Tras superar el pico de la pandemia de COVID-19, que obligó a reestructurar de urgencia los centros sanitarios y llevó a hospitales al borde del colapso, un nuevo tipo de presión va a exigir al sistema sanitario durante meses mientras se trata de controlar la enfermedad: centros de salud, hospitales y recursos de epidemiología estarán bajo presión extra durante meses.
En la nueva etapa la sanidad tiene que poder “absorber y tratar” cada nuevo paciente. Y, al mismo tiempo, “garantizar el diagnóstico de cada caso y cada contacto para sacar el riesgo de la sociedad”, según ha detallado el coordinador del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Esto implica mantener la tensión sobre el sistema y los sanitarios, en esta ocasión, de manera prolongada. Será, al menos, hasta que exista una vacuna efectiva disponible para la COVID-19, según avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 9 de abril. El director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad Pública de Washington, Christopher Murray, advirtió al calcular los efectos de esta primera ola del peligro que supone “una segunda ronda de contagios”.
Pende la amenaza del rebrote
Ese peligro marca la acción del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, la Atención Primaria, que va a estar al frente de la línea de control de la pandemia. Los centros de salud van a asumir su actividad habitual, el seguimiento de convalecientes de COVID-19 y la detección y rastreo de nuevos contagios: “Seguimiento de calidad y estricto en el tiempo para que no haya expansión geográfica”, según Simón. Evitar que un contagiado inicie una nueva cadena de la enfermedad.
El papel de los centros de salud figura destacado entre los principales requisitos que tendrán que cumplir las comunidades autónomas para iniciar la fase de desescalada, según recoge el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que su director ha entregado este domingo al presidente de Gobierno.
Las autoridades sanitarias requieren que a partir de ahora en Atención Primaria se aísle cuanto antes a las personas infectadas con COVID-19, para ello proponen dos soluciones, crear centros específicos de pacientes sospechosos o implantar circuitos separados en los ambulatorios para atender estos casos. A nivel hospitalario, solicitan a las comunidades que se duplique el número de camas UCI con las que contaban los territorios, en comparación con las plazas que tenían en estas unidades antes de la pandemia.
La Atención Primaria despacha cada año unos 350 millones de consultas entre médicas y de enfermería, según los registros del Ministerio de Sanidad. También atiende 28 millones de urgencias y realiza tres millones de visitas médicas a domicilio y otros nueve millones por parte de las enfermeras. Todo eso antes de la aparición de la COVID-19.
La vigilancia de enfermedades transmisibles como esta se coordina en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En este sistema, los sanitarios que atienden a la población avisan a los servicios de salud pública de las comunidades autónomas cada vez que detectan una patología de declaración obligatoria como puede ser el VIH, la sífilis, el sarampión o el botulismo. En el control de la COVID-19, cada diagnóstico implicará que se active el rastreo sanitario.
El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) ha pormenorizado las tareas de ese rastreo: “Entrevistar al caso para recoger información sobre la historia clínica y los posibles contactos desde las 48 horas antes de la presentación de síntomas”. Debería hacerse vía telefónica, si es posible. El encargado tendrá que clasificar el contacto como de alto o bajo riesgo y si está dentro de un grupo considerado vulnerable. Además, han de iniciar los procedimientos para que se realicen las pruebas y llegar a los contactos para indicarles las medidas de control de síntomas y hacerles un seguimiento. “El rastreo de contactos puede ser muy exigente en cuanto a recursos”, admite el ECDC.
En España ejercen unos 65.000 sanitarios en los equipos de Atención Primaria. 29.000 en medicina para adultos, unos 6.000 pediatras y 30.000 en enfermería. “Las políticas de austeridad mantenidas en los últimos años han llevado a la Atención Primaria a una crisis manifiesta”. La afirmación no corresponde a los sindicatos sino que aparece como diagnóstico dentro de la estrategia para el servicio publicada por el Ministerio de Sanidad en abril de 2019.
El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Salvador Tranche, resumía para eldiario.es la fórmula para afrontar esta nueva situación: “Recursos humanos”, es decir, más profesionales para atender las cargas de trabajo. Seguido de “algunos recursos tecnológicos tan sencillos como teléfonos móviles o cuentas de correo para no seguir usando los personales”. Y un tercer aspecto, “que se recupere la actividad más habitual en los hospitales porque, si no, los pacientes terminan por devolver esa presión a Atención Primaria”. Tranche reflexiona que “todavía hoy hay temor a venir al centro de salud para otras patologías que no sean la COVID-19, pero, en algún momento, todas esas necesidades médicas van a tener que volver a ser atendidas”.
Un ojo puesto en el contraataque
En otro de los pilares de la asistencia sanitaria, los hospitales, piensan en ir recobrando una normalidad perdida durante semanas, pero con un ojo puesto en la pandemia. Deben mantenerse preparados para posibles repuntes mientras se recupera la actividad de los quirófanos y las consultas externas, las alas de los centros transformadas para la COVID-19 vuelven a su especialidad y los equipos regresan a sus disciplinas, según explican en la Sociedad Española de Directivos de la Sanidad.
Su presidente, Joaquín Estévez, entiende que hay que reforzar las plantillas. “No es posible mantener unos recursos humanos de forma continuada para poder atender directamente cualquier crisis sanitaria, pero sí es fundamental reforzar los equipos humanos para tener un mejor punto de partida y eso requiere una apuesta por el análisis de situación y por la inversión”. Al mismo tiempo, Estévez indica que “será necesario el descanso y la gestión del estrés y el desgaste de los profesionales”. La primera oleada va a pasar una factura en el plano anímico y psicológico de los sanitarios.
En esta idea de recuperar cierta normalidad siempre pendientes de que la enfermedad contraataque, Joaquín Estévez estima que se puede “contar con el apoyo de hospitales de campaña –en caso de ser necesario– para derivar pacientes COVID-19 no graves o que estén en una última fase ya leves y también que estén de apoyo para un posible repunte de casos”.
A medida que se retome la actividad normalizada y lleguen pacientes, los hospitales están obligados a crear “zonas limpias” para evitar que la infección pueda llegar a esas unidades. Y “establecer circuitos de pacientes con COVID-19 y pacientes sin la enfermedad” para que circulen por el centro.
Además, los hospitales van a tener que analizar las necesidades de material como los equipos de protección para sanitarios (EPI), que esta pandemia ha destapado con la idea de “invertir más en este tipo de materiales para tener un mejor punto de partida ante otra crisis similar”, aunque no todos los servicios regionales puedan tener cubiertas todas las necesidades forma directa, porque “a partir de ahora esos materiales se considerarán más relevantes”, cuenta este técnico superior de Salud Pública del Ministerio y exgerente de hospital. El Consejo General de Enfermería se ha quejado de que el 70% de estos profesionales aseguran haber trabajado sin los equipos necesarios, según una encuesta pasada a 11.000 sanitarias.
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relevancia el papel que juega la salud pública a pesar de que ha sido una parcela no especialmente atendida por las administraciones sanitarias. La prevención y control de enfermedades son dos de sus principales cometidos que, ahora, se han convertido en prioridades. En este sentido, la misma ley de Salud Pública de 2011 pide que se “revise y fortalezca la alianza [de esta disciplina] con la Atención Primaria”.
La transmisión de la pandemia en España está, en estos momentos, estabilizada. Todavía le faltan algunos hitos antes de pasar a la siguiente fase como conseguir que el número de contagios a partir de un caso se acerque a cero en todo el país (el famoso R0). Cuando llegue esa nueva etapa de contención, la sanidad seguirá exigida, aunque de otra manera.
Ese refuerzo –y también la gestión y reorganización de los recursos– corresponderá, en todo caso, a las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en sanidad, como ha recordado esta misma semana el ministro Salvador Illa. Muchos de los gobiernos autonómicos adelantaban ya hace días que no prevén extender los contratos sanitarios de refuerzo de los meses más complicados de la pandemia, de modo que no está claro cómo enfrentarán la sobrecarga en otros sectores de la estructura sanitaria. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha declarado este jueves que “el refuerzo de lo público y la defensa de la sanidad pública es un eje de trabajo en los pactos de reconstrucción” que aguardan.