El nombramiento de Teresa Ribera (Madrid, 1969) como vicepresidenta completa el viaje que el presidente Pedro Sánchez ha realizado hacia la política medioambiental. Sánchez recuperó a Ribera en 2017 para colocarla a la cabeza de la Transición Ecológica en el PSOE y la escogió para darle un superministerio al llegar a la Moncloa con la moción de censura de mayo de 2018. Le asignó, no solo las competencias de medioambientales, sino que le añadió las de energía. Le puso a lidiar con las grandes compañías eléctricas.
Ahora, Ribera manejará la transición hacia una economía descarbonizada que afronte la emergencia climática desde la vicepresidencia del Gobierno. Además, ha añadido las competencias sobre el reto demográfico, según han detallado fuentes de gubernamentales. El cargo llega en un momento en el que han aparecido nuevos discursos negacionistas que ponen en duda medidas para atajar el cambio climático.
El interés de Pedro Sánchez por dotar de relevancia esta cartera tuvo un espaldarazo cuando ambos políticos apenas dudaron a la hora de ofrecer Madrid como sede alternativa para celebrar la cumbre climática de diciembre pasado una vez que Chile renunció. La sintonía para meterse en ese problema logístico y organizativo fue muy grande.
A Teresa Ribera, el final abrupto de la legislatura en 2019 le dejó sin aprobar dos piezas fundamentales en materia de transición ecológica: la ley de cambio climático y el Plan Integrado de Energía y Clima que ahora revisa la Comisión Europea. Su continuidad en el Ejecutivo estuvo garantizada desde casi el prinicipio.
Situada desde hace largo tiempo en el núcleo medioambiental del PSOE, fue jefa de la Oficina Española de Cambio Climatico y luego secretaria de Estado de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. La llegada de Mariano Rajoy (PP) a la Moncloa hizo que saliera a ejercer como asesora, entre otros organismos, del Instituto de Desarrollo Sostenible de Relaciones Internacionales en París. Regresó al Ejecutivo con la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 ya como ministra.
El cargo le llega a la política madrileña después de organizar de forma exprés la Cumbre del Clima de la ONU en Madrid en diciembre pasado. La presidenta de la COP25, la ministra chilena Carolina Schmidt, convocó a Ribera para desbloquear la cumbre en una de las citas climáticas más maratonianas desde que se formó la convención de la ONU.
El plan de trabajo pendiente incluye sentar las bases para la reducción de emisiones de CO mediante la generación de entre un 85-95% de la electricidad con fuentes renovables para 2040, aprobar la norma para que las ciudades de más de 50.000 habitantes deban crear zonas de bajas emisiones o impulsar un calendario de cierre de centrales térmicas y nucleares. También implementar un instituto para la transición justa con la idea de crear tejido económico y puestos de trabajo en las zonas y sectores afectados por esta reconversión de manera que una crisis social no haga descarrilar los objetivos ambientales.
Además de la parte energética, la ministra deberá lidiar con una reestructuración del sector del agua tanto desde el punto de vista del saneamiento (por el que España abona una muta periódicamente a la Unión Europea por incumplir la normativa) como del consumo.
La 'España vaciada' llega a la vicepresidencia
La idea del Ministerio para el reto demográfico, o para la España vaciada, venía rondando desde el 28A, cuando, unas semanas antes los escaños de ese territorio se habían convertido en centro de disputa y, además, poco antes de la cita electoral se había celebrado 'la revuelta de la España vaciada'. Fue una manifestación impulsada por la entonces plataforma Teruel Existe, ahora agrupación de electores con un escaño que ha votado 'sí' a la investidura y que tenía esta cartera entre sus peticiones. Entender los retos a abordar empieza por la definición de la “España vaciada”: en el 53% del territorio estatal (4.375 municipios) vive solo el 5% de la población española. Finalmente, las medidas para el 'reto demográfico' estarán dentro de la vicepresidencia de Ribera.
El Gobierno de Sánchez ya aprobó in extremis, a finales de marzo, una Estrategia para el Reto Demográfico. Cumplirla, y concretar algunas de las medidas que ahí estaban incluidas, será la principal tarea. Entre los proyectos avanzados en ese documento: el avance de internet de alta velocidad y de la digitalización en todo el territorio, la mejora de servicios básicos como atención a la dependencia o a la educación “en condiciones de equidad y adaptadas a las características de cada territorio”, y ayudas al emprendimiento.
En el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos, además, se añadían otras propuestas aparte de la Estrategia, como la creación de oficinas de despoblación en comarcas, y un Plan Nacional de Desarrollo Rural para revitalizar la estructura social y económica.
La nueva vicepresidencia tuvo polémicas en su anterior gestión por declarar que no le agradaba la caza o decir que la fiscalidad del diésel debía aproximarse a la de la gasolina, según indican organismos como la Comisión Europea o la OCDE. Para los próximos años se le dibujan también en el horizonte frentes abiertos, por ejemplo, en el Levante a cuenta del trasvase Tajo-Segura para regadíos y las medidas para intentar salvar la degradación ambiental del Mar Menor.