Con 176 votos y aplausos, la mayoría parlamentaria formada por el PP, Ciudadanos, PNV, y PdCat selló la modificación de la ley de patrimonio natural: se permite el uso de especies invasoras en cotos de pesca y caza deportivas. El interés “social o económico” puede justificar que una de estas variedades salga del catálogo que las declara dañinas aunque fueran incluidas por un dictamen científico.
“El Gobierno respeta profundamente la decisión del Legislativo”, pero hay motivos, al menos formales, que no satisfacen al Ejecutivo, cuentan fuentes gubernamentales. Especialmente que se haya tomado la decisión sin atender a los criterios de la comunidad científica, analizan. En ese sentido, el diputado de Equo, Juantxo López de Uralde cuenta que “ninguno de los científicos” que pasó por los trabajos del Congreso apoyó una reforma en este sentido. La portavoz del PP, Teresa de Lara, replicó que su grupo tiene máximo “respeto” por los científicos: los que fueron a las ponencias “y los que no”, afirmó.
Lo cierto es que la presencia de especies exóticas que invaden los ecosistemas son un grave problema ambiental, según el consenso científico que guía la Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU. Una de la principales causas de pérdida de esa biodiversidad ya que estas especies llegan al medio natural, muy habitualmente por la acción humana, y medran en perjuicio de la fauna autóctona. La acción humana puede ser accidental, como el caso el mejillón cebra adherido al casco de embarcaciones transportadas hasta aguas del río Ebro o la fuga de visones americanos de explotaciones peleteras, también negligente como la suelta de caracoles manzana, animal utilizado como mascota y que ahora devora los arrozales de Tarragona o voluntaria con fines cinegéticos: desde los lucios a los siluros en la red fluvial.
La ley modificada sobre biodiversidad no agrada en el Ministerio de Transición Ecológica. De hecho, la ministra, Teresa Ribera, aseguraba que le resultaba “enormemente sorprendente y triste”, el rumbo que había tomado la modificación de la norma antes de que llegase el último trámite parlamentario del jueves pasado. Y lamentó que se prescindiera “del mejor estado de la ciencia”. No entendía que un diputado o un senador pudiera actuar “por una corazonada”.
Acción de las ONG
Los que no han aguardado ni un minuto han sido las grandes organizaciones ecologistas españolas que ya han demandado al Gobierno de Pedro Sánchez que “presente un recurso ante el Tribunal Constitucional”. Una acción así, en caso de ser admitida a trámite, paraliza la norma mientras se decide sobre el asunto.
SEO-Birdlife, Amigos de la Tierra, Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción han considerado que la regulación aprobada este jueves “marca un hito en la desprotección de la biodiversidad en España”. La directora ejecutiva de SEO, Asunción Ruiz, cree que esta decisión ha hecho que “el capital natural y todos nosotros estemos más desprotegidos”. El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, tuiteaba que esta nueva ley era fruto de “intereses puramente electorales”.
También tienen planeado elevar una cuestión de inconstitucionalidad en el incidente de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el listado de especies invasoras que elaboró el Gobierno del PP y que excluía algunas variedades. Una sentencia que provocó la proposición del PP para bordear el fallo del Supremo.
La nueva norma culminada el jueves supone una amnistía para especies consideradas por los científicos como perjudiciales, pero a las que los grupos que han votado a favor otorgan un valor económico o tradicional allí donde se aprovechan: la carpa, el black bass, el siluro o el lucio son variedades de peces incluidas en el grupo de especies invasoras más perjudiciales. Ahora pueden seguir siendo trofeos donde estuvieran presentes antes de 2007. El carnero del Atlas podrá seguir siendo cazado en los cotos murcianos donde se ha expandido. La ley ampara la suelta de ejemplares de trucha arco iris con el único fin de alimentar cotos de pesca.
El Partido Popular recurrió a la proposición de ley del grupo parlamentario y no al proyecto de ley cuando todavía estaba en La Moncloa para intentar alcanzar esta reforma. La proposición tenía la ventaja de no necesitar informes preceptivos previos. Hubiera requerido dictámenes del CSIC o del Consejo de Estado. “¿Favorables?”, se preguntan en Transición Ecológica donde defienden que habría sido preferible un proceso más participativo a la hora de regular “en una materia que afecta a la ciudadanía como es el bien común de la naturaleza”.