Laboratorios y médicos se mezclan en el comité de la hepatitis C

Todos los focos están sobre ellos. Son los cinco miembros del comité de expertos nacionales que el Ministerio de Sanidad ha nombrado para decidir cómo aplicar los fármacos de última generación contra la hepatitis C, y que deben resolver con criterios sanitarios la polémica que se ha generado sobre la aplicación selectiva de los nuevos tratamientos a los enfermos según su gravedad.

Aunque desde dentro de este grupo se reitera que se realiza un “trabajo científico” basado en “criterios médicos”, los nombres de los 'sabios' de este órgano aparecen de manera habitual junto al de los laboratorios que están detrás de estos innovadores (y caros) fármacos: Gilead, Janssen, AbbVie... y otros grandes de la industria farmacéutica. Esto ha generado suspicacias en algunas plataformas de afectados, y colectivos en defensa de la sanidad pública han planteado dudas sobre posibles conflictos de intereses de estos profesionales.

El presidente del comité es el doctor Joan Rodés. Rodés pertenece a la fundación Pfizer, uno de los laboratorios más grandes del mundo. Esta compañía también entró en la carrera por sacar al mercado curas revolucionarias contra el virus de la hepatitis C, pero el laboratorio decidió retirar su filibuvir en 2013 cuando estaba a la mitad de la investigación. En esa misma fundación aparece otro de los expertos nombrados por Sanidad: Alfonso Moreno.

En este quinteto, la persona con más vínculos con los productores de estos carísimos productos es la jefa del servicio de Medicina Interna del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, María Buti. Esta doctora fue elegida hace poco más de un mes para coordinar unas jornadas sobre Actualización en el manejo de las hepatitis virales crónicas preparadas por el laboratorio Gilead. Se celebraron el 13 de diciembre de 2014 en la ciudad catalana.

Esa elección parece natural viendo el currículo de la doctora. Esta especialista ha recibido honorarios de Gilead, de Janssen –el laboratorio que ha patentado el simeprevir que comercializa como Olysio–, de MSD y de Vertex, según informaba en mayo de 2014 la organización del 15º Taller Internacional de Farmacología Clínica del VIH y la terapia de la hepatitis celebrado en Washington (EEUU).

Unos meses más tarde, en septiembre, Buti participó en un encuentro llamado Hepatología en El Cairo II. Estaban financiadas por Gilead (que aseguraba “no haber intervenido en el contenido usado durante estas sesiones”). Respecto a la doctora española, la organización aclaraba que ha recibido financiación para investigación de Gilead, ingresos como consultora por parte de este laboratorio además de Roche o Novartis y haber estado en paneles de conferenciantes patrocinados por diferentes compañías farmacéuticas.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha cuestionado la independencia del comité por “conflictos de intereses”. Y pide que sean “organismos públicos de evaluación de tecnologías” los que realicen un informe. Lo que ocurre es que tanto la investigación biomédica en España como los centros de investigación públicos, como el Instituto de Salud Carlos III, están cada vez más unidos –y necesitados– del dinero que aportan los laboratorios.

Sin ir más lejos, uno de los miembros del comité que apenas lleva trabajando tres días, Javier Crespo, aparece en no menos de ocho ensayos clínicos relacionados con la hepatitis C y que implican a estos y otros laboratorios: desde Gilead a Janssen pasando por Boehringer Ingelheim (el laboratorio alemán que en junio del año pasado se retiró de la pugna por los antivirales de la hepatitis y paralizó la marcha de su faldaprevir). Estos ensayos están publicitados. “Es normal que los laboratorios que desarrollan los fármacos colaboren con médicos”, dice un doctor que prefiere no revelar su nombre.

La mezcla va en aumento. Tras la llegada del actual director del Instituto Carlos III, Antonio Andreu, este centro público se estrenó como colaborador de Gilead para asignar 600.000 euros a proyectos de investigación para el VIH y la hepatitis C. Andreu, que comenzó a colaborar con el instituto en 2002, también está en el comité de expertos.

En su momento, Joan Rodés, que coincide ahora con Andreu en el grupo que redacta el plan estratégico para la hepatitis, valoró de esta manera el acuerdo: “El partner privado ha tomado una decisión sabia. Nos tenemos que congratular que en España se hagan cosas así de bien hechas. Quiero dar las gracias a Gilead por su generosidad, por su visión de futuro y porque los investigadores seleccionados puedan desarrollar su trabajo con mayor tranquilidad de espíritu”.

Gasto en I+D+I

La industria farmacéutica en España es el sector que más dinero gasta en I+D+I: 996 millones en 2013 (el 20% del total industrial). El gasto público ronda el 1,2% del PIB: 12.000 millones. Pero el caso es que es fácil hallar a corporaciones farmacéuticas ligadas a la investigación y docencia médicas. La misma Pfizer pone imagen a una cátedra de investigación sobre psoriasis en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta institución creó en 2014 una cátedra Johnson & Johnson (la matriz de Janssen) sobre suturas y cicatrización.

El flujo de dinero y la interacción entre laboratorios farmacéuticos y médicos son un asunto polémico y que reclama esfuerzos de trasparencia. Tanto es así que el año pasado EEUU empezó a hacer públicos los pagos que las empresas que colaboran con la sanidad pública hacen a los médicos de acuerdo con una ley denominada de transparencia sobre pagos a doctores.

El portal de periodismo de investigación Propublica acumula una base de datos que cruza empresas y profesionales. Lleva contabilizados 4.000 millones de dólares abonados por 17 laboratorios en categorías como conferencias, viajes, estancias, regalos o consultoría.

La capacidad profesional de los escogidos por el ministro Alfonso Alonso está acreditada. Lo que ha llamado la atención es su relación con productores de medicinas. La ADSP contrapone una propuesta: “Que los profesionales más prestigiosos de los servicios públicos de salud de las diversas comunidades autónomas sean los componentes de la comisión”, aunque eso tampoco aseguraría que no hubieran compartido cartel con algún laboratorio.