España tiene menos delitos que la media europea pero más personas encarceladas
La Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP) ha presentado el Estudio sobre la realidad penal y penitenciaria: una visión desde las entidades sociales. El informe, que pretende desmentir que tengamos un sistema penal “blando”, demuestra que la duración de las penas de prisión y la tasa de encarcelamiento españolas superan la media europea a pesar de que la tasa de delincuencia es muy inferior a la de otros países. Las organizaciones defienden que la privación de la libertad se reduzca al mínimo indispensable y consideran que las políticas públicas deben garantizar la reinserción de las personas que han cometido un delito.
España no es un país inseguro
“En España se cometen pocos delitos y muy pocos delitos violentos” ha afirmado Juan Carlos Jiménez, Coordinador del Programa Personas Privadas de Libertad de la Fundación Adsis, una de las organizaciones participantes. De acuerdo a los datos recopilados, la tasa de delincuencia española –de un 44,7%– es significativamente inferior a la media europea, que se eleva hasta el 61,3%. Jiménez ha recalcado que la seguridad de nuestro país es mayor que la de nuestros vecinos europeos más próximos, ya que la tasa de criminalidad está muy por debajo de países considerados “muy seguros” como Suecia, Dinamarca y Finlandia.
El estudio también hace hincapié en la tipología de los delitos que se cometen en nuestro país. Según los datos, el 76% de las infracciones de la ley son delitos contra el Patrimonio –tres de cada cuatro– mientras que los delitos de carácter violento son una parte muy inferior del total de los delitos cometidos. Además, la tasa de homicidios española es la tercera mas baja de Europa.
Tasa de encarcelamiento alta
El número de personas privadas de libertad en nuestro país es de 133 por cada 100.000 habitantes, un 34% por encima de la media europea. El informe revela que la tasa de encarcelamiento española es más del doble que Finlandia, Suecia o Dinamarca y que la población penitenciaria se ha multiplicado por 8 en los últimos 40 años. Desde ROSEP, creen que esta tasa “pone en evidencia el exceso de población penitenciaria existente en nuestro país”.
Jorge Ollero, Coordinador del Área Jurídica y de Justicia Restaurativa de la Federación Andaluza Enlace, ha señalado que no hay una relación clara entre la delincuencia y el encarcelamiento: “Es bastante incongruente el observar cómo, mientras que la tasa de criminalidad se ha mantenido prácticamente estable desde los años 80, aumenta el número de personas encarceladas”. De acuerdo a los criminólogos consultados por ROSEP, este aumento de las personas en prisión se corresponde con un aumento de la duración de las penas provocado por las continuas reformas del Código Penal que han incrementado la dureza del sistema punitivo.
“Si tuviéramos una tasa de encarcelamiento acorde a nuestra tasa de criminalidad y a la media europea, nuestra población penitenciaria debería ser de 30.769 en vez de 61.614” reza el informe presentado. Desde ROSEP, creen que la reducción de las personas encarceladas sin que aumente la criminalidad ni la alarma social es posible, tal y como han demostrado países como Finlandia donde se utilizan medidas alternativas a la prisión para los delitos más comunes.
España responde a los problemas sociales con medidas punitivas
El estudio acusa a la desigualdad social y relaciona el exceso de población penitenciaria con un déficit en nuestro Estado del Bienestar. Ollero ha señalado que es necesaria una “racionalización de la realidad penitenciaria española” y que la prisión no debe usarse como una solución a los problemas sociales que están en la raíz de la mayoría de los delitos. Para ello, las organizaciones que componen ROSEP apuestan por la ampliación del abanico de penas alternativas para que la prisión se convierta en el último recurso.
Además, estos colectivos exigen la regulación de mecanismos de Justicia Restaurativa, como la mediación, que permitan una solución pactada del conflicto y la eliminación de la prisión permanente revisable, introducida en la nueva reforma del código penal aprobada por el congreso el año pasado.
