Madrid, 26 ago (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha comprometido este miércoles a llevar al Congreso de los Diputados en el plazo de un año un proyecto de Ley para la creación del Centro Estatal de Salud Pública que avanzó en junio y que servirá para responder mejor a amenazas y pandemias como la de la COVID-19.
Illa ha precisado esta cuestión en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el XIII Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente: retos bioéticos y jurídicos de la COVID-19, en el que ha intervenido por videoconferencia y en el que ha sostenido que “nadie supo ver la profundidad de la crisis sanitaria”.
El responsable de Sanidad ha dicho que este Centro Estatal de Salud Pública ampliará la capacidad del Gobierno para identificar, evaluar, comunicar y abordar adecuadamente a las amenazas y riesgos derivados de posibles enfermedades o pandemias.
Y que para ello hará falta también aumentar los recursos y fortalecer el Sistema Nacional de Salud: el objetivo del Gobierno pasar por ampliar progresivamente los recursos destinados a Sanidad hasta el 7 % del PIB y “cuidar” más el papel de la Atención Primaria.
Illa ha hecho hincapié en la efectividad que tuvo la aplicación del estado de alarma en marzo y lo ha reflejado con cifras: la semana anterior a su declaración, el ritmo de contagios semanal crecía en España al 35 % y cada persona infectada provocaba alrededor de tres nuevos contagios.
A finales del mes de abril el incremento semanal de contagios era del 5 %; también cuando terminaba mayo era del 1,5 % y cuando lo hacía junio se situaba en el 1 %.
Pero el fin del estado de alarma -ha incidido-, “no iba suponer ni el fin del virus ni el final de la crisis sanitaria”, sino el inicio de una nueva fase en la que -ha dicho- debemos aprender a convivir con el virus, extremando todas las medidas de prevención y protección.
Por eso se han incrementado los diagnósticos: en la última semana se han realizado más de 480.000 PCR, lo que supone una media diaria de cerca de 69.000 pruebas.
Además, ha recordado las acciones acordadas con las comunidades autónomas el pasado 14 de agosto en relación a las actividades de ocio nocturno o la limitación limitar las visitas a las residencias de personas mayores, entre otras.
También ha subrayado los instrumentos legales de que disponen las comunidades autónomas, como autoridades competentes en materia de salud pública, para el control de la pandemia.
Las comunidades han decretado medidas para restringir aforos, cierre de actividades hasta otras que limitan derechos fundamentales tales como confinamientos perimetrales, limitaciones al derecho de reunión, confinamientos o aislamientos de personas o de grupos de personas, o limitaciones en el desarrollo del culto religioso.