La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado su informe anual sobre el estado del Sistema de Atención y Ayudas a la Dependencia (SAAD) en España: al finalizar 2018 había 1.304.00 personas con la situación de dependencia reconocida, más de la mitad mayores de 80 años, y un tercio, mujeres. Durante el pasado año, más de 30.000 personas fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos ni recibir ayudas derivadas de la condición de persona en situación de dependencia. Esto es, una media de 80 personas al día.
De las personas reconocidas actualmente con algún nivel de dependencia, 250.000 siguen en listas de espera para ser atendidas. El 40% de ellas, alrededor de 100.000, son de tipo II o III –Dependientes Severos y Grandes Dependientes–. Resulta así que quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen la lista de espera, lo que evidencia que las Comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir este limbo con menores costes para el Sistema (dependientes moderados)“, analizan. Aunque el ”limbo“ de dependientes reconocidos pero no atendidos se redujo en 60.000 personas a lo largo del 2018 respecto al año anterior, la conclusión del Observatorio de la Asociación es que ”a este ritmo se tardarían más de tres años en atender la actual lista de espera“.
“Contrariamente a toda lógica no se han recuperado derechos y se mantienen los recortes del año 2012”, escriben en la nota remitida a los medios, a pesar de que los parámetros que analizan . Los parámetros que manejan desde la Asociación para valorar el SAAD tienen que ver con el número de personas atendidas, las listas de espera, el incremento de solicitudes y las valoraciones y servicios entregados. La mayoría de ellos han mejorado durante 2018 pero “igual que en los últimos años, ha sido en gran medida a base de servicios de menor coste dirigidos a los dependientes con Grado I y al esfuerzo financiero de familias y administraciones autonómicas”.
Desde la Asociación sostienen que, a pesar de no haberse aprobado los Presupuestos que revertían varias medidas que perjudicaban a la dependencia, se podría haber sacado adelante “un Decreto-ley perfectamente justificado por la urgente necesidad que representa la desatención de 250.000 personas. Se aprobaron veinticinco decretos-ley en ocho meses pero este no fue uno de ellos”. “Ahora se abre un escenario que generará incertidumbres y un parón hasta el invierno (¿?) que pone en peligro de nuevo la recuperación del sistema”, insisten
Recuerdan que la Ley prevé un gasto público estatal del 50% para la financiación del SAAD, pero solo aporta el 20,3%. El 79,7% restante proviene de las Comunidades Autónomas, y eso provoca que “las diferencias entre Comunidades siguen siendo muy elevadas”. Dos Comunidades, Andalucía y Cataluña, representan el 60% de la lista de desatención, calculan. La disminución de la financiación estatal a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 –con la reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado–, supone una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de recorte.
La Asociación de Directoras y Gerentes también habla de creación de empleo: hoy hay 247.114 empleos directos vinculados al SAAD, casi 29.000 más que en 2017. Si se atendiera ya a las 250.000 personas dependientes en espera, desde la Asociación calculan que se generarían más de 56.000 nuevos empleos directos.