Una factura de 4.400 millones de euros al año para intentar restañar en España los daños de la violencia sexual sobre niños y niñas. Es lo que ha calculado la organización Educo junto a la Universidad Pontificia Comillas que cuesta anualmente atender estos casos –los conocidos oficialmente y los ocultos–.
En España uno de cada seis niños, niñas o adolescentes sufrirá algún tipo de violencia sexual antes de llegar a la mayoría de edad, destaca el trabajo de Educo, que trata de calcular los impactos evidentes y los no perceptibles que puede tener este tipo de violencia en la economía española.
La cifra total sale de sumar los 1.200 millones de los costes asociados a los datos oficiales —es decir, los derivados tanto de los casos denunciados como de la prevalencia de esta violencia en la población y que son “la punta del iceberg”– y la cifra estimada para los daños más allá de esa punta del iceberg: alrededor de 3.000 millones de euros más, según las autoras del estudio.
“La finalidad es que se entienda que hay que cambiar el paradigma y comenzar a fomentar la prevención: no nos centremos únicamente en la reparación, que es muy necesaria, sino que pongamos esfuerzos en prevenir y en evitar que ocurran estos casos”, explica Macarena Céspedes, directora de investigación e incidencia de Educo.
¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia es el nombre de este estudio, que analiza los impactos físicos, psicológicos y sociales derivados este tipo de agresiones a niños y niñas, así como el coste en las personas afectadas y en toda la sociedad.
El análisis diferencia entre los casos que conllevan un gasto efectivo en la administración pública y los que no. Por ejemplo: si una niña o niño indica que está siendo víctima de violencia sexual, se inician toda una serie de procedimientos que implican ciertas pruebas sanitarias, aperturas de procesos judiciales, o costes penitenciarios (en el caso de que haya una condena al agresor), etc.
Además de los casos detectados, también existen y son la “gran mayoría”, insisten en la organización, los casos no detectados que igualmente acaban causando gastos en la administración pública. Por ejemplo, el de un niño que no ha relatado ni, por tanto, denunciado el abuso, pero que sí ha perdido un curso escolar por este motivo: implica pérdidas por retrasarse ese curso o puede que padezca una depresión y necesite tratamiento.
Estos gastos se calculan a partir de la prevalencia de la violencia sobre los menores (alrededor del 17,24% de los españoles sufrirá algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años). En 2023 sólo fueron detectados 9.185 casos de los 77.407 estimados.
Daño social
“Por otro lado hemos intentado acercarnos a otra serie de costes —que llamamos no incurridos— que son difícilmente medibles. Es decir, daños que no tienen un gasto concreto asociado y que es difícil ponerles un precio específico porque reflejan el impacto que tiene en la sociedad que existan niños y niñas víctimas de violencia sexual”, cuenta Laura Barroso, investigadora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas.
Este tipo de gastos son, por ejemplo, la pérdida de oportunidades de las personas que sufrieron violencia sexual durante su infancia, el absentismo laboral, cierta destrucción de la riqueza, la posible dificultad que pueda tener esa persona en un futuro para relacionarse socialmente...
“Son toda una serie de daños que no pueden valorarse en términos monetarios de una manera sencilla pero que sí que tienen una traducción en la economía de nuestro país en la medida en que contar con un importante porcentaje de víctimas de violencia sexual durante la infancia termina suponiendo un daño social en el largo plazo”, afirma la investigadora.
Más prevención
En la parte más cuantificable, el estudio afirma que 437millones son gastos incurridos por casos detectados, y 838 millones corresponden a gastos de casos no denunciados, pero con repercusión económica directa. Si a estos resultados se suma la cifra de los “no incurridos” –ese impacto más difícilmente medible pero que está ahí–, la violencia sexual hacia la infancia tiene un elevado coste económico de 4.450 mil millones de euros. Es decir, el 0,31% del PIB.
Educo y la Universidad Pontificia Comillas buscan que estos datos sirvan como impulso para, por fin, desplegar de forma urgente todos los recursos para que ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (la LOPIVI), aprobada en 2021, sea efectiva.
Céspedes incide en que “si se detectase con rapidez este tipo de violencia podríamos frenarla, atender a ese niño o niña psicológicamente cuanto antes y por tanto reducir el impacto emocional que podría sufrir en el futuro. También podríamos evitar enfermedades derivadas de esa violencia (desórdenes alimenticios, ansiedad, depresiones) o conseguir que ese niño o niña no se desapegue completamente del sistema educativo”.
Aunque las autoras reconocen avances, aseguran que se requiere “un esfuerzo presupuestario grande” que “seguro que será rentable tanto en términos monetarios —ahora que conocemos mejor los costes— como en la mejora del bienestar y el desarrollo de la sociedad”. “Más que un gasto, se tratará de una inversión con un retorno claro que beneficiará a todo el territorio”.