La Asociación de Familiares y Amigos de Personas desaparecidas (Asfadec) y la Fundación Regional en Derechos Humanos (Inredh) rechazaron este miércoles un veto parcial a un proyecto de ley por considerar que disminuye las responsabilidades del Estado en el proceso de búsqueda de desaparecidos.
En una rueda de prensa en las afueras de la Asamblea Nacional, expresaron su preocupación al veto presidencial a la Ley Orgánica para la Actuación Integral de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
En pasado 22 de noviembre, el jefe de Estado, Lenín Moreno, emitió un veto parcial con cuarenta objeciones al proyecto de ley compuesto por 64 artículos y cuatro capítulos.
“Nosotros, a diferencia de la función Legislativa, de la comisión especializada, creemos que sí hay unos cambios que son importantes y que incluso podrían ir en detrimento de las víctimas indirectas, sobre todo de los familiares”, explicó a Efe Pamela Chiriboga, asesora legal de Inredh.
Según las organizaciones, el veto modifica la ley “al punto de restar significativamente las responsabilidades del Estado, disminuir la protección a los familiares bajo criterios subjetivos dentro del proceso de búsqueda de personas desaparecidas, dejar en impunidad los actos de los servidores públicos, entre otros”.
En la rueda de prensa participaron también familiares de personas desaparecidas como Lilia Acosta, cuyo hijo cumplió este diciembre diez meses de desaparecido.
“Ecuador es tan grande. He recorrido provincias, he recorrido ciudades y no lo podemos encontrar. No es posible que con esta ley que se aprobó, con los asambleístas, 112 votos, quieran cambiar o aminorar los organismos que se dedican a estas situaciones”, reclamó Acosta.
Néstor Salazar familiar de otro desaparecido expresó su descontento por el veto parcial y anotó que pensaron que “el presidente de la república iba a ser más sensible frente a esta necesidad que tenemos los familiares de personas desaparecidas en el Ecuador”.
Reclamó también que -en su opinión- les han “quitado todas las posibilidades” de “reivindicar la memoria” de sus seres queridos.
Emilio Campoverde, asambleísta y padre de una joven desaparecida desde 2012 se solidarizó con los presentes en la rueda de prensa, pero consideró que no están bien informados pues el sistema nacional de desaparecidos y personas extraviadas “no ha cambiado en su estructura”, como lo denunciaron hoy.
“La comisión ha hecho un trabajo de análisis y hemos resuelto allanarnos en la mayoría del veto presidencial, pero no estamos quitando competencia a la ley”, señaló Campoverde antes de agregar que invitaron a los representantes de las organizaciones a dar aportes, pero “no llego nada”.
La Asfedec solicitó este miércoles a los asambleístas que en la sesión de mañana se ratifiquen en la propuesta aprobada en el pleno del Parlamento el pasado 23 de octubre.
“La construcción colectiva de esta ley entre actores de la sociedad civil, víctimas indirecta y Estado permitirán garantizar de forma eficaz el derecho la verdad, justicia y reaparición”, indicó.
Caso contrario -agregó- “se sigue invisibilizando el rol fundamental de los familiares en la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas en Ecuador”.
De acuerdo a la Asfedec en Ecuador hay 1.359 casos de desaparecidos en investigación, el 45,4 por ciento de ellos se concentran en las provincias andina de Pichincha y la costera del Guayas.