El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) declara el “fin de la crisis sanitaria” por la COVID-19 en España. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este viernes por consenso que el uso de mascarillas en hospitales, centros de salud, farmacias y residencias pase a ser una recomendación y no una obligación. Para hacer efectiva la medida, esta debe pasar por el Consejo de Ministros.
El titular de Sanidad ya había indicado que se seguirían las indicaciones de los expertos. En concreto, José Miñones había confiado la decisión al informe del CCAES, presentado este viernes a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y donde todas las partes han acordado eliminar la obligación de llevar mascarillas en los centros socio-sanitarios. Al final de la reunión, el ministro ha explicado que “los expertos trasladan el fin de la crisis sanitaria y sustituir la norma que hasta ahora obligaba al uso de la mascarilla en determinados espacios para pasar al uso recomendado y de buenas prácticas”. En concreto, hasta el momento el cubrebocas seguía siendo obligatorio en centros socio-sanitarios, como hospitales, dentistas, clínicas de fisioterapia, farmacias, centros de salud y en las zonas comunes de las residencias de mayores, donde se exceptuaban las habitaciones, al considerarse la vivienda del residente.
“Hecha la consulta al Consejo Interterritorial y siendo secundada por todos los presentes, se trasladará la propuesta del fin de la crisis sanitaria y del resto de medidas para su toma en consideración”, ha explicado Miñones. El Consejo de Ministros ya había aprobado el fin de la mascarilla en el transporte público el pasado 7 de febrero y la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó a principios de mayo el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó entonces que “durante más de un año, la pandemia ha tenido una tendencia a la baja”. Son esos datos y esa evolución epidemiológica favorable en España lo que justifica la decisión del CCAES.
Precisamente, Miñones ha explicado que, desde la declaración de la OMS, a principios de mayo, no se había podido realizar ningún Consejo Interterritorial para adecuar la situación epidemiológica de España ni levantar la obligatoriedad de la mascarilla en los centros socio-sanitarios, por el periodo electoral que culminó el 28 de mayo. “No hemos querido dejar sin realizar este pleno tan importante porque en dos semanas empezaría un nuevo periodo electoral, agosto sería inhábil y hasta septiembre quedaría sin poderse llevar a cabo las decisiones tan importantes que hemos tomado en el día de hoy”, ha justificado.
Las comunidades autónomas también habían mostrado su predisposición a retirar la obligatoriedad en los centros socio-sanitarios. El consejero madrileño, Enrique Ruiz-Escudero, ahora en funciones, ha acusado al Ministerio de impulsar la medida con fines “puramente electoralistas” en un nuevo intento de confrontar con el Gobierno central a costa de la pandemia. El propio Ruiz-Escudero lleva pidiendo que se retire la obligación en los hospitales desde abril.
El Consejo Interterritorial de este viernes ha abordado también la transferencia de unos 700 millones de euros desde el ministerio a las comunidades autónomas. En concreto, según ha explicado Miñones, “más de 600 millones para la mejora de la atención primaria, a través del plan MINAP, así como para la salud mental”. Dos líneas, ha dicho el ministro, que son “estratégicas para este Gobierno”. Además, se destinarán otros tres millones de euros para la estrategia ante enfermedades raras y neurodegenerativas.
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