Confinamientos selectivos, veto a la entrada en espacios interiores a través del pasaporte COVID o vacunación obligatoria. Los países europeos, algunos con tasas de vacunación insuficientes y una escalada imparable en los contagios, están explorando la vía del punitivismo hacia la población que ha decidido no inmunizarse. La sexta ola ha reabierto el debate sobre si las medidas que dificultan la socialización de los que se escapan a la campaña de vacunación –de algún modo, castigarles por no haber cumplido el contrato social– son efectivas.
Singapur es el territorio conocido que ha llegado más lejos en este enfoque retirando la asistencia sanitaria a este colectivo si enferma de coronavirus. Se trata de un debate complejo y polémico que ha emergido antes con otras enfermedades: las tesis castigadoras se han planteado, no tanto a nivel práctico como de reflexión sociológica, con los fumadores o las personas con obesidad.
Los epidemiólogos consultados consideran que España es el ejemplo de cómo se pueden alcanzar muy elevadas coberturas vacunales a través del convencimiento. El 90% de los ciudadanos mayores de 12 años se han inmunizado frente al 64% de Austria, que acaba de decretar un confinamiento general tras anunciar un polémico cierre solo para no vacunados, o el 75% de Bélgica. En Alemania, con una tasa vacunal menor al 70%, se ha acordado la llamada “regla 2G”, que permite la entrada solo a los vacunados y recuperados a actividades de ocio y se introducirá en áreas con una tasa de más de tres pacientes ingresados por cada 100.000 personas.
El profesor Pedro Gullón defiende que el enfoque positivo moviliza más y apega a los ciudadanos con sus gobernantes en un momento en el que la confianza en las instituciones ha bajado, mientras que con el punitivo, opina, se corre el riesgo de “reforzar” las ideas propias de los reticentes en este punto de la pandemia.
Hay sociólogos que advierten, además, de que las autoridades deben analizar bien las medidas que toman para no “acelerar conflictos entre vacunados y no vacunados”, explica Celia Díaz, de la Universidad Complutense de Madrid, a la Agencia SINC.
La experta, por otro lado, plantea que los vacunados puedan sentir que de algún modo se “benefician” de haber cumplido con lo que se recomendaba. “De lo contrario –anticipa– los conflictos pueden ser mayores si culpabilizan a los reticentes de sus restricciones”. Michael Bang, investigador de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), planteaba este mismo dilema en un hilo de Twitter recientemente: “Un largo periodo de restricciones para la mayoría vacunada también puede reducir su confianza”.
El enfoque punitivista, no obstante, tiene gradientes. Va desde el pasaporte COVID –que exige estar vacunado o presentar prueba negativa para acceder a determinados interiores– hasta decretar como obligatorio el pinchazo o pedir un certificado en los trabajos. “A estas alturas ya tenemos claro que no hay medidas absolutas que siempre funcionan o nunca funciona, hay que ver el contexto”, matiza Gullón, que sí ve la utilidad, por ejemplo, de imponer el pasaporte COVID en los territorios donde un porcentaje alto de la población no se ha vacunado. El Ministerio de Sanidad, hasta ahora reticente con esta herramienta, concede que “puede incentivar” en los grupos con peor tasa vacunal (edades de entre 20 y 40 años) después de que al menos siete comunidades hayan anunciado que lo están valorando.
Para José Martínez Olmos, el debate en España “es importado”. “Las autoridades sanitarias sabíamos que habría una gran cobertura con un sistema sanitario universal. Había una tradición, hemos sido siempre líderes en vacunación, por eso nos planteamos que no era obligatorio”, explica el exsecretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Federico Montalvo, firmante de la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la COVID-19 y presidente del Comité de Bioética, señala que entre los técnicos “se debatió la vacunación obligatoria, optándose por no imponerla dado que se consideró que la medida, aún siendo ética y legalmente posible, no era necesaria”. El último CIS revela que más del 46% de los encuestados sería favorable a que así fuera. “La vacunación no es voluntaria, es no obligatoria, que es muy distinto aunque suene parecido. Estamos diciendo que la decisión correcta es vacunarse, aunque legalmente a nadie se le obligue”, explicaba Montalvo a elDiario.es sobre la estrategia española.
Existe otra cuestión que se debería tener en cuenta en esta discusión, según los expertos consultados: el perfil no homogéneo de las personas no inmunizadas. “Hay quien igual no se ha vacunado porque le dieron el mensaje de que con el 70% de cobertura llegaba al cielo, hay gente que tiene miedo... Las medidas contra los no vacunados puede terminar estigmatizándolos”, considera Martínez Olmos. “Ignorar los determinantes en los que se toman las decisiones es ignorar la gran mayoría de conocimiento generado por la salud pública en las últimas décadas”, concluye Gullón en una opinión que firma en Público.