El círculo vicioso de la exclusión social empieza y acaba en la pobreza, pero pasa indefectiblemente por la educación. Y, habitualmente, con más problemas que soluciones. El joven medio en riesgo de exclusión de 16 años es un varón que ha repetido curso alguna vez, probablemente más de un año, que no tiene beca, ha nacido en España, vive en un núcleo urbano mediano y ha cambiado de centro de estudios y de domicilio en alguna ocasión. Menos de uno de cada cien conseguirá llegar a la Universidad.
Este es el perfil del joven en riesgo de exclusión obtenido por Jóvenes e Inclusión Social a partir de un estudio entre los niños y niñas de 16 años con los que trabaja esta ONG (que agrupa a diez asociaciones de diez comunidades autónomas de toda España), que se ha presentado este jueves en Madrid. “Ocho de cada diez de estos jóvenes continuarán toda su vida en la pobreza”, ha alertado Carlos Rosón, presidente de la asociación. “No podemos seguir obviando que los resultados educativos tienen mucho que ver con la desigualdad. Cuanto mayores son los niveles de desigualdad, peores son los resultados académicos, condenando a nuestros jóvenes a un ciclo de exclusión”, ha explicado Rosón, que ha denunciado la situación de este colectivo a partir de una estadística “demoledora”.
En concreto, el 92,4% de los jóvenes –que con 16 años deberían estar en 1º de Bachillerato o en un ciclo de FP de Grado Medio– ha repetido algún curso, estadística que en la población general es del 28,7%. Dicho de otro modo, apenas siete de cada cien de ellos está en el curso que le correspondería. Además, uno de cada seis no ha terminado la Primaria (que se acaba con 12 años en teoría).
Se da la paradoja, denuncia Jóvenes e Inclusión, de que este colectivo especialmente vulnerable no disfruta habitualmente de becas al estudio. El 76,9% de ellos no recibe ninguna ayuda frente al restante 23,1% que sí. “Se conceden generalmente por motivos académicos [además de los criterios de renta] y con la repetición de curso se pierde el acceso”, ha explicado Lidia González, vicepresidenta de Jóvenes e Inclusión.
Desde la ONG recuerdan cómo se retroalimenta el círculo de la exclusión social. “Estos jóvenes van hacia el abandono educativo. Pasarán a buscar empleos no cualificados, y según el Observatorio Social de La Caixa el fracaso escolar determina una tasa de ocupación del 60% (frente al 90% de las personas que han finalizado los estudios medios o superiores). Además, estos empleos menos cualificados tienen más temporalidad y están peor remunerados, por lo que este escenario de baja formación dibuja para los jóvenes en riesgo de exclusión un futuro complicado (...) para invertir el camino hacia la exclusión. La pobreza y la exclusión son prácticamente hereditarias”, sostiene la ONG. Su presidente ha recordado este jueves que la OCDE calcula que una familia con pocos recursos tarda cuatro generaciones en salir de la pobreza.
La ONG alerta de que el número de jóvenes en riesgo de exclusión social está creciendo. Lo que en 2019 afectaba al 27% de la población infantil y adolescente un año después ha subido hasta el 30,3%, según el informe AROPE sobre el estado de la pobreza en España que está a punto de publicarse.
Y esa estadística general, esos porcentajes ya “inaceptables”, según Jóvenes e Inclusión, empeora cuando se desglosa el colectivo en riesgo de exclusión en grupos poblacionales. “Cuando hablamos de jóvenes en riesgo de exclusión con familia, influye que el capital cultural de esa familia, su capacidad de ayudar con los deberes, por ejemplo, está disminuido. También su capital social, esa red que te puede ayudar en momentos determinados”, explica Rosón. “Pues si hablamos de jóvenes tutelados, ni siquiera tienen esa familia, aunque sea con capacidades disminuidas. Los migrantes vendrían a ser un tercer escalón, porque a las limitaciones de otros colectivos unen también no tener familia o, quizá, no hablar el idioma. Es una situación más dura y son los colectivos en los que se producen con más asiduidad los cambios de centro y de domicilio, dos factores que influyen mucho en los resultados”, sostiene.
La estadística no engaña. Si, dentro de los jóvenes más desfavorecidos se mira únicamente a los menores no acompañados –uno de cada siete jóvenes en riesgo de exclusión y mayoritariamente varones– todos ellos han repetido, según los datos de esta asociación. Ni uno solo de los casi 5.000 jóvenes con los que trabaja la ONG tiene una beca y tampoco acude a un colegio concertado, pese a que en teoría deberían acoger alumnado en las mismas condiciones que los públicos.
Con las jóvenes tuteladas pasa lo mismo. Estas chicas (seis de cada diez menores tuteladas son mujeres), que a la situación de pobreza unen la desestructuración familiar, suponen un 28,7% de las personas menores en riesgo de exclusión. Son mayoritariamente de origen español y más de nueve de cada diez ha repetido curso. El cambio de centro de estudios (72,9%) y de domicilio (64,9%) son habituales entre ellas.
El informe de Jóvenes e Inclusión se centra en los jóvenes de 16 años, pero no se queda ahí. Las asociaciones que forman la ONG (Inserta Andalucía, de Andalucía; FAIM, de Aragón; Identidad para ellos y ellas, de Asturias; Asociación Hestia, de Canarias; Asociación Vasija, de Castilla-La Mancha; ASECAL, de Castilla y León; Associació Educativa Itaca, de Cataluña; Igaxes, de Galicia; la Fundació Natzaret, de Baleares; la Fundación Pioneros, de La Rioja; y Redes Cooperativa, de Madrid) también han evaluado la situación laboral de algunas de las personas con las que han trabajado en los últimos años. Y la perspectiva es “poco alentadora”, explican.
El pasado año, especialmente complicado por la pandemia, los servicios de inserción laboral de las asociaciones duplicaron el número de personas a las que atendieron, y aún así consiguieron colocar a la mitad que el año anterior. Las 1.131 personas que encontraron un empleo en 2019 fueron 1.023 en 2020, con una duración media de 2meses y 25 días. “La realidad laboral es que durante el año de pandemia la destrucción de empleo fue del 3,1% y se disparó en sectores como la hostelería, el comercio o el turismo, que tradicionalmente ofrecen salidas a muchas personas sin estudios”, explica el informe sobre la caída en la inserción laboral.
“Necesitamos recuperar la posibilidad de salir de una situación que perpetúa la pobreza y la exclusión generación tras generación y, para eso, nuestra gran herramienta se relaciona con el sistema educativo: la necesidad urgente de dotar al sistema educativo de las herramientas básicas que le permitan ofrecer a cada alumno/a lo que necesita para que las dificultades personales no se conviertan un una mochila imposible de cargar”, concluyen desde Jóvenes e Inclusión. La ONG pide para ello un aumento de los programas basados en equidad para jóvenes y adolescentes, una revisión de los criterios para la concesión de becas y autonomía de los centros para promover y llevar a cabo experiencias de innovación.
“Si se comparan los indicadores [entre los jóvenes en riesgo de exclusión y la población general], desde el acceso a la educación hasta el acceso al trabajo, entendemos que se está dejando atrás a estos niños, y tienen los mismos derechos que todos los demás”, cierra Rosón.
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