La ruleta territorial de la pobreza infantil
Durante los años de la crisis la inversión en infancia del País Vasco, Valencia y Castilla y León fue el doble que la de Cantabria y entre un 30% y un 50% más alta que la de Cataluña, La Rioja o Madrid. Esta comunidad lidera junto con Murcia y Canarias la caída del esfuerzo presupuestario, multiplicando los recortes en servicios educativos y sanitarios esenciales para los niños. La crisis se ha traducido en diferencias graves en materia de bienestar y protección de la infancia en las diferentes comunidades autónomas, vulnerando derechos que condicionarán a los menores de por vida.
Estos argumentos son el resultado del segundo análisis realizado por la Fundación porCausa a partir los datos del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) y el Comité Español de UNICEF. El detalle de las inversiones muestra un panorama en el que las comunidades más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid) concentran las partidas más voluminosas.
Pero un análisis de la inversión realizada por cada niño permite medir el esfuerzo relativo real de las diferentes administraciones autonómicas. En este indicador el País Vasco, Castilla y León y Asturias aparecen de manera repetida en los tres primeros puestos de las mediciones realizadas en 2007, 2010 y 2013. En el furgón de cola se sitúan Murcia, Madrid y Baleares (los datos para el caso de Navarra son anómalos, como reconocen los autores del estudio), con niveles de inversión por niño hasta cuatro veces más bajos con respecto a las CCAA más generosas.
En todos los casos –salvo los de Canarias y Madrid, donde el descenso de la inversión es constante desde 2007– la trayectoria de los últimos años sigue la misma pauta: una expansión de la inversión en infancia durante la primera fase la crisis (2007-2010) y una caída sustancial en el período marcado por las políticas de austeridad y la presión de otros factores como el servicio de la deuda (2010-2013). Las variaciones son particularmente intensas en las partidas de “Bienestar”, que incluyen los programas de protección a la infancia y la familia.
El color político no es decisivo
Aunque el panorama ideológico de los gobiernos autonómicos se transformó durante estos años –el Partido Popular pasó a controlar 12 comunidades, por dos del PSOE y tres en manos de otros partidos–, el color político no parece haber determinado las decisiones de los gobiernos. Es cierto que las dos comunidades socialistas (Asturias y Andalucía) han frenado la intensidad de los recortes, pero en la cola y la cabecera del pelotón se encuentran gobiernos muy diversos. El PP ha gobernado durante todo el período de análisis en Castilla y León, La Rioja y Madrid, con comportamientos muy diferentes en cada uno de los tres casos.
¿Por qué se producen entonces estas variaciones? La respuesta es, en parte, una combinación de margen de maniobra y voluntad política. Como han recordado expertos en financiación autonómica consultados por porCausa, el “cupo” financiero que disfrutan las comunidades vasca y navarra les permite dedicar más recursos que otras a las políticas sociales, algo que han hecho de manera sistemática durante tres décadas. Pero nadie les ha obligado a ello.
La extensión y la profundidad de las medidas destinadas a la infancia dependen de la voluntad de los gobiernos que deben introducirlas y mantenerlas. La mayor parte de las regiones destinan alrededor de un cuarto de sus presupuestos a la inversión en infancia, pero con diferencias notables: en alguno de los años el peso de la infancia en el presupuesto total del País Vasco, Valencia o Castilla y León casi llegaba a doblar el de Cantabria y superaba con mucho los de Murcia, Cataluña o Madrid.
Tampoco la gravedad del problema parece haber sido un determinante del gasto. Como cabría esperar, la intensidad de la pobreza infantil es inversamente proporcional a los recursos empleados para combatirla. En algunas comunidades autónomas, la alta vulnerabilidad de la población infantil a la pobreza coincide con niveles de inversión más bajos. Pero también es posible observar situaciones en las que esfuerzos similares de gasto reflejan niveles de pobreza muy diferentes: Andalucía y Cataluña, por ejemplo, gastaban en 2013 entre 950 y 1.000 euros por niño, pero en el primer caso la magnitud de la pobreza infantil prácticamente doblaba la del segundo. La explicación hay que buscarla en factores indirectamente ligados al bienestar de los niños, como la empleabilidad de los padres: no es lo mismo carecer de beca de libros de texto cuando tus padres pueden permitirse comprarlos.
Finalmente, está el factor individual. Pau Marí-Klose –profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza y una referencia nacional en este campo– concede una gran importancia a “inercias institucionales y factores personales” difíciles de explicar. En su opinión, la experiencia de Cataluña durante el gobierno del “tripartito” demuestra que la determinación de un puñado de cargos públicos puede introducir medidas que apuntalan el bienestar de los niños. Con suerte, estas medidas quedan establecidas en la práctica habitual de esa comunidad autónoma, aunque ese no fue el caso de Cataluña.
Para la elaboración de este reportaje porCausa se ha puesto en contacto con siete comunidades autónomas tratando de buscar una explicación a las decisiones de gasto en infancia. Ninguna de ellas ha sido capaz de ofrecerla. Tampoco han podido dar más detalles sobre una información presupuestaria incompleta y confusa, como reconocen los autores del informe de UNICEF.
Sin embargo, el hecho de que no podamos contestar a esta pregunta no la hace menos relevante. Las diferencias en la inversión pública tienen consecuencias tangibles para la vida diaria de millones de niños y niñas en nuestro país. Un repaso a la situación de los servicios públicos en los territorios con niveles más bajos de inversión en infancia ofrece resultados inquietantes. Murcia, Canarias y Madrid, las comunidades en las que el gasto en infancia se redujo con más intensidad desde 2007, han recortado partidas esenciales en sanidad, educación y bienestar de los niños. Durante ese período la pobreza infantil ha crecido entre un 14 y un 16% en los tres territorios, donde uno de cada tres menores vive en la pobreza o en riesgo de exclusión.
De las becas de comedor a la sanidad
Los recortes han tocado la médula espinal del sistema de bienestar infantil, cerrando ambulatorios, recortando becas de comedor y eliminando programas de asistencia a los menores más vulnerables. De acuerdo con Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Murcia, la atención vespertina se cerró en varios centros de salud como el de San Javier, el tiempo de espera para operarse aumentó y el Hospital de Rosell se está desmantelando desde el pasado año. En una entrevista que realizamos a Jesús Rodríguez Caamaño, presidente de la Sociedad de Pediatría del Sudeste de España, este declaraba que la crisis ha disminuido el bienestar de los niños “de forma taxativa”. En su opinión, los recortes se han traducido en la reducción del personal especializado, la congelación del desarrollo de infraestructuras o la restricción de acceso a tratamientos esenciales como las vacunas contra la varicela y el meningococo B.
Canarias ha limitado los servicios que presta a la población infantil en riesgo de exclusión. Las evidencias puntuales se acumulan, como el cierre en 2012 del programa “Aula de Atención temprana”, que atendía desde 2005 a niños de 0 a 6 años con problemas de discapacidad, y que luego fue reabierta por la orden de San Juan de Dios. Pero existen razones para pensar que el daño es generalizado. La reducción en 2013 del 20% en jornada y salario de los profesionales educativos de niños de 0 a 3 años fue denunciada por el comité de empresa de la Consejería de Educación por sus “riesgos para la exclusión social” y el “desamparo de los menores”.
En el caso de Madrid, uno de los recortes más significativos ha sido el de las becas de comedor, que en el curso 2012-2013 fueron sustituidas por reducciones en la cuota del menú escolar. José Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado en la región nos aseguraba sobre el alcance de esta medida: “La consecuencia fue la desprotección alimentaria de miles de niños. Si en 2010 más 120.000 niños recibieron becas de comedor, en este curso desaparecieron estas ayudas y se ofreció a 62.000 niños una reducción en el pago del menú”. Para Pazos se trata de un “sistema ineficaz que perjudica a la población infantil que tiene menos recursos económicos”. Con este modelo, incluso las familias que perciben la Renta Mínima de Inserción deben pagar 1 euro diario del menú escolar.
Cada uno de estos casos ofrece información anecdótica que apunta en la misma dirección: la caída de la inversión en infancia vulnera derechos esenciales que determinan las oportunidades de por vida. En la medida en que las diferencias de gasto público entre las diferentes comunidades autónomas es tan marcada como describen los datos, España se enfrenta a un serio problema de desigualdad territorial. Pocos asuntos merecen mejor información de las instituciones y mayor atención por parte de unos partidos que ya están inmersos en plena campaña electoral.
Este reportaje ha sido posible gracias al impulso de los pioneros de porCausa
