Cuando Iñigo leyó en este periódico la victoria de Jacobo sobre su director de tesis, se sintió tan identificado que tuvo la necesidad de contar su caso. Como Jacobo, este investigador predoctoral –el nombre está cambiado para proteger su anonimato– tenía un contrato con un centro de investigación en Donostia a través de la Universidad del País Vasco. Pero las labores que le caían excedían su contrato: horas extras sin remunerar, incluidos fines de semana, humillaciones de sus directores de tesis y altas presiones. No lo aceptó y puso una denuncia ante un juzgado de lo Social.
Los problemas de Iñigo no se limitan a que haya estado trabajando gratis. Su situación le ha provocado una depresión diagnosticada que le ha tenido de baja. El servicio de psiquiatría diagnosticó un “trastorno mixto ansioso-depresivo” y explicaba en el informe médico que su “falta de motivación para realizar actividades está relacionada con su situación laboral”.
Iñigo quizá no lo sabía, pero su situación es la extraña normalidad de los doctorandos españoles: quienes se embarcan en la tarea de escribir una tesis en este país tienen seis veces más probabilidades de tener problemas mentales que la población general. Doctorarse es perjudicial para la salud mental.
En la carrera investigadora, los directores de tesis o el jefe de proyecto acumulan mucho poder. Obtienen la financiación y el control total de las decisiones sobre su equipo de trabajo y son muchos los doctorandos que denuncian que estas prácticas se dan habitualmente y desde hace años, pero que “es un mundo en el que nadie quiere denunciar por miedo a las represalias”. Prosperar en el cerrado ambiente académico depende en ocasiones de tener un padrino y los doctorandos tienden a aceptar cargas de trabajo que no les corresponden. Tras publicar hace unas semanas el caso de Jacobo, varios de ellos han contactado con elDiario.es para contar sus historias.
El caso de Iñigo ilustra bien esta situación paso por paso. Tras incorporarse de su baja, “los directores le pedían tareas para las que no tenía conocimiento”, cuenta su abogada, Irati Aizpurua Alkezar, e incluso lo echaron de grupos de trabajo “sin legitimación ninguna”.
En diciembre de 2020, sus directores le impidieron seguir trabajando y le dieron de plazo hasta febrero para conseguir un nuevo director. Iñigo decidió denunciar también ante Aldezle, institución encargada de velar por los derechos de la Comunidad Universitaria. Recibió una llamada indicándole que su situación era difícil, “por los cargos de quienes estaban implicados en este conflicto”, asegura. Su letrada señala que antes ya había solicitado la apertura del Protocolo de Acoso en el centro de trabajo, pero no existía en materia de salud y seguridad laboral. Escribió también a la escuela de doctorado de la UPV y a la Agencia Estatal de Investigación rogando “asistencia en una situación de acoso laboral”. No obtuvo respuesta del primer organismo y el segundo “alegó no poder intervenir”.
Finalmente, el centro de investigación decidió extinguir el contrato en agosto de 2021, con una calificación negativa en la evaluación de su tesis. Iñigo ha interpuesto la demanda judicial ante el organismo, pero aún está en proceso resolutivo.
“Nos hacía bullying a todo el equipo e incluso nos prohibía tener hijos para no coger la baja"
Sandra —pseudónimo— comenzó su tesis doctoral hace tres años. Tras un año y medio trabajando gratis, consiguió financiación. Fue en la Universidad de Huelva con un contrato FPI (Formación de Personal Investigador, del Ministerio de Ciencia) para un proyecto I+D+i en el que aún continúa. Pero poco duró la normalidad laboral: “Mi director me pidió que corrigiese proyectos de TFM (Trabajo de Fin de Máster que realizan los graduados universitarios) de universidades privadas por los que él cobra 350 euros”. “Si no lo hacía me amenazaba con quitarme la remuneración de mi contrato”, relata.
La situación llegó al límite para Sandra cuando se contagió de COVID: “Estuve muy enferma y se me exigía trabajar en fin de semana”. La investigadora sostiene que el acoso laboral llegó al punto de que el director le insistía por Whatsapp si no respondía a los mails fuera de horario. Le ha acabado afectando a su salud mental: “Llevo semanas con cuadros de ansiedad y estrés tremendos. Te hacen sentir que no vales nada”. Cuenta a elDiario.es que está en trámites con la universidad para denunciar su situación. No obstante, dice sufrir “violencia institucional”. Necesita la firma de su actual tutor para comenzar una nueva de cero. Ahora, se plantea acudir ante Inspección Laboral, “aunque tampoco es fácil”.
También en las becas más prestigiosas
Este tipo de situaciones no están limitadas a España ni a los predoctorales sin contrato o con ayudas de menor categoría. Lo sabe la investigadora en neurociencia Celia Arroyo-López. En 2008 estaba dando clases en la universidad y le surgió la oportunidad de sacar una ayuda Marie Curie, uno de los programas internacionales más destacados para investigadores dedicados a la innovación, en la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse, en Francia. A los pocos meses, comenzó a sufrir los abusos laborales de sus directores de tesis.
“Infravaloraban mi trabajo, se metían con mi físico, me insultaban y me presionaban. Iba con pánico a trabajar”, relata. “Nos hacía bullying a todo el equipo e incluso nos prohibían tener hijos para no coger la baja. Hemos llegado a tapar a una compañera para que no la echase”, lamenta. En un periplo entre contratos “en negro” y temporales, consiguió acabar su tesis. Aún así su director no quería publicarla. “Se publica lo que interesa a la Academia, no a la sociedad”, opina Arroyo-López.
Durante este impasse, le salió otra oportunidad que, averiguaría después, acabaría trayendo más problemas. Fue en la Universidad de California en Davis, en Estados Unidos. “Me contrataron por 2.000 dólares al mes (1.846 euros), diciéndome que subiría mi sueldo cuando tuviese el certificado de la tesis”, dice. El problema es que cuando llegaron las nóminas eran cantidades menores; “Unos 1.200 dólares, dependiendo del mes”. Revisando su contrato, la investigadora se percató de que estaba cobrando un 65% de la nómina porque, según su directora, su “capacidad para la investigación no era la válida”.
En 2015 su antiguo director de tesis accedió finalmente a firmarla. Así podría firmar un contrato posdoctoral, con una mayor remuneración. La directora de Estados Unidos le ofreció un contrato de seis meses. Firmó. Su sorpresa llegó cuando tenía que renovar la visa en Estados Unidos. Los contratos posdoctorales, como mínimo, eran de un año en ese momento y el suyo era de la mitad, como ha comprobado este diario. “En la página web aparecía un contrato de un año sin mi firma. Era un fraude”, dice.
Anticipándose a la denuncia que intuía le iba a caer, su directora denunció a Arroyo-López ante la Universidad por bajo rendimiento. De la noche a la mañana recogieron las cosas de Celia y las enviaron a otro edificio: “Me aislaron. No podía ni contactar con los compañeros”. Su directora le mandó escribir dos artículos. “Por orgullo los acabé”, cuenta. No obstante, su jefa no los publicó e incluso llegó a usar datos sin reconocer su autoría. La investigadora se quejó ante la revista, que contactó con la Universidad, pero “esta no tomó las medidas pertinentes”, denuncia.
Arroyo-López volvió a España. Como no había publicado artículos en esa época, volver trabajar de profesora “era imposible”. Estuvo varios años en el paro. Finalmente, cuenta, en un congreso de las becas Marie Curie, en 2019 “salí del armario”. No se iba a quedar callada. Desde entonces, ha interpuesto hasta tres peticiones en el Parlamento Europeo para la creación de un órgano europeo para la prevención del acoso en los círculos académicos. Las dos primeras fueron rechazadas. La última, de diciembre de 2020, fue presentada y aceptada en la Eurocámara a través Izquierda Unida, pero en este caso fue la Comisión Europea quien la desestimó y la ha relegado a “abierta a adhesiones”.
Una situación que se repite desde hace años
Una situación de fraude también ha sufrido también a David —nombre cambiado— en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) durante su contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación. Él aún no había acabado su tesis pero, tras finalizar su financiación de FPU, el director le dijo que si quería continuar trabajando, debía hacerlo cobrando el desempleo y “esperando que llegase financiación”. “Era para que no pudiera denunciarles por encadenar contratos temporales”, asegura David. Mireia Bazaga, abogada laboralista, sostiene que esto “es un incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores”.
María tiene su propia historia. Cursó un Máster y una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) le ofreció el doctorado. Empezó sin remuneración. Tres años después, la profesora le ofreció a un doctorado “más en serio”: cobraba 500 euros al mes como falsa autónoma. “Pagando la cuota de autónomos se me quedaba en poco más de 100 euros y el transporte en Barcelona me costaba 70”, cuenta. “Nunca tuve una tutoría sobre la tesis. Le organizaba las clases, trabajaba en sus proyectos o incluso le contestaba los emails… Trabajaba para ella”, critica. En 2016, su directora le dijo a María que no le podía pagar más por el proyecto y, motivada por el despido de un compañero que “daba clases por ella”, abandonó el doctorado.
Sin retorno a la investigación
Como María, son muchos quienes abandonan la carrera investigadora tras andar parte del camino. Isabel —pseudónimo— empezó en el 2009 trabajando gratis y en 2010 con un contrato FPU en la Universidad de Granada. Tenía dos directoras. “En cuanto leí la tesis no quise saber nada más de ellas ni de la investigación”. “Me insultaban en público y en privado”, relata. “No he tenido vacaciones porque mi directora tenía prisa en publicar la tesis”, dice.
Laura —nombre cambiado— cuenta que en la Universidad de Loyola, privada, con un proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona, “ejercíamos de ayudantes de la directora”. “Era un grupo muy sectario. Mi directora tenía también mucha presión desde arriba”, explica y “trasladaba esas presiones a su equipo investigador”. “Era difícil denunciar al Comité de Ética porque ella era una de sus integrantes”, destaca.
Una práctica ilegal reproducida por quienes lo sufren
Aunque muchos directores de tesis reproducen estas prácticas, no todos lo defienden. Para Fernando Maestre, Investigador Distinguido de la Universidad de Alicante, el problema viene de que “exista la posibilidad de hacer la tesis a coste cero”. “No se debe permitir el trabajo gratuito”, subraya quien ha dirigido hasta 12 tesis doctorales. “Si en mi departamento no podemos pagar a alguien, no lo contratamos”, detalla sobre el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global que dirige.
Para Ermengol Gassiot, director de tesis en la UAB, la situación viene de una “infradotación en el sistema científico español”. “La falta de recursos hace que los doctorandos acaben reproduciendo ese trato si se convierten en directores de tesis”, explica. “Hay tan pocas oportunidades que se acaban dando estas situaciones”, corrobora Maestre.
Tanto para ambos directores de tesis como para los doctorandos entrevistados, los máximos responsables de las malas prácticas son los organismos públicos que los permiten. Desde el Ministerio de Universidades, consultado por elDiario.es, delegan responsabilidad en cada universidad, pero según los investigadores que han vivido los abusos laborales, estas no tienen unas hojas de ruta claras. “Las universidades deben sancionar a quien comete estas acciones. No les perjudica explotar a la gente”, critica Maestre. “Los doctorandos no están protegidos ante los abusos laborales”, lamenta Bazaga.