La Real Academia Española es la guardiana de la lengua –“limpia, fija y da esplendor”, su lema desde 1715– pero no es una institución pública, sino privada, una “institución jurídica con personalidad propia”, pese a que se le asigna un carácter oficial y un interés público, a falta de un organismo estatal en España. Como prueba, el Gobierno le ha encargado el informe sobre la inclusión de género de la Constitución. “El Estado no se ocupa de regular la lengua y, desde hace 300, años ha confiado esa tarea en la RAE, que se dedica a actividades de interés general”, puntualiza a eldiario.es su director, Santiago Muñoz Machado,
La Corona española ha sido su protectora desde que nació, en 1713, e incluso el Rey Juan Carlos puso de 'su' bolsillo un millón de pesetas cuando Felipe González impulsó la Fundación Pro Real Academia en 1993, la pata que aglutina la financiación privada de la institución, que es la mayoritaria. Aunque la Academia no especifica la cantidad, podría ser de hasta cinco millones anuales (según cálculos sobre su propio presupuesto anual, de siete millones y medio). Al dinero privado hay que sumarle una subvención pública anual y el dinero obtenido por la venta de sus publicaciones, un ingreso que ha caído en picado por la crisis de los volúmenes en papel.
La Fundación privada está presidida por el rey Felipe VI y por el gobernador del Banco de España y su finalidad es apoyar y financiar a la RAE. Forman parte de ella los grandes nombres de la empresa española y del IBEX 35, como Ana Patricia Botín (Santander), el presidente de Repsol, La Caixa, Prisa, Telefónica o Iberdrola. También aparece en la lista de patronos el constructor Villar Mir, en representación de su propia fundación. Las grandes compañías son precisamente las principales benefactoras de la RAE, aunque también hay particulares. Por ejemplo, una donación de Inditex de 1,6 millones al año hizo avanzar el Diccionario Histórico. La Caixa patrocina el diccionario online y gratuito en la red. La Fundación Iberdrola firmó un convenio de 100.000 euros para la nueva edición del Diccionario.
El primer órgano rector estaba formado por Mario Conde o Emilio Botín y apadrinó el acto el Rey Juan Carlos, que agradeció a las comunidades autónomas su “sensibilidad nacional”, según las crónicas del momento como la de El País, después de que dieran 10 millones de pesetas cada una para la constitución de esta fundación. Actualmente son patronos Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, o Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura. Sobre si las comunidades siguen aportando dinero, fuentes de la RAE responden que “o no aportan nada o lo hacen con importes de cuantía menor”, sin dar más detalle.
Parte de ese dinero que se recauda sobre todo de compañías y entidades bancarias se gasta, pero otra parte se acumula, según las cuentas de la Fundación, a las que ha tenido acceso eldiario.es a través de una pregunta en el Portal de Transparencia. En 2016 (últimas cuentas accesibles) la Fundación pro RAE tenía 16 millones de euros invertidos en acciones (como Indra, Inditex o Gas Natural), fondos de inversión (Caixabank), bonos (524.000 en el Gobierno de la Comunidad de Madrid o 100.000 en Goldman Sachs o Morgan Stanley) y depósitos bancarios (6 millones). A esta cantidad hay que sumar 1,3 millones en cuentas bancarias. Todo este dinero y los intereses que pudieran generar aparecen vinculados a una utilización para “fines fundacionales”, es decir, para dotar de financiación a la RAE.
Aunque no pertenece a la administración pública, los ingresos públicos son otra parte fundamental para el funcionamiento de la Academia y una reclamación permanente de los sucesivos directores. El penúltimo, Darío Villanueva, explicaba en 2018 que estaban intentando que el entonces ministro Iñigo Méndez de Vigo (PP) aumentara el dinero a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, que entonces era de 1,6 millones: “Que quede claro que no estamos pidiendo un incremento de la asignación presupuestaria, porque asumimos la crisis que ha afectado a muchos, sino que el Estado adquiera licencias de Enclave [un canal premium] y esa retribución del servicio que proporcionamos nos permita recuperar el nivel de financiación del año 2008”, decía a Europa Press.
La crisis hizo mella en esta institución –cuya obra estrella es el Diccionario y que también ha elaborado el Panhispánico de Dudas, el Histórico, puso en marcha el servicio de consultas y volcó el diccionario en internet de forma gratuita– aunque siguió teniendo saludables excedentes en su parte privada. La Fundación pro RAE pasó de 23 millones en 2013 a 18 millones en 2016, según sus cuentas. Fuentes de la Academia dicen que el saldo de su fundación “se ha mantenido estable” estos años, “unos 16 millones de euros”. El presupuesto público de la Academia cayó más: si entre 2007 y 2012 era de casi cuatro millones de euros al año, con los recortes que impuso Rajoy esa cantidad bajó a los 1,6 millones, un importe que se ha mantenido hasta 2019.
Aumento de la subvención
Sin embargo, y tras algunas reuniones y reclamaciones, el ministro Pedro Duque salió al rescate en la anterior legislatura y firmó un convenio con el director que multiplica los ingresos de la RAE. El acuerdo, según lo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado marzo, supone que le darán a la Academia cinco millones de euros públicos al año durante 2020, 2021 y 2022, lo que permitirá unos ingresos por encima del nivel precrisis. Los proyectos en los que se emplearán, según el convenio, es la actualización de obras que ya existen como el Diccionario, y proyectos de digitalización y la promoción del español o formación. Desde la RAE aseguran que “los recursos disponibles se aplican por completo a la retribución de su personal y al desarrollo de proyectos”. Entre los que trabaja actualmente y en los que empleará ese dinero está una nueva versión del Diccionario, la actualización de varias obras o “evitar la rotura del español tratando de uniformar el español que usan los instrumentos digitales”, un proyecto denominado Lengua Española e Inteligencia Artificial.
Pero el modelo de la RAE, amparada por los reyes, grandes empresas y los sucesivos gobiernos, tiene también críticos. El catedrático Carlos Subirats, de la Universidad Autónoma de Barcelona, es uno de ellos: “Las academias son anacrónicas y su incidencia en el mundo actual es nula”, sostiene. “El problema de la lengua no es si se acepta una palabra o si 'sólo' lleva o no acento, el reto es el procesamiento de textos por medios electrónicos, por ejemplo, crear programas que entiendan textos enormes y te devuelvan una respuesta”, continúa Subirats, director del proyecto del Diccionario Electrónico en Español y numerosos grupos de investigación. “La lingüística no es una cosa de letras y normas, implica neurociencias, psicología, ciencia computacional, inteligencia artificial...”.
El catedrático, autor de algunos artículos críticos con la Academia, también lamenta que esos cinco millones de euros públicos se den directamente a la RAE en lugar de a proyectos concretos más diversos por medio de concursos y relacionados con asuntos más de futuro como la computación, “que es lo que demanda Google y el capitalismo, por otra parte”.
El académico Pedro Álvarez de Miranda, director de la 23ª edición del Diccionario, tiene una visión distinta: “El Gobierno tiene una responsabilidad moral sobre las academias, para que no desaparezcan por falta de medios, y eso debería seguir siendo así. El Estado no las debería abandonar a su suerte, alguna responsabilidad cabe”, dice a eldiario.es.
Muñoz Machado defiende, frente a la crítica de exceso de normativismo, que “la RAE tiene que centrar su actividad en los fines que le marcan sus estatutos. Desde su fundación, el diccionario, la gramática, la ortografía y la edición de obras representativas de la mejor literatura en castellano han sido sus misiones fundamentales. Estas obras hay que mantenerlas al día porque la lengua evoluciona y nuestros textos marcan la normativa, la pauta que siguen los quinientos millones de hispanohablantes. Somos la entidad reguladora de la lengua, junto a las Academias integradas en la asociación Asale. Y lo hacemos a través de esas obras”.
Silvia Senz, lingüista, también pone sombras a la institución o, más bien, a la gestión pública que se ha hecho en relación a ella. Es coeditora de El dardo en la Academia, un volumen crítico con la RAE, de la que destaca su ventaja en el apoyo institucional. Contactada hace un tiempo por eldiario.es, Senz se remite a sus escritos. En la obra que coordina con Montserrat Alberte destaca “cómo una institución normalizadora semipública, con una producción menos abundante de lo que aparenta y mucho menos consistente y actualizada de lo que es exigible, puede haber llegado a ejercer una influencia social sostenida sobre los hablantes de español de ambos lados del Atlántico”. También ha puesto en duda la pertinencia de crear en 1993 una fundación para dotar de fondos la Academia, en la que ve una estrategia para que la RAE mantuviera “su preeminencia como organismo estandarizador oficial (...) sin necesidad de que se creara una institución de política lingüística estatal para el castellano, que podría haber despertado las suspicacias de los nacionalismos periféricos”.
La influencia de la RAE es manifiesta y se encarna, en gran parte, en la cara visible de la institución, los 46 académicos, que no siempre son los que hacen el trabajo principal, del que se encargan empleados de la institución (unos 80, con un salario medio de 39.000 euros, el del director es de 65.000). Los académicos se reúnen los jueves por la tarde en sesión de una hora, según los estatutos, que también establecen que su nombramiento salga en el BOE. No tienen salario, pero cobran dietas de 141 euros por día.
Son mayoritariamente hombres, ya que solo ocho puestos están ocupados por mujeres (la web aún mantiene a la fallecida Margarita Salas), siendo 1979 el año en el que entró la primera mujer académica, Carmen Conde. El pleno de la RAE incumple de largo la ley de paridad, aunque al tratarse de una institución privada no está obligada a observarla. El hecho de que los cargos sean vitalicios ralentiza la igualdad pero, aunque es cierto que en la última década se ha nombrado a más mujeres, desde 2009 las incorporaciones han sido mayoritariamente de académicos hombres (doce frente a seis mujeres).
Estos académicos forman el pleno, que debate sobre asuntos de la institución y propone nuevas palabras. El recorrido para que llegue al Diccionario y esa palabra sea normativa es complejo, como explican fuentes de la propia institución: tras la propuesta, se consulta el “corpus de la academia, si la palabra se usa” en compilaciones de “millones de formas”, se buscan ejemplos en literatura o periódicos y se pasa la documentación a “alguna de las seis comisiones de trabajo integradas por académicos”. Luego se envía la propuesta a las otras academias de lengua española para que se acuerden o no modificaciones. Después de todo eso, la palabra vuelve al pleno y si ha pasado todos los filtros y hay un veredicto positivo, se incluye en el Diccionario. Y así viene siendo desde hace siglos.
¿No se limita demasiado la Academia a labores de normativa, incorporación de palabras y reedición del Diccionario mientras la lengua avanza y tiene retos tecnológicos? El director explica que la institución usa herramientas digitales punteras y reivindica el servicio que se da con el diccionario online: “¿Quién puede decir con seriedad que no estamos metidos hasta el fondo en el universo digital? Nunca en toda su historia nuestro Diccionario ha sido más útil para más personas de todo el mundo: recibe sesenta millones de visitas al mes. En la mejor época de la edición impresa del Diccionario llegaba a venderse una cifra próxima al millón de ejemplares en 12 años. De manera que nada más lejano a la realidad que afirmar que es un producto que ha dejado de interesar”.