirada de las listas electorales–”, apuntan. Frente a esa estrategia, en el mundo económico se apostó por la autorregulación, algo que, junto a “unas instituciones normativas que priorizan las nociones liberales de libertad empresarial y mérito individual”, han producido un escenario más conflictivo y desigual.
Jurados paritarios, reales academias masculinizadas
La ley de paridad también afectará a los jurados de reconocimiento público, que tendrán que tener una representación de entre el 40% y el 60% de cada sexo. Los jurados de los premios culturales que otorga el Estado ya son paritarios, según el cálculo de los últimos entregados. En la edición correspondiente a 2022, de los 30 galardones solo hubo dos en los que el número de mujeres dentro del jurado no alcanzó el 40%: el Premio Nacional de Músicas Actuales (37,5%) y el Premio Nacional de Circo (33,3%). En sus tres años anteriores, sí cumplieron con el citado 40%, en ambos casos, por lo que se trata de un porcentaje excepcional.
De esta forma, la anunciada ley servirá para blindar una política que ya está instaurada. En las bases de los citados galardones se especifica que, conforme a lo establecido en la ley de igualdad, la composición de los jurados debía respetar el “principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres”. Para cumplirlo, a la hora de elegir a los vocales provenientes de distintas entidades, se les solicitaba que propusieran necesariamente a un hombre y a una mujer en cada caso.
Las reales academias están muy lejos de la paridad, a pesar de estar financiadas con dinero público. Soledad Murillo admite que no fue posible incluirlas en la ley de igualdad, y tampoco están en principio afectadas por la nueva norma que prepara el Gobierno. “Son receptáculos de poder con una enorme influencia en su área de referencia y con una enorme posibilidad de generar redes”, apunta Murillo.
Agentes sociales y órganos constitucionales
Los órganos de decisión de sindicatos, por un lado, y patronal, por otro, presentan una diferencia abismal en su composición por sexo. Las ejecutivas, tanto nacionales como territoriales, de las centrales mayoritarias CCOO y UGT cumplen con la paridad. La secretaria de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Carolina Vidal, asegura que el resultado de los últimos congresos ha arrojado resultados muy positivos, tanto en los territorios como en sectores y federaciones. “El sindicato incluyó en su definición que es feminista y eso tiene consecuencias. Ahora mismo ya no sería aceptable una Ejecutiva donde haya mayoría de hombres”, subraya, aunque admite que sigue habiendo excepciones y que, en sectores más masculinizados, les sigue resultando especialmente complicado alcanzar la paridad tanto en órganos de decisión como en las listas sindicales.
El panorama de la patronal es bien distinto. En su ejecutiva nacional, la CEOE cuenta con 11 vicepresidencias: ocho de hombres y tres de mujeres. Después del nombramiento de su Ejecutiva, fuentes de la patronal subrayaron el compromiso de su presidente, Antonio Garamendi, con el aumento del número de mujeres en puestos de poder en la organización, aunque aseguraron que no se trataba de “algo inmediato”.
De los órganos constitucionales, el Consejo Económico y Social (CES) es el más desequilibrado. El CES está integrado por distintos grupos, desde sindicatos y patronal hasta asociaciones de consumidores, de cooperativas y sociedades laborales u organizaciones agrarias. Cada grupo tiene potestad para enviar al órgano a los representantes que considere. Tampoco el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, cumple con la paridad.
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