Los sindicatos cargan contra una de las medidas estrella del anteproyecto de la Ley de Familias: el permiso parental no retribuido de ocho semanas. “No añade nada a lo que ya tenemos”, apunta Carolina Vidal, secretaria confederal de Igualdad de Comisiones Obreras (CCOO). Y añade: “No tiene perspectiva de género”.
El anteproyecto pasó en primera vuelta por el Consejo de Ministros este martes y contempla la creación de nuevos permisos de cuidados. La norma incorpora tres medidas concretas para impulsar la conciliación en nuestro país: un permiso de cinco días retribuidos al año para “atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente”. Otro de cuatro días retribuidos que se puede disfrutar por horas por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes e imprevisibles, en caso de enfermedad o accidente. Y uno de ocho semanas que se podrá solicitar hasta que el menor cumpla ocho años.
Ha sido este último el que ha desatado las críticas de los sindicatos porque el anteproyecto de la norma, al que ha tenido acceso elDiario.es, no recoge que esta medida conlleve una compensación económica. CCOO y UGT advirtieron este martes al Gobierno de que los permisos parentales regulados en la Ley de Familias “han de ser remunerados y contar con todas las garantías laborales”, señalaron en un comunicado conjunto.
Críticas a la transposición
Con esta norma se transpone la directiva europea de conciliación de 2019. Tanto CCOO como UGT advierten de que si el permiso de ocho semanas no conlleva una compensación económica la norma europea “no quedará debidamente” adaptada.
La norma comunitaria determina que los estados o los interlocutores sociales deberán definir la “remuneración o prestación económica” de los permisos parentales. “Lo harán de manera que se facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar el permiso parental”, estipula la estrategia europea, que también recoge que el permiso parental debe ser de cuatro meses —aunque el de la nueva norma del Gobierno abarca ocho semanas— y se puede disfrutar hasta que el hijo alcance los ocho años. Aún así, el texto del anteproyecto determina que tendrán hasta el 2 de agosto de 2024 para transponer la directiva.
“La conciliación no es corresponsable si los permisos no son retribuidos, sino que se convierte en una nueva carga para las mujeres que, además, influye negativamente en la brecha salarial”, detalla Vidal.
Por su parte, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), lamenta que el Ejecutivo no les haya informado sobre la evolución de la norma y su contenido. “El Gobierno no ha hablado de este tema con nosotros para nada. Lo que sabemos es por los medios de comunicación”, indica.
La aplicación de esta medida será progresiva, tal y como contempla el documento al que ha accedido esta redacción. En 2023 la duración de esta medida será de seis semanas y ya a partir de 2024 se extenderá a ocho semanas.
A tiempo completo o parcial
El permiso parental que incluye la Ley de Familias podrá ser solicitado por trabajadores para el cuidado de sus hijos menores de ocho años. La norma, tal y como está redactada actualmente, contempla que se podrá disfrutar de forma continua o discontinua, “a tiempo completo, o en régimen de jornada a tiempo parcial”. Es una medida intransferible ya que se constituye como “un derecho individual” de los empleados.
Además, serán los beneficiarios del permiso los que especifiquen “la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la empresa con una antelación de diez días o la concretada por los convenios colectivos, salvo fuerza mayor, teniendo en cuenta la situación de aquella y las necesidades organizativas de la empresa”, estipula el texto.
Aunque las fechas concretas de este permiso dependan del trabajador, el Ministerio de Derechos Sociales también tiene en cuenta que si por diversos factores la petición altera “seriamente el correcto funcionamiento de la empresa, ésta podrá aplazar la concesión del permiso por un período razonable, justificándolo por escrito y después de haber ofrecido una alternativa de disfrute más flexible”.
Desde Derechos Sociales han celebrado que la Ley de Familias se haya desencallado y fuese aprobada este martes en el Congreso. Para la ministra Ione Belarra esta norma es “una de las leyes más importantes de este curso político” ya que corrige “una situación insostenible” de “raíz política” que se venía dando en España, donde cada año se invierten 12.000 millones de euros menos que la media de la Unión Europea en proteger a las familias y la infancia.