Roma reactiva el caso de los Romanones. Tras el cierre de su fase de instrucción, el caso de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de Granada continúa su curso en la Santa Sede. Así, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha relanzado la causa canónica contra los presuntos pederastas denunciados por “Daniel”, diez sacerdotes y dos laicos. Aunque para la Justicia civil sólo podrá ser juzgado el padre Román, al haber prescrito el resto de delitos, dichas penas son mayores en el ámbito canónico, dado que los abusos no prescriben hasta 20 años después. Junto al destino de los curas, Roma también decidirá el futuro del arzobispo de Granada, Javier Martínez, quien podría ser enviado al Vaticano como secretario de la Congregación de las Iglesias Orientales.
Durante varios meses, el caso se había mantenido latente en Roma, después de que la Santa Sede exigiera a Martínez entregar la documentación que, hasta en nueve ocasiones, le había solicitado. Debió emitir tres advertencias de sanción y la la Policía Judicial tuvo que presentarse en la sede del Arzobispado. Ahora, tras el cierre del sumario, Doctrina de la Fe recupera la iniciativa y continuará el proceso canónico, al que no afectan las prescripciones dictadas por el juez Antonio Moreno.
Así, mientras en el ámbito civil sólo se juzgará al padre Román no ocurre lo propio para la justicia católica. La normativa canónica ofrece un plazo de hasta 20 años de prescripción de los delitos desde el momento en que el joven formuló su denuncia, después de que el mismísimo Papa Francisco le pidiera perdón en nombre de la Iglesia y le animase a llevar el caso ante los tribunales.
Todos los curas podrían ser sancionados
Esto supone que los nueve sacerdotes –amén de Román– que no irán a juicio en Granada sí podrán hacerlo ante las autoridades vaticanas. Hay que recordar que siete de ellos, aún hoy, continúan ejerciendo como tales en sus respectivas parroquias, sin que el arzobispo de Granada les haya relevado de sus cargos.
El protocolo de Roma obligó a que fuera el propio Javier Martínez quien, el pasado mes de diciembre hiciera llegar al juez una carta en la que le informaba que, tras la conclusión de la fase de instrucción, “lo comunicamos a la instancia correspondiente de la Santa Sede, a los efectos que la misma considera procedentes”, tal y como informa en su número de esta semana la revista Vida Nueva.
La actuación de la Santa Sede también afecta al propio arzobispo, quien ha sido declarado, como titular de la diócesis, responsable civil subsidiario del caso de abusos, y no se descarta que tenga que acudir a declarar en el juicio, cuyas fechas se conocerán próximamente. Todo parece indicar que, una vez concluida la fase de instrucción, Roma moverá las piezas.
Para Javier Martínez se baraja un destino al Vaticano como secretario de la Congregación para las Iglesias Orientales, mientras que los siete sacerdotes que aún hoy ejercen como tales puedan ser suspendidos en sus funciones. Los diez clérigos, sin duda, serán objeto de juicio canónico, con penas que pueden llegar a la expulsión del estado clerical.