“¿Que puedo ir al dentista en mi centro de salud?”. Isabel Calama lleva escuchando la misma pregunta 20 años, el tiempo que ha trabajado como odontóloga en la sanidad pública. “Lo terrorífico de todo esto es que si sobrevivimos –afirma la vocal de Odontología del sindicato Amyts, que ejerce en un centro de salud de Madrid– es porque la población no sabe que existimos”. Es paradójico. España tiene más dentistas por habitante que la media europea y muchos más que los fijados como recomendable por la Organización Mundial de la Salud. El número de colegiados ha crecido más de un 20% en los últimos diez años porque no hay números clausus en las universidades, pero una parte ínfima, apenas un 3,6%, está integrada en el Sistema Nacional de Salud: hay menos de 1.500 especialistas para atender a 47 millones de personas.
Con los planes del Gobierno para ensanchar las coberturas gratuitas –tradicionalmente pequeñas y muy limitadas a determinados tratamientos–, los profesionales se preguntan cómo van a canalizar la nueva demanda de pacientes. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba este viernes en el Congreso que incluirá a los mayores de 65 años en las nuevas prestaciones a lo largo de la legislatura. “Es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene el Ministerio”, dijo.
elDiario.es ha preguntado a las comunidades autónomas cuántos dentistas tienen y cuáles son sus previsiones de contratación. Solo ocho han respondido (Andalucía, Madrid, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha) y de ellas únicamente cuatro aumentaron la plantilla de 2022 a 2023. Andalucía sumó 17 dentistas, Asturias, cinco; Cantabria, tres; y Madrid, uno. Para aproximarnos a la situación de quienes no han ofrecido sus datos, tomamos las cifras recogidas en el Portal Estadístico del Ministerio de Sanidad del año 2022.
De 2018 a 2022, el número total de dentistas de la sanidad pública creció de 984 a 1432, un 45%. La tendencia es tímidamente creciente en algunas comunidades, pero no en todas. Las plantillas están estancadas en Aragón, Madrid, Extremadura, La Rioja, Canarias y Euskadi. Catalunya es el territorio con más crecimiento en cifras absolutas –de 326 a 396 profesionales en cuatro años– y también tiene la tasa más alta por cada millón de habitantes en España (51), según los datos analizados por elDiario.es. En la Comunitat Valenciana es donde tocan a menos odontólogos de la pública: solo 13. El desequilibrio entre estos dos polos es notable.
Respecto a los compromisos para años venideros, solo dos gobiernos regionales informan de sus planes de aumento de plantilla. Habrá seis odontólogos más en Asturias –de un total de 45– y 18 en Madrid –sobre 156–, según los datos aportados por las consejerías de sanidad. En concreto, desde la madrileña señalan que esos efectivos son ya un “recurso operativo y presupuestado”. Otras autonomías, como la de Castilla-La Mancha, responden que evalúan “constantemente las necesidades de la población y en función de ese seguimiento se adoptan decisiones sobre el número de profesionales”.
Qué se incluye y desde cuándo
La espita se abrió en 2019, cuando la entonces ministra María Luisa Carcedo afirmó que era “el momento de incorporar la salud bucodental a la sanidad pública”. La pandemia truncó la hoja de ruta que había comprometido antes de dejar el departamento, pero en los últimos años las prestaciones se han expandido. Los más recientes incorporados son los menores de cinco años con un compromiso de inversión de 68 millones anunciado por el entonces ministro José Miñones. Antes, entraron las mujeres embarazadas, los adultos con discapacidad intelectual y los pacientes con cáncer de cabeza y cuello tras una transferencia de 44 millones a las comunidades en 2022 y 2023.
“Nos alegra que aumenten las prestaciones, pero si no crece de una manera seria el número de dentistas en Atención Primaria, solo las podrán recibir los cerca de 820.000 pacientes que consigan cita con su odontólogo, los más de seis millones restantes tristemente no podrán acceder a ellas”, se quejó el Grupo de Odontología de Amyts cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció hace unas semanas la incorporación a la sanidad pública madrileña de las prótesis de las personas mayores de 80 años. La bolsa de empleo de dentistas, según Amyts, tiene más de 200 personas. Cada dentista en Madrid tiene un cupo de 45.000 pacientes de media. “Aunque el abanico es muy amplio: tenemos compañeros con hasta 80.000” advierte Calama.
Las administraciones públicas solo cubren el 2% del gasto en cuidados odontológicos, el porcentaje más bajo, tras Grecia (0,5%) según los datos recogidos en el atlas de Salud Bucodental en la Unión Europea del Consejo de Dentistas
Actualmente, la cartera básica del servicios del Sistema Nacional de Salud incluye, a grandes rasgos, revisiones, endodoncias, empastes y limpiezas para niños, y para adultos extracciones, tratamiento de infecciones, traumatismos dentales y diagnósticos. Cada comunidad autónoma debe cumplir con los mínimos obligatorios a nivel estatal pero, a partir de ahí, puede ampliar sus coberturas porque tiene las competencias en sanidad, como el caso de Madrid con los mayores de 80 años.
“En la seguridad social ha habido dentistas desde los años ochenta, pero solo se hacían extracciones. A partir del 2003 comenzaron a impulsarse unidades de salud bucodental para promover la salud y se han ido aplicando planes para aumentar la cartera de servicio pero ha evolucionado muy lentamente”, sostiene Eduardo Ruiz Martín, que trabaja en Salamanca y es secretario general del CSIF. Este odontólogo con 30 años de experiencia mira atrás y afirma: “Se han hecho pocas campañas para decirle a la población que, a pesar de que tenemos pocos recursos, aquí estamos y podemos ampliar el arco y atender a más gente. Mucha gente se cree que es una cosa privada”.
Cada habitante en España visita el dentista una media de 0,7 veces al año, con un gasto de 198 euros por hogar dedicado a salud bucodental. Las administraciones públicas solo cubren el 2% del gasto en cuidados de este tipo, el porcentaje más bajo, tras Grecia (0,5%), de los países del entorno, según los datos recogidos en el atlas de Salud Bucodental en la Unión Europea del Consejo de Dentistas.
“En la sanidad pública, en materia de prevención se puede hacer mucho, aunque a lo mejor no se gasta tanto dinero”, bromea Consuelo López, una de las nueve odontólogas públicas que trabajan en La Rioja. “Yo estoy muy contenta y no nos ponen problemas a materiales, tratamientos... Lo que habría que hacer es terminar de incluir nuevas prestaciones, con los niños de 0 a 6 años y las personas mayores de 65, con revisiones o prótesis para que, quien no se las pueda pagar, pueda comer”, defiende.
Los dentistas de la sanidad pública no son especialistas –no existe un MIR para comenzar a ejercer–, por lo tanto, son profesionales con los que se puede pedir cita directamente en Atención Primaria. Los pacientes no necesitan ser derivados como para el dermatólogo y el ginecólogo desde Medicina de Familia.
¿Cómo funcionan? “Las citas que tenemos son de 10 minutos y luego programamos. Si para un empaste le tengo que citar para dentro de dos o tres meses, la gente que puede recurre a un privado”, explica Isabel Calama, que atiende a pacientes vinculados a varios centros de salud de Madrid porque no en todos existe este servicio. “Ahora estamos temblando con la incorporación de los menores de cinco años”, remata.
Las derivaciones
La escasez de dentistas públicos es un caldo de cultivo idóneo para las derivaciones a las consultas privadas. Ya sean con financiación pública (porque no hay personal suficiente para atender la cartera mínima que fija Sanidad) o privada (la que pagan de su bolsillo las propias familias). Ambas vías se mantienen fuertes en un país donde cada año se gradúan más de 1.700 dentistas –un número superior solo cada curso al total de odontólogos que los 1.500 que tiene la sanidad pública– y que cuenta con casi 41.000 colegiados, según un estudio del Consejo General de Dentistas en España.
Hay 82 dentistas por cada 10.000 habitantes, con una sobrerrepresentación en Madrid, donde la tasa llega a 132. 8.200 por cada millón de personas. Y la expectativa de crecimiento es enorme. “Existen 23 facultades privadas con expectativa de abrir ocho más en los próximos tres años. Podemos llegar a ser el país de Europa con mayor número de centros formativos. Cuando no se controla los números clausus, que solo existen para la pública, el único condicionante es tener aprobada la selectividad, tener plaza y poder pagar”, ilustra Óscar Castro, presidente del Colegio General de Dentistas de España.
Dependiendo de la comunidad, los dentistas públicos tienen más o menos peso sobre el total de colegiados. A la cabeza están Castilla-La Mancha (suponen un 8,1% del total) y Catalunya (6,4%); a la cola, la Comunitat Valenciana (1,6%) y Madrid (1,7%).
Así que las cifras confirman que la pública es, pese la ampliación en las prestaciones, una red secundaria y subsidiaria de la privada. Varias comunidades ya funcionan con acuerdos de derivación para programas concretos. Por ejemplo, Madrid transfiere a las clínicas privadas las endodoncias y la restauración de las piezas de los niños. Al paciente se le da la lista de dentistas y elige a dónde ir “porque no es asumible con los 156 dentistas públicos que somos”, cuenta Calama. Castilla-La Mancha deriva los “tratamientos especiales”. Los pacientes van con un informe del odontólogo de Atención Primaria a una clínica que elijan, pero deben pagar de su bolsillo el importe, según una tarifa de precios establecida, y después se le reembolsa. En Castilla y León la atención a niños también se ha pasado a la privada.
El Colegio General de Dentistas apoya la senda en la que sigue avanzando España y que también estaba contemplada en el acuerdo entre PSOE y Sumar: “Tiene que hacerse de forma progresiva e insistiendo en los grupos más vulnerables: niños, ancianos, personas con discapacidad y, por supuesto, embarazadas que, por sus procesos hormonales son más propensas a determinadas patologías, y pacientes oncológicos, que por sus tratamientos tienen más problemas en la boca”, asegura Castro, que destaca la importancia de la educación de los niños en una adecuada higiene.
“Si conseguimos que los niños se cepillen los dientes bien y que hagan unas revisiones frecuentes, vamos a ver la disminución de las patologías y el absentismo laboral de los padres y de los niños. Lo que hagan de pequeños repercute en ese momento pero también en como tendrán la boca de adultos”, razona Castro. “Si se hace prevención no haría falta tantas endodoncias”, añade Consuelo. “La filosofía de la prevención y el tratamiento temprano es lo que aminora los costes, pero hacemos lo contrario: mucho gasto porque el paciente llega en mal estado, con necesidad de tratamientos complejos y programas de derivación a la privada, que supone más gasto”, apuntala Ruiz Martín.
Sin embargo, no resulta fácil que la población responda a las campañas de prevención. “Estamos haciendo una –con carteles en centros de salud y colegios– para que los niños vengan a las revisiones y nos está costando. La población no lo sabe o cree que no es importante y cuando vienen ya lo hacen con dolor. Es una pena. Pasa lo mismo con los mayores”, reflexiona López, que asegura que han enviado cartas a los centros educativos para que se informe a las familias. El sistema ha cambiado: antes de la pandemia eran los profesionales los que se desplazaban a los colegios, pero repararon en que era mucho más efectivo que estuvieran las familias. Hasta los ocho años, prescribe la dentista de La Rioja, es conveniente que repasen el cepillado, sobre todo por las noches.
La precariedad reactiva la pública
La crisis ha resucitado el interés de los odontólogos por las consultas públicas. “Cuando yo empecé, muchos compañeros me decían que cómo me iba a la pública si en la privada ganaban más, pero ahora están cerrando muchas consultas y las franquicias son un problema porque es un negocio económico y no sanitario”, considera Ruiz Martín, que describe el trabajo en algunas cadenas como “pésimos y a porcentajes mínimos”. “Tiran los precios y funcionan con personal sin experiencia, a lo mejor la gente está ganando 1.000 euros al mes. Es lamentable estar así de precario y una pena que gastemos dinero en formar a los dentistas y luego se vayan a trabajar a otro país”, añade.
Isabel Calama también percibe este cambio a lo largo de los años. “La precarización ha podido influir porque el ejercicio privado se ha denostado, pero también hay un mayor conocimiento de los profesionales. Cuando acabé la carrera en 2001 no sabía que había dentistas en la sanidad pública”. La odontóloga admite que en la privada, donde también trabaja, hay una posibilidad de tratamientos mucho mayor, pero pone en valor la “atención integral” que se da en la pública, con la integración del dentista en un equipo coordinado con medicina de familia. Otro de los reclamos del sindicato Amyts, además del aumento en el número de contrataciones, es la retribución: “Es inferior a las de nuestros compañeros médicos y pediatras”.
Para la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, el interés “real” por sacar de la desatención este costado de la salud se mide en los presupuestos. “Hasta hace no tanto la odontología se consideraba, sin serlo, una cosa de estética y una preocupación de la gente que tenía recursos económicos y se lo podía arreglar por su cuenta”, comenta Marciano Sánchez-Bayle. Coincide Isabel Calama, que lanza un mensaje a los gestores para lo que venga a partir de ahora. “Tenemos la percepción de que nunca ha habido una gestión seria y que se va haciendo un poco de aquella manera. Debemos pensar qué queremos ofertar a la población, qué recursos necesitamos y cuáles tenemos”.
Este artículo se ha elaborado con información de las delegaciones de elDiario.es.