“Doñana no se toca”. Así de contundente se mostró Pedro Sánchez ante la admisión a trámite en el Parlamento andaluz de la ley con la que Juan Manuel Moreno Bonilla pretende indultar los regadíos ilegales del entorno del Parque Nacional. Y el Gobierno mantiene la presión. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se reunirá este martes en el marco del consejo extraordinario de ministros de Medio Ambiente en Estocolmo con el comisario al frente de esa cartera, Virginijus Sinkevicius, para abordar la crisis de Doñana.
El Ejecutivo quiere aprovechar la sintonía de Bruselas en este asunto. La Comisión Europea amenazó a España con una multa multimillonaria si el Gobierno andaluz persiste con su plan legislativo al considerar que supondría una “violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que condenó a España por la situación de Doñana. No obstante, ese fallo no iba acompañado de sanciones económicas. El gobierno comunitario está analizando la información que, posteriormente, le envió el Gobierno.
El encuentro de la responsable de Transición Ecológica tendrá lugar unos días antes de la reunión prevista el 3 de mayo en la que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, quiere explicarle a miembros del departamento de Medio Ambiente la iniciativa legislativa. El Gobierno regional sostiene que la Comisión Europea no está recibiendo la información correcta sobre sus planes.
“La Comisión está francamente preocupada y vicepresidenta también por las consecuencias medioambientales para Doñana y por las económicas que puede haber, tanto para la recepción de fondos europeos como para la comercialización en Europa de las fresas y frutos rojos por parte de las grandes cadenas europeas de distribución”, señalan fuentes gubernamentales.
La grave crisis que atraviesa Doñana ha motivado una ofensiva también en el Parlamento Europeo. Los socialistas y demócratas han organizado un viaje a Doñana para que los eurodiputados conozcan de primera mano la situación. También ha solicitado una reunión con el vicepresidenta de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, y con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus SinkeviÄius, para abordar el asunto.
IU ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea, a la que insta que intervenga para frenar el plan legislativo que PP y Vox impulsaron en el Parlamento andaluz. La delegación pilotada por Sira Rego considera que el gobierno comunitario puede adoptar medidas cautelares bajo el principio de precaución, que le permite dar una respuesta rápida si detecta peligro para la salud humana, animal o vegetal, o para proteger el medio ambiente. En Bruselas, no obstante, evitan pronunciarse sobre las hipotéticas respuestas que podrían dar.