El número de ciudadanos que recurren a seguros privados ha subido a un ritmo del 4% anual desde 2017. Aquel año, había 9,9 millones de asegurados, incluidos los mutualistas, frente a los 12 millones del pasado ejercicio, según el último informe de la Fundación IDIS, que aglutina al sector.
“Estos datos ponen en valor nuestra contribución al sistema nacional de salud”, señalaba la directora general de la entidad, Marta Villanueva, durante la presentación del trabajo, Sanidad privada, aportando valor 2023. Las cifras muestran que uno de cada cuatro residentes en España contaba en 2022 con un seguro privado, con la Comunidad de Madrid (936 euros), Catalunya (816) y La Rioja (813) a la cabeza en gasto sanitario privado per cápita. Murcia (501 euros), Canarias (520 euros) y Castilla-La Mancha (535) se encuentran a la cola.
El informe también arroja luz sobre la actividad del sector sanitario privada. Es en él donde se realizaron el 32,9% de las intervenciones quirúrgicas, donde se atendieron el 24,5% de las urgencias y el 17,5% de las estancias hospitalarias y donde se efectuaron el 21,6% de las consultas. No obstante, el deterioro de la pública, con agendas imposibles y largas listas de espera, también está repercutiendo en la privada, que ya ha empezado a notar tiempos de espera más prolongados en algunas especialidades.
“Somos el mejor termómetro del funcionamiento de la sanidad pública”, indicaba el presidente de la fundación, Juan Abarca, durante la presentación del informe. “Hasta hace algún tiempo, notábamos que los pacientes que recurrían a la privada lo hacían, normalmente, buscando una experiencia de usuario diferente, pero en los últimos meses y años el crecimiento ha sido especialmente alto”, explicó, a la vez que defendía que el sector privado “debe ser entendido como un complemento necesario que puede aliviar los problemas de la sanidad pública en términos de accesibilidad y atención, además de un impulso a la inversión en innovación farmacéutica y digitalización”.
Si la misma entidad publicaba hace unas semanas otro informe en el que indicaba que solo el 30% de los hospitales con unidades de salud mental o tratamiento de toxicomanías son públicos, pese a que atienden el 87% de las consultas, en esta ocasión hace una radiografía de la titularidad de los recursos del sistema. Y hay datos relevantes, como que la mayoría de hospitales, el 56%, son privados, con el 31% de las camas. Los 345 centros públicos suman más de 108.000 camas. Por comunidades, solo Andalucía, Catalunya y Madrid aglutinan el 55% del total de hospitales privados y el 47% de las camas.
En cuanto al gasto sanitario público derivado a empresas privadas, este supone un 10,2% del total, que se destina a servicios como el transporte sanitario, terapias respiratorias, hemodiálisis o laboratorios. De nuevo, Catalunya (24,1%) y Madrid (11,8%) son las comunidades que más destinan a esta partida. Precisamente, son estas dos de las comunidades donde los conflictos con la sanidad pública han estado más encendidos en los últimos meses.
En total, según los datos del sector, “el gasto sanitario total con relación al PIB en España se sitúa por debajo de la media de la OCDE, mientras que el peso del gasto sanitario privado respecto al total (2,9%) es de los más altos, junto con Portugal (3,7%) y Suiza (3,6%)”. En su último informe, con datos de 2020, la organización internacional cifraba en 2.588 euros por habitante el gasto sanitario, frente a los 3.159 euros de media. En ese estudio, aseguraba, no obstante, que el sistema era más eficiente que otros gracias a la atención primaria, que se ha visto socavada tras la pandemia y es el principal foto de las últimas reivindicaciones.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha publicado este viernes su informe La privatización sanitaria de las comunidades autónomas 2023. Los datos señalan en la misma dirección: Madrid, Catalunya y Baleares son las regiones con un mayor grado de presencia del sector privado. El análisis, aunque en otro tono, es coincidente en algunos puntos. “Los recortes y el deterioro de la Sanidad Pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado”, apunta el texto.