Eliminar a 6.000 recién nacidos del registro sanitario tiene repercusiones más allá de los vericuetos administrativos que ha aducido la Comunidad de Madrid para sacar a estos menores del sistema informático. El colectivo Yo Sí Sanidad Universal considera que esta medida del Gobierno de Ignacio González vulnera la normativa nacional e internacional de protección a la infancia.
“Contraviene la Convención de Derechos del Niño, los acuerdos firmados por la Unión Europea, por Naciones Unidas... En la legislación española vulnera la ley de 1986 de amparo a los menores, un reglamento que no puede ser desobedecido por normas de menor rango”, ha señalado este miércoles Nuria Amarilla, abogada y portavoz del colectivo.
Desde el pasado 13 de febrero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid borra del sistema informático sanitario a los niños mayores de 90 días que no tengan su asistencia regularizada. Además de la parte normativa, esta plataforma entiende que este proceder “repercute gravemente en la salud de los menores, rompe la continuidad asistencial en un momento tan determinante como es el primer año de vida”.
Juan Luis Ruiz-Giménez, médico y miembro de Yo Sí Sanidad Universal, ha explicado que este cambio de normativa impide que los recién nacidos afectados reciban seguimiento por parte del pediatra: “Supone el cierre de las historias a los 90 días. Si pasado este plazo estos niños requieren asistencia sanitaria en un hospital o centro de salud, los profesionales no podrán acceder a datos clínicos tan vitales como los relativos al desarrollo fetal, parto, analíticas, vacuna, etc.”
Por eso, han anunciado que van a llevar este tema a la Defensora del Pueblo y solicitan a la Consejería que “asigne una tarjeta sanitaria a todos los menores independientemente de su situación administrativa y la de sus padres” para garantizarles asistencia en todo momento.
Al considerar que la medida impide una cobertura sanitaria adecuada piden al gobierno regional que “paralice inmediatamente la aplicación de esta medida arbitraria”. Desde que entró en vigor se ha reducido en nueve meses el plazo por el que los recién nacidos pueden ser atendidos si no tienen su situación regularizada, hasta entonces se contaba con un año para poder gestionar toda la documentación. “El nuevo periodo es muy corto, desconocemos cuál es el motivo por el que un niño el día 91 no puede ir al médico”, ha indicado Ruiz-Giménez.
Los miembros del colectivo temen que con este nuevo cambio se genere miedo entre los padres que no tienen documentación. “Nos aterra que los progenitores no acudan al centro de salud por miedo a ser facturados. En todo caso eso sería ilegal”, ha señalado Ruiz Jiménez recordado que de acuerdo con el Real Decreto-ley 16/2012, que ha dejado sin sanidad a 870.000 personas, los menores de 18 años tienen la asistencia sanitaria garantizada en todo momento.
Los profesionales sanitarios vinculados a la plataforma protestan porque la Comunidad de Madrid no les ha explicado por qué se ha decidido reducir el plazo, ni les han aportado un registro de menores afectados: “El hecho de que no se haya facilitado a los Centros de Salud el listado identificativo de los menores 'borrados' dificulta, además, el seguimiento de la situación administrativa y/o clínica de dichos menores, amenazando la continuidad de su asistencia”.
Atención “independientemente de su situación administrativa”
La Consejería de Sanidad insiste en que la modificación se ha hecho a instancias de los profesionales sanitarios para tener los datos actualizados, sin embargo, los colectivos profesionales no apoyan la justificación de Sanidad. La Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria y la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha han emitido un comunicado conjunto en el que explican que a finales del 2014 solicitaron a la Comunidad de Madrid que desde el primer día de nacimiento todos los niños pudieran ser contabilizados en el sistema informático sanitario, “independientemente de su situación administrativa”.
Al contrario, consideran que la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid “podría ocasionar perjuicios a los menores cuyas familias tengan dificultades para obtener los documentos necesarios para la solicitud de la tarjeta sanitaria individual”. Además, señalan que la reducción de plazos “no resuelve el problema” y “supone una sobrecarga de trabajo a las unidades administrativas”. Por eso han vuelto a ponerse en contacto con la Consejería: “Hemos enviado una nueva carta conjunta a la para que encuentra una solución, y evite que un problema administrativo interfiera en la agilidad y calidad de la asistencia prestada a los recién nacidos en Atención Primaria”.