“Nosotros, antitrasvasistas convencidos, solicitamos al Ministerio un trasvase, ya que es el único lenguaje que entiende”. Si no puedes con tu enemigo, únete a él.
Es la nueva estrategia de la Asamblea para la Defensa del río Tajo de Aranjuez. “La política del Ministerio hace que llevemos la situación al absurdo. La petición de un trasvase desde la cabecera del río Tajo hacia el curso del propio río es un grito desesperado que lanzamos al ministro para que sepa que sus políticas trasvasistas están matando al Tajo y están condenando el futuro de las ciudades de la cuenca. Lo pedimos los colectivos en defensa del Tajo porque el propio río lo suplica”, explica Fernando Cuerva, miembro de la plataforma de Aranjuez.
A 292 kilómetros de distancia, las aguas del Tajo, enfermas y casi muertas en Madrid y Toledo, riegan huertas del Levante. En 1978 se construyó el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura compuesta por canales, acueductos y túneles que aún hoy sigue despertando críticas.
Los diferentes colectivos sociales por la defensa del río más largo de la península denuncian que en realidad el Tajo no pasa por su cauce, “sino en mayor cantidad y mejor calidad por el trasvase Tajo-Segura”, y desemboca no en Lisboa sino, “en gran medida, en la huerta murciana”. La petición pública de autotransfusión, que este lunes se registra en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, muestra el cambio de estrategia de una guerra que nació hace años pero cuyas batallas se recrudecen por momentos.
La última gota del vaso es un memorándum firmado, “en secreto y con total opacidad”, según la Fundación Nueva Cultura del Agua, entre el Ministerio y varios Gobiernos regionales, todos del Partido Popular. Un documento que afecta a la Ley de Evaluación Ambiental y que se tramitó mientras se estaba sometiendo a información pública el Plan Hidrológico del río Tajo, al que se presentaron más de 12.000 alegaciones. Todas han sido rechazadas. “Nos tuvieron entretenidos mientras el lobby trasvasista dictaba las reglas de gestión del río Tajo”, añade Cuerva.
La nueva normativa establece la obligación de trasvasar agua a partir de un determinado caudal, es decir, “ya no es una posibilidad sino una obligación. Al Tajo se le mantiene en su estado agónico y, por ejemplo, si Madrid necesita más agua en un momento dado, no puede tirar de los embalses de cabecera porque esa agua está ya asignada al trasvase”, explica la investigadora en política y gestión de aguas Nuria Hernández-Mora.
En el Consejo Nacional del Agua, Santiago Martín Barajas, responsable de agua en Ecologistas en Acción, habló de “barbaridad” porque sostiene que, si se fija por ley una cantidad trasvasable, habría que indemnizar a los regantes en caso de que no se cumpla. Desde la otra orilla, el Ministerio califica el acuerdo como “histórico”.
Recurso de inconstitucionalidad
El cambio de táctica de las diferentes organizaciones que defienden el Tajo no ha sido la única reacción ante la nueva legislación gubernamental que está fomentando la mercantilización del agua. En Aragón, comunidad en la que nace el Tajo y que es regada por el Ebro, la respuesta ha tomado otro curso. Las Cortes autonómicas van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental por considerar que da validez legal a un posible trasvase del Ebro.
Un informe del servicio jurídico de las Cortes apunta que la tramitación de la ley prescinde “de los mecanismos establecidos para garantizar la participación autonómica en la planificación hidrológica”, incurriendo “en un vicio de inconstitucionalidad”. Considera, además, que posibilita el trasvase entre cuencas al margen del Plan Hidrológico Nacional y “viene a menoscabar el régimen de participación en la gestión del agua que impone el principio constitucional de cooperación”.
La iniciativa del recurso manó del Partido Aragonés, que, según explican fuentes de la formación, considera que la Ley de Evaluación Ambiental permite aprobar trasvases mediante una mera autorización de una Dirección General del Ministerio, y no a través de una ley como sucedía hasta ahora.
El envite al río más caudaloso del Estado también llega desde las trincheras del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Y aquí las reacciones más bravas son las de Cataluña: la Generalitat va a presentar una denuncia ante la Comisión Europea contra el plan “porque es lesivo para la preservación del delta”. Desde la Consejería de Territorio y Sostenibilidad están estudiando si el caudal mínimo de 3.220 hectómetros cúbicos anuales aprobado para el tramo final del río contraviene la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
Esta normativa comunitaria exigía tener realizados todos los planes de cuenca para 2009. La demora en el caso español ha provocado ya sanciones por parte de la Comisión Europea. La cuantía de la multa no ha trascendido, pero se habla de entre 30 y 60 millones de euros.
Y hay quien espera futuras sanciones porque, en palabras del economista Pedro Arrojo, “se está incumpliendo todo lo que se refiere al cálculo de nuevos caudales ambientales que garantizan el buen estado ecológico de los ríos”. En este punto es precisamente donde radica la respuesta de Cataluña: el caudal mínimo exigido por la Generalitat es de 7.000 hectómetros cúbicos anuales, casi el doble de lo finalmente aprobado.
El “macrolobby” de los regantes
“No deja de ser paradójico que se nos acuse de dejar en un segundo plano la protección de las aguas y de los ecosistemas cuando, por el contrario, en los programas de medidas de los planes hidrológicos que hemos tramitado el grueso de las inversiones va destinado, por lo general, a la protección ambiental. Los nuevos planes de cuenca son mucho más conservacionistas que sus precedentes e incluso que los del resto de Europa, ya que hemos incorporado a nuestra planificación requisitos que no estaban contemplados en la Directiva Marco del Agua”, justifican fuentes ministeriales a eldiario.es.
El golpe en la mesa de Cataluña ya ha provocado las primeras reacciones: sin contacto alguno durante los ocho meses de tramitación del plan, el ministro Miguel Arias Cañete se ha reunido en los últimos días con el consejero catalán Santiago Vila. La creación de un grupo de trabajo ha sido el resultado de la rápida reunión.
De momento, la Plataforma en Defensa del Ebro ha anunciado una manifestación para el domingo 30 de marzo. Sus críticas van más allá de los caudales y reprueban también la creación de 445.000 nuevas hectáreas de regadíos, cuando actualmente hay 965.000. “Esta propuesta resulta totalmente absurda, no hay recursos económicos para llevarla a cabo, ni tampoco recursos hídricos suficientes en la cuenca para abastecer a esos nuevos regadíos”, subraya Santiago Martín Barajas, quien apunta hacia los regantes: “No son el lobby, son el macrolobby”.
“Se está dando una imagen completamente injusta e incoherente del regadío, cuando los regantes somos los primeros ecologistas. Se ha pasado de ignorar las consecuencias ambientales de cualquier actividad a un fundamentalismo ambientalista, que no sólo exagera los impactos negativos que pudieran derivarse de la actividad del regadío, sino que llega incluso a ignorar los efectos positivos de esta actividad”, responde el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo.