- El caso de Óscar Benítez, el inmigrante al que cobraron 390 euros para atenderle en urgencias, reaviva la polémica por la exclusión de los simpapeles de la sanidad pública
“Es una ilegalidad total”. Así han analizado distintos profesionales de la sanidad el caso de Óscar Benítez, el inmigrante sin papeles al que se le exigió una fianza en efectivo para ser atendido en urgencias de la Fundación Jiménez Díaz –un hospital de la red pública madrileña gestionado por la empresa IDCSalud–. La gestora ha insistido en que se trató de un error, a pesar de que ocurrió en dos ocasiones diferentes.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha declinado referirse al caso y se ha remitido a las explicaciones de IDCSalud. No ha aclarado si pedirá algún tipo de explicaciones a la empresa que gestiona el centro ni ha especificado qué mecanismos de control tiene en marcha para evitar situaciones de abuso (o confusión, de acuerdo con la versión de la empresa) en la sanidad pública.
El entramado burocrático y administrativo en el que ha desembocado el decreto 16/2012 del Ministerio de Sanidad que excluyó a los inmigrantes irregulares de la sanidad ordinaria ha ocasionado casos en los que se cobra a los simpapeles en efectivo para pasar a la consulta de urgencias, se les rechace porque no se considera que su cuadro médico sea urgente o se les conmine a pagar más adelante los gastos de la atención.
Rafael Sotoca, médico de Atención Primaria en Valencia y presidente de Médicos del Mundo, relata a eldiario.es que el pago, y en efectivo, “es más raro de ver, pero sí está siendo muy habitual pedir a los pacientes de estas características que firmen una obligación de pago”, que se convertirá en una factura en toda regla.
Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública –y que ejerce en el hospital pediátrico Niño Jesús de Madrid–, comparte este análisis: “No hay demasiados casos en los que se cobre en el mismo hospital, pero lo que sí tenemos comprobado es que se les presenta una factura especificando los gastos en los que se ha incurrido y con el plazo de abono”. Uno de estos compromisos de pago es el documento que presentó en su cuenta de Twitter Noelia Martínez para ilustrar un caso parecido en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
En Yo sí, sanidad universal, la plataforma de ayuda y acompañamiento de inmigrantes para lograr su atención sanitaria, aclaran que no se puede exigir a los extranjeros sin papeles que firmen ese compromiso. “Deben atenderlos de forma gratuita”, explican. También recomiendan, a quienes ya los hayan firmado, recurrirlos para que no figuren como facturas impagadas.
El portavoz de Médicos del Mundo señala las consecuencias de estas prácticas: “Si la factura no se paga, el Estado actúa como con otro ciudadano que tenga una deuda pública, como son las multas. Se activan los métodos de cobro como el embargo de cuentas. Se impide que se acceda a un crédito. Y si el inmigrante encuentra un trabajo, su nómina pasa a estar embargada. Se les obliga a ser ciudadanos en B”, resume.
El mensaje es “no vayas al médico”
Sotoca se atreve a explicar que “hay montones de estos casos y distribuidos por toda la geografía y las comunidades autónomas”. ¿Por qué? En su opinión, “hay una desorganización total en las administraciones, lo que ha creado una inseguridad jurídica muy grande”. A su juicio, la situación provoca “incertidumbre, que se traduce directamente en miedo y de ahí se pasa al 'no voy al médico”. El mensaje es “no acudas a la sanidad. Y que los problemas sólo han comenzado al llegar al hospital”.
Los sistemas sanitarios autonómicos han ido actuando según les ha ido llegando el problema. Porque no es lo mismo una comunidad como Cantabria, con poca población inmigrante, o Asturias, “donde han sido permisivos” –reflexionan en Médicos del Mundo–, o Canarias, que diseñó un sistema de acceso a la sanidad para inmigrantes irregulares que se ha demostrado tan complejo que “sólo 42 personas han podido beneficiarse”, dice Sotoca.
Carmen Esbrí, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, recuerda que el acceso a la sanidad de urgencias “es un tema de derechos humanos. La sanidad universal era algo que teníamos bien controlado en España y ahora ya no”. Y recuerda que existe una red “para romper esa cadena del miedo en los inmigrantes” mediante grupos de acompañamiento –por el que Óscar Benítez consiguió incluso que le devolvieran el dinero que le habían cobrado ilegalmente–.