La sanidad privada pide al Estado que se cubra el 75% de su facturación al detener su actividad para atender el coronavirus

La sanidad privada ha pedido al Gobierno que se financie el 75% de su facturación habitual durante dos meses al haber detenido su actividad ordinaria para atender la epidemia de coronavirus. La patronal ASPE entiende que, al haber paralizado su fuente de ingresos, los centros necesitan “medidas urgentes que permitan la viabilidad de los hospitales y clínicas privadas” lo que se traduce en esa “línea de financiación específica”.

Este mismo jueves, el sector ha calculado que tiene 2.200 camas de UCI sin ocupar y reclamaba a las comunidades autónomas que utilizaran más estas unidades tras el decreto del estado de alarma que ha puesto bajo las órdenes de los consejeros de Sanidad todos los recursos públicos y privados. Sin embargo, los centros privados de Madrid, La Rioja o Catalunya no tienen capacidad para aliviar ahora mismo la presión sobre las UCI de los hospitales públicos, ha reconocido ASPE.

“En este momento queda fuera de toda duda la colaboración máxima con el sistema sanitario público”, ha expresado la patronal. Aún así, la directora del lobby de la sanidad privada, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Idis), Marta Villanueva, subía la presión al declarar a Redacción Médica que “la sanidad privada puede aguantar como mucho seis semanas en esta situación. Hay riesgo de quiebra de la red asistencial privada” y especificaba que aparcar la actividad programada no urgente “implica que no se está generando ningún tipo de ingreso. Ahora se está viendo qué pasaría sin la sanidad privada”.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, estos hospitales atienden al 9,6% de los pacientes ingresados por coronavirus: 5.200 personas, según la propia ASPE, de los 54.113 totales de los que ha informado este jueves el Ministerio de Sanidad y al 10% de los casos en UCI: 610 enfermos de los 6.092 que han precisado servicios intensivos.

“Liquidez inmediata”

En definitiva, la patronal ha demandado un programa para la “inmediata liquidez financiera de los centros sanitarios” que, además de la financiación de ese 75% de su facturación, incluya la exención en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y las retenciones del IRPF por sus trabajadores, el aplazamiento o bonificación del IBI de sus inmuebles y del impuesto de sociedades, la subvención para compras de material sanitario como mascarillas y guantes, créditos blandos con aval del Estado para abonar a proveedores y un plan de ayudas directas a los centros implicados en la atención a pacientes con coronavirus.

“Abogamos por el mantenimiento del empleo y la plena capacidad productiva”, explicó el presidente de ASPE, Carlos Rus, al presentar su propuesta. Lo cierto es que esta postura contrasta con la estrategia adoptada por el grupo de hospitales privados HM –17 hospitales y 21 policlínicos en España– que presionó a sus trabajadores para que gastaran su tiempo de vacaciones, tomaran excedencias o recorte de jornadas durante el estado de alarma para rebajar así la factura de sus nóminas. 

En una circular generalizada, la dirección empujaba a los trabajadores a dejar los puestos de trabajo de manera transitoria. El grupo contestó que el texto iba dirigido al personal que no puede ayudar en la gestión sanitaria“, al que se refiere como ”retaguardia“. Sin embargo, en la comunicación no se incluyó ninguna mención expresa que limitara la recomendación de tomar vacaciones a este tipo de trabajadores.