Suprimir la libre interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación o eliminar la indicación por malformación fetal son algunos de los cambios que ha ido avanzando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que muy probablemente abordará la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno. De aprobarse finalmente una legislación en estas condiciones, España se situaría a la cola de Europa en materia de derechos sexuales y reproductivos y de acceso al aborto, solo por delante de Polonia, Irlanda, o Malta, único país europeo en el que el aborto está prohibido en cualquier supuesto.
La gran mayoría de países europeos tiene legislaciones que combinan plazos con indicaciones. La más amplia es Holanda, que garantiza el aborto libre dentro de las primeras 24 semanas de gestación, y luego los plazos varían entre las 10 semanas de Portugal, los 90 días de Italia, las 12 semanas de Alemania, Francia, Grecia, Bélgica o Bulgaria, las 14 de Rumanía, o las 18 de Suecia, que despenalizó el aborto en 1938 en ciertos supuestos y aprobó la ley de plazos en 1975.
En Finlandia existe una legislación de indicaciones que permite el aborto hasta las 12 semanas para salvar la vida de la mujer, preservar su salud mental o por razones económicas o sociales o en caso de violación o incesto. En la práctica, equivale a una ley de plazos, al no existir negativas a las mujeres que solicitan la interrupción dentro de este plazo, como señalan desde la Federación Internacional de Planificación Familiar. En Reino Unido -menos en Irlanda del Norte, permitido solo cuando hay grave riesgo para la mujer o malformaciones fetales- la ley permite el aborto dentro de las primeras 24 semanas por razones de salud, sociales y económicas.
Todos estos países establecen una serie de indicaciones más allá de los plazos especificados, ya sea por malformaciones fetales, diagnóstico de enfermedad particularmente grave, o serio riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. Muchos de estos supuestos son los que contempla la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entró en vigor en 2010.
Los estados europeos con leyes más restrictivas son Malta, Irlanda y Polonia. En el primero está prohibido en cualquier circunstancia. En el segundo, una sentencia de 1992 del Tribunal Supremo permitió el aborto cuando existiera un grave riesgo de suicidio en la mujer embarazada, pero en la práctica las interrupciones voluntarias del embarazo en Irlanda son casi inexistentes, a pesar de que cerca de 4.500 irlandesas abortaron en 2010 en Reino Unido, según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad del país vecino. El pasado martes, el Gobierno irlandés aprobó el borrador de una nueva legislación que permitiría el aborto cuando dos médicos certifiquen que la única manera de salvar la vida de la mujer es practicando la intervención y cuando un ginecólogo o un obstetra y dos psicólogos certifiquen que existe un riesgo de suicidio.
Estos cambios legislativos llegan tras una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de claridad en la legislación irlandesa y, sobre todo, a raíz del caso de Savita Halappanavar, una mujer embarazada de 17 semanas que murió el pasado diciembre de septicemia después de que le negaran realizarle un aborto. El borrador de la nueva ley también incluye una rebaja de las penas de cárcel tanto para el profesional que realiza la intervención prohibida en la ley como para la mujer: de la cadena perpetua actual se rebaja la condena a los 14 años de cárcel.
En Polonia solo está permitida la interrupción voluntaria del embarazo en caso de anomalías fetales, riesgo extremadamente grave para la salud de la madre y violación. Pero en la práctica, según denuncian desde la Federación de Planificación Familiar polaca, las mujeres tienen serias dificultades para abortar. En 2009, el Gobierno registró apenas 538 abortos legales. En la organización calculan que se producen entre 80.000 y 200.000 interrupciones fuera de la ley cada año, y que muchas mujeres viajan a Alemania o República Checa para poder abortar. Polonia tiene también dos condenas de la Corte de Estrasburgo por dificultar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Hace dos años, una iniciativa ciudadana que reclamaba “la protección de la vida humana desde el momento de la concepción”, y que en la práctica prohibiría todos los abortos, llegó al Parlamento pero finalmente no se convirtió en ley.
En Estados Unidos, donde una sentencia del Tribunal Supremo de 1973 garantiza el derecho al aborto durante el primer trimestre, fallos posteriores han permitido que los estados aprueben regulaciones propias al respecto. Algunas de ellas son muy restrictivas, como la aprobada el pasado marzo en Dakota del Norte, que prohíbe el aborto en cuanto se detecta el latido del feto, que puede ser en torno a las seis semanas. Las mujeres no irán a la cárcel, pero los médicos que realicen las interrupciones pueden enfrentarse hasta a cinco años de cárcel.
La semana pasada, el presidente de EEUU, Barack Obama, criticó duramente estás leyes restrictivas durante un discurso ante la conferencia anual de la Federación de Planificación Familiar Americana, el primero de un presidente en activo ante la organización. “Después de décadas de progreso hay quienes quieren hacer retroceder el reloj a políticas más adecuadas a la década de 1950 que del siglo XXI”, señaló, para defender a continuación el derecho de las mujeres a decidir: “Después de que el Tribunal Supremo declarara constitucional vuestro derecho a decidir, no deberíamos recordar a la gente que cuando se trata de la salud de las mujeres, ningún político debería decidir qué es lo mejor para vosotras”.
La zona de América Latina y el Caribe tiene la tasa mundial más elevada de abortos inseguros (31 por cada 1.000 mujeres), seguido de cerca por el continente africano (28), según los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, que concluye que donde las leyes son más restrictivas, las tasas de interrupciones inseguras son más altas. En Latinoamérica solo Cuba, Guayana, México DF, y muy recientemente Uruguay, tienen legislaciones que permiten el aborto libre dentro de un número determinado de semanas de gestación, que varía entre las 12 y 14.
En Colombia existe desde 2006 una legislación de supuestos que permite el aborto en caso de que corra peligro la vida o salud de la mujer, de que exista malformación fetal incompatible con la vida y cuando el embarazo es fruto de una violación o abuso. En Brasil o Argentina sólo es posible en caso de violación y de peligro para la vida de la gestante. Y en Chile, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador está prohibido en cualquier caso. En este último país, una mujer de 22 años, embarazada de 20 semanas, y cuya vida corre serio peligro si sigue adelante con el embarazo, espera el fallo del Tribunal Constitucional para poder abortar.