El Ministerio de Sanidad quiere completar el Plan de Respuesta Temprana en un Escenario de Control de la pandemia por COVID-19 que aprobó hace justo tres meses, el 16 de julio, con España casi recién estrenando la ‘nueva normalidad’. Será a través de una nueva Acción Coordinada con las comunidades, la misma fórmula que utilizaron para cerrar el ocio nocturno y prohibir fumar en la vía pública sin distancia. El documento lo tendrán que debatir esta tarde las comunidades en la Comisión de Salud, y lo deberán aprobar la semana que viene en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Con él, Sanidad quiere establecer umbrales de incidencia comunes a partir de los cuales las autonomías tendrán que tomar medidas concretas asociadas a cuatro escenarios, sobre limitación de reuniones, de aforos comerciales, el cierre de interiores de los bares, o, llegado el caso, restricción de la movilidad. El Plan de julio incluía niveles de alerta, pero sin indicadores numéricos concretos.
El borrador del nuevo documento, adelantado esta mañana por la Cadena SER y al que ha accedido elDiario.es, contempla cuatro escenarios: nivel de alerta 1, de riesgo bajo; nivel 2, de riesgo medio; nivel 3, de riesgo alto; y nivel 4, de riesgo extremo. Son en base a varios criterios. Por un lado, epidemiológicos: la incidencia acumulada los últimos 14 y 7 días –diferenciando entre si los afectados son población general o mayores de 65–, la positividad –el porcentaje de PCR que se realizan que dan positivo–; la trazabilidad –proporción de personas cuyo origen de la infección se conoce–. Por otro, asistenciales: porcentaje de camas de hospital convencionales y de UCI ocupadas. Para que un territorio esté en un escenario tiene que tener dos de los parámetros epidemiológicos y uno de los asistenciales en lo más alto de los indicadores asignados a ese escenario. Serían en ese caso extremo: 250 casos de incidencia acumulada los últimos 14 días, 15% de positividad y 10% de trazabilidad; 25% de camas convencionales, 20% de UCI.
Los escenarios llevan aparejados diversas medidas que se dejan por escrito. Entre otras muchas, que al llegar al escenario de nivel 2 hay que reducir los porcentajes de aforos en las terrazas y en los museos, y hacer teletrabajo siempre que sea posible. El tercero prohíbe la apertura de interiores de bares y establece franjas horarias preferentes de paseo, entre otras. El cuarto, el nivel de más riesgo, incluye todas las del 3 y contempla todo tipo de restricciones de la movilidad, aunque los servicios esenciales permanecerán abiertos en cualquier caso. La evaluación deberá considerar “las características específicas de la unidad territorial que se está evaluando”, que podrá ser comunidad autónoma, provincia, isla, municipio, departamento o área de salud o equivalente.
El Plan aprobado el pasado 16 de julio establecía parámetros, pero no concretaba números de incidencia ni especificaba las medidas restrictivas a estipular. Definía tres escenarios de riesgo en lugar de cuatro –bajo, medio y alto–. Por ejemplo, el tercero sí contemplaba restricciones a la movilidad, pero solo hablaba de llegar a él en el caso de “transmisión comunitaria sostenida con presión creciente”, no de cifras de incidencia. Sobre establecimientos, recomendaba el cierre en los de “elevada asistencia de personas o actividades de alto riesgo”, pero no mencionaba por ejemplo algo tan específico como qué hacer con las terrazas. Como publicó El País, el Ministerio sí contaba con un ‘semáforo’ que indicaba una situación ‘alarmante’ a partir de los 60 casos por 100.000 habitantes, pero no era público ni pactado con las comunidades; solo lo utilizaba internamente el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
El ministro Salvador Illa ha defendido en varias ocasiones que en ese Plan, que ahora modifican, estaba todo lo necesario para saber cuándo actuar. En una entrevista hace tres semanas con elDiario.es, en plenas negociaciones para llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, se remitía a que las medidas a tomar eran “las que están previstas en el plan de respuesta temprana que acordamos con las comunidades autónomas”. Insistía en que su Gobierno iba a seguir esa estrategia, y al preguntarle si no quedaba desfasado con la actual incidencia respondía que sobre la marcha desde entonces “hemos ido tomando acciones coordinadas en salud pública”, pero todas basadas en ese Plan, con actuaciones que se sumaban a él.
También decía Salvador Illa en aquella entrevista que el plan estos meses “se ha desplegado y en muchas comunidades autónomas se ha demostrado eficaz”. Esta modificación se produce en pleno estado de alarma sobre la Comunidad que más quebraderos de cabeza ha dado a su Ministerio: Madrid. Hace tres semanas que aprobaron en Consejo Interterritorial una orden para aplicar en situaciones muy preocupantes –500 casos por 100.000 habitantes en municipios de 100.000 habitantes que tengan también 10% de PCR que se realizan positivas y 35% de ocupación de UCI por COVID-19–. Afecta a nueve ciudades madrileñas, pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se oponía a aplicarlas. Que la justicia tumbase el confinamiento perimetral que establece esa orden desembocó en el estado de alarma sobre Madrid vigente.
El propio Ministerio reconocía en la orden que 500 era ya una incidencia “extrema”, y colocaba una barrera a partir de la que tomar medidas drásticas en los 250 casos por 100.000 habitantes del nuevo borrador, pero sin obligar a nada en esa cifra. Estos días, y ya lo había hecho antes el portavoz Fernando Simón, Illa ha repetido en varios medios que el objetivo no es bajar de 500, sino alcanzar incidencias de entre 50 y 100. La propia Comunidad de Madrid, y también otras regiones, le habían pedido que, en caso de ser así, unifique criterios. Los expertos y organismos internacionales sí coinciden en que una incidencia a partir de 200 es alarmante. Pero algunos ya criticaron durante la desescalada que España no contase con umbrales concretos a partir de los que tomar determinadas acciones, anticipando que podía traer problemas.