Polémica con la adjudicación de plazas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). La universidad está viendo cómo en los últimos meses el Tribunal Supremo (TS) está anulando una a una las plazas que sacó a concurso en 2012 sobrepasando en un 2.400% la tasa de reposición permitida por ley. ¿La respuesta del centro? Volver a sacar las plazas y, de momento, ir adjudicándoselas a las mismas personas que las han ido perdiendo.
Uno de los implicados en este proceso de pérdida y recuperación de plazas es el vicerrector de Profesorado e Investigación, Luis Miguel Doncel, que es precisamente la persona encargada de llevar a cabo estos procesos de selección del profesorado. Cuando se ejecutó la sentencia y perdió su plaza, Doncel volvió automáticamente a ser profesor interino, su antigua condición, que según la normativa del propio centro le inhabilita para ser vicerrector por no ser funcionario de carrera.
Sin embargo, la URJC no ha querido informar de si ha dejado de serlo en algún momento. El asunto podría tener una gran repercusión, porque según se publicó en el BOE “la anulación del citado nombramiento debe retrotraerse al momento de la toma de posesión como Profesor Titular, permaneciendo a partir de esa fecha en la situación y categoría laboral que le vinculaba a la Universidad (...), con los efectos económicos y administrativos que procedan”. En román paladino, todos los actos que ha llevado a cabo desde marzo de 2013 podrían quedar anulados y deberá devolver los complementos económicos por el cargo que haya recibido estos años.
Desde la propia universidad y las administraciones se lavan las manos respecto a este asunto y todo el proceso. El director de comunicación de la URJC, Javier Pérez, se ha limitado a contestar a una batería de preguntas realizadas por este diario con que “todo se ha hecho conforme a derecho”. ¿Ha llegado a dejar el cargo el vicerrector, que ya vuelve a figurar como tal, o sólo desapareció de la web durante un tiempo? ¿Va a devolver los complementos que ha cobrado todos estos años en los que no tenía que haber ejercido tal y como debería? ¿Teme la universidad que todos los actos que ha realizado (adjudicación de fondos, contratación de personal, mejoras retributivas a través de complementos) pudieran no ser válidas porque estaba ocupando el vicerrectorado de manera irregular? “Todo se ha hecho conforme a derecho”, ha sido la única respuesta, pese a que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificadas por el Tribunal Supremo hayan dicho lo contrario.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que fue quien en origen recurrió las plazas por exceder la tasa de reposición que él mismo había establecido en aras del ahorro, tampoco se ha interesado por el proceso posterior. Considera el departamento que su labor quedaba realizada con recurrir los nombramientos y no ha querido ir más allá, según explicó en su día una portavoz.
La secuencia de los actos es la siguiente: una a una, el Tribunal Supremo ha ido confirmando las sentencias que emitió el TSJM en las que afirmaba que las plazas que convocó y adjudicó la universidad en 2012, cuando ya sabía que no podía hacerlo, eran ilegales porque sobrepasaban la tasa de reposición permitida para ese año por el Gobierno (que era del 10%). Al menos 15 plazas fueron tumbadas por la Justicia, según ha podido confirmar este diario. La universidad no ha querido ofrecer ninguna información respecto al proceso.
Pero sí se sabe que una a una, sin solución de continuidad respecto a la ejecución de las sentencias, la universidad está sacando concursos que casualmente están ganando las mismas personas que perdieron las plazas, de modo que las sentencias del Supremo quedan sin efecto real. Ya lo ha hecho con al menos dos (el citado vicerrector y un profesor de Física Aplicada) y hay otras cuantas en proceso.
Secuencia de fechas
La sucesión de hechos y fechas en el caso de Doncel y Seoane, el profesor de Física Aplicada que también ha recuperado su plaza, dan muestras de cómo ha sido el proceso, que algunas fuentes consultadas tachan de “fraude de ley” aunque otras consideran que, siendo “sospechoso” o “irregular”, puede haberse ajustado a la legalidad. En cualquier caso, cualquier afectado podría solicitar en ejecución de sentencia que se anulen todos estos nombramientos firmados por Doncel, según establece el artículo 103.4 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La plaza de Doncel fue adjudicada en 2013. Recurrida por el Ministerio de Hacienda, el TSJM la anuló junto a otras 24 plazas convocadas ese mismo año. La URJC evitó acatar las sentencias y recurrió todas las anulaciones ante el Supremo. Y el TS ha ido dando carpetazo jurídico al tema confirmando que las plazas vulneraron la legalidad. La de Doncel fue anulada el 23 de febrero de este mismo año, y el Alto Tribunal daba, según estipula la ley, dos meses a la universidad para ejecutar voluntariamente la sentencia, plazo que el centro apuró. El 18 de febrero, cinco días antes de la publicación de la ejecución de la sentencia, la URJC, conocedora de lo que se venía, convocaba una plaza exactamente igual a la que se iba a anular. El 25 de abril, dos días después del plazo de dos meses que el TS otorgaba a la universidad, Doncel ya había ganado el concurso y tenía la plaza otra vez en propiedad, según publicaban el BOE y el BOCM. Su proceso de selección presenta algunos hechos destacables. Por ejemplo, que figuraba como única persona en la relación provisional de admitidos del concurso y que, pese a que existe un plazo legal de diez días para recurrir, a los seis ya era el único admitido de manera definitiva.
Los pasos con Jesús Miguel Seoane Sepúlveda, profesor en el área de conocimiento de Física Aplicada, son similares. El Supremo anuló su plaza el 15 de diciembre de 2015. Una semana después, el 22 de diciembre, la Universidad Rey Juan Carlos convocaba de nuevo esta misma plaza anulada. Mientras se resolvía el concurso, se publicó la ejecución de dicha sentencia en el BOE el 18 de febrero de 2016. A los pocos días, el 29 de febrero, el BOE daba cuenta de que el mismo Seoane volvía a tener su plaza en propiedad.
Al menos 15 plazas anuladas
Siguiendo esta línea de actuación, el TSJM ha anulado, al menos, otras 13 plazas (además de estas dos) de las 25 que convocó la universidad en 2012, que haya podido confirmar este diario, porque la universidad no ofrece datos. Y el Supremo está confirmando la validez de estas anulaciones. La universidad, tras resistirse en inicio, ha acabado acatando las resoluciones del tribunal. Pero en paralelo está sacando las mismas plazas de nuevo. Además de las ya mencionadas, ha convocado plazas en Organización de Empresas e Ingeniería Química, dos de los departamentos donde han sido anuladas otras.
Cuando el gobierno, durante los recortes, estableció que la tasa de reposición de funcionarios públicos se quedaba en un 10%, varias universidades intentaron apurar los plazos y convocaron concursos para adjudicar algunas plazas a personal docente. Pero el Ministerio de Hacienda, responsable del control de los funcionarios públicos, solicitó a todas ellas que retiraran estos concursos. Las universidades aceptaron, URJC incluida. Pero el entonces rector, Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional, cambió de opinión y decidió que pese a todo sacaría las plazas. Hacienda fue impugnando todos los concursos. Ganó. Pero la URJC ha vuelto a iniciar el proceso como si nada hubiera ocurrido.
Este artículo ha sido editado a las 13.10 para eliminar una referencia incorrecta al número de plazas que la URJC puede convocar este año.