El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha reunido esta tarde en Consejo Interterritorial con los consejeros y consejeras autonómicos de su rama y con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, para analizar las medidas en marcha en los territorios para frenar la COVID-19. Han decidido que, con “carácter general”, las medidas tienen que seguir aplicándose durante un tiempo mínimo de 7 días, ha explicado Illa, tal y como describe el real decreto de estado de alarma actual. Pero “si hay alguna situación epidemiológica concreta, en la que previsiblemente aumente mucho la movilidad, los puentes, por ejemplo, que hagan aconsejable tomar medidas” de otro tipo, de “días no consecutivos”, habrá “reuniones bilaterales” con la Comunidad Autónoma implicada y se podrá modificar excepcionalmente esa regla. Madrid es la única comunidad que, por el momento, ha manifestado la intención de establecer cierres perimetrales por menos de 7 días. Sanidad no puso impedimento al gobierno autonómico para lo mismo la semana pasada.
Isabel Díaz Ayuso ha expresado públicamente que pedirá cerrar la comunidad solo durante el próximo puente autonómico del 9 de noviembre –la festividad de La Almudena–, no durante toda la semana. Y “es vigente la instrucción que nos dieron” para este puente del día 9, ha comentado Illa, y lo ha justificado en que “si hay razones específicas de variar este periodo mínimo” se podrá plantear así y “discutir bilateralmente”.
Díaz Ayuso ya decidió la semana pasada, con motivo de la jornada de Todos los Santos, confinar perimetralmente la región que preside solo durante los tres días del fin de semana largo. Lo hizo así a pesar de que sus homólogos de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y de otras muchas comunidades, sí tomaron la acción durante 15 días. A Díaz Ayuso se le ha opuesto, incluso, su vicepresidente, Ignacio Aguado. Él cree que se debería alargar la prohibición de salir de la comunidad a todo el mes de noviembre, arguyendo que además “da un balón de oxígeno a la economía” que los madrileños se queden dentro del territorio y consuman ahí. El gobierno central acusó a Díaz Ayuso la semana pasada de limitar la restricción solo a los puentes para “crear confusión de forma calculada”, pero Sanidad dio luz verde.
Algunas comunidades, entre ellas Euskadi, han pedido a Illa en el Consejo Interterritorial permiso para ampliar la limitación horaria del toque de queda, que ahora mismo está estipulada para aplicarse entre las 22 y las 00 y las 5 y las 7. También un cambio en el real decreto de alarma que permita los confinamientos domiciliarios. El real decreto, vigente desde el pasado domingo y aprobado en el Congreso de los Diputados para una duración de seis meses, no contempla dar cobertura legal a toques de queda más largos ni a confinamientos domiciliarios, y el ministro por ahora rechaza modificarlo. Illa ha indicado que las medidas actuales necesitan “un periodo de entre dos y tres semanas” para notarse y por tanto ha pedido “tiempo” para estudiar ir en esa dirección.
Es decir, Illa ha puesto el ejemplo de que “para ver el efecto que ha tenido el cierre de la hostelería en Catalunya hay que esperar entre dos y tres semanas desde el momento de la implementación”, así que como mínimo necesitaría aún una semana para valorar ampliar el toque de queda y aprobar otras restricciones más duras que las que hay ahora mismo. Sobre los confinamientos domiciliarios en concreto también se negado por el momento, “no ha habido discusión”. El argumento es el mismo: “No contemplamos de momento un confinamiento domiciliario, contemplamos que se evalúen las medidas actuales”. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, declaraba ayer martes que, aunque “no se puede descartar nada”, todavía hay “margen” para ver el efecto de las medidas antes de pasar a un encierro total o parcial.
Illa ha insistido en que es “respetable” que los gobiernos regionales quieran “prever” qué hacer si fuera necesario tomar decisiones más drásticas. Pero se ha remitido a la “estrategia” actual, que han plasmado en un documento y que aglutina entre otras instrucciones las del estado de alarma y el plan de respuesta temprana, las medidas autonómicas y las actuaciones coordinadas que aprobaron, entre ellas el 'semáforo' de indicadores hace menos de un mes. “Son medidas muy potentes” que describen “los criterios, los instrumentos, los indicadores y las acciones” a tomar, ha defendido el ministro.
El Consejo Interterritorial que reúne al ministro con los consejeros y consejeras es el órgano de cooperación y “cogobernanza” establecido para este estado de alarma, que el Gobierno ha aprobado por 6 meses. Es decir, es el espacio en el que se revisarán las actuaciones y se modificarán si las circunstancias así lo requieren. “El centro de decisiones de esta pandemia”, ha definido Carolina Darias. Todos los consejeros y los dos ministros también han acordado una “condena rotunda y unánime” a los actos vandálicos y disturbios que se produjeron este fin de semana en contra de las restricciones, “este no es el camino”.