Laura López
Madrid, 19 feb (EFE).- Cuando Jaider Cantillo acudió al banco a abrir una cuenta en la que domiciliar su nómina tras haber conseguido por fin su ansiado permiso de trabajo en España, el responsable de la sucursal le negó este servicio por ser colombiano, ya que su dinero podría estar vinculado al narcotráfico, según relata el afectado en una entrevista con la Agencia EFE.
Situaciones como esta es la que denuncian entidades sociales como Red Acoge, CEAR o Movimiento por la Paz, que advierten de un mal uso por parte de las entidades de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Bajo el pretexto de aplicar esta ley, exigen a inmigrantes de ciertas nacionalidades como Colombia, Irán o Siria requisitos extra que, en la práctica, impiden su acceso a una cuenta de pago básica a la que, al menos sobre le papel, tienen derecho.
“Me sentí una cucaracha”, confiesa Cantillo al recordar su experiencia hace un año en una sucursal bancaria de Burgos.
Después de tres años en España, donde Jaider pidió asilo político tras huir de Colombia junto a su mujer y sus dos hijos con discapacidad, aquel era su momento “arrancar” una nueva vida.
Por eso para él fue como un jarro de agua fría cuando el trabajador del banco, según narra, le negó el acceso a la cuenta con estas palabras: “Colombia es un lavador de narcotraficantes”.
“Me sentí mal, mal, mal por la forma en que me lo dijeron... ¿Acaso no soy yo una persona y no tengo dignidad como para que me traten así?”, se cuestiona este padre de familia de 51 años.
Fuentes de la entidad bancaria en cuestión consultadas por EFE niegan rotundamente que la entidad denegara la apertura de la cuenta en base a la nacionalidad del solicitante y explican que requirieron la documentación correspondiente, en base a la ley de prevención del blanqueo de capitales, y este nunca la aportó.
El manual de la entidad para la aplicación de esta ley recoge una lista de casi 200 países o territorios considerados de “alto riesgo”, entre los ellos Colombia, en base a factores como haber estado sujetos a sanciones o embargos o presentar “niveles significativos de corrupción u otras actividades criminales”.
Las ONG defienden que las personas como Jaider tienen derecho a acceder a una cuenta de pago básica como todos los residentes de la Unión Europea, solicitantes de asilo o migrantes que no tengan un permiso de trabajo pero su expulsión “sea imposible por razones jurídicas o de hecho”, como recoge un real decreto de 2017.
Para casos como el de este colombiano, bastaría con aportar su documento de identidad y el permiso de residencia, pero, según denuncian estas entidades, en muchos casos, los bancos requieren una serie de documentos añadidos prácticamente imposibles de facilitar para los solicitantes.
“Me pedían las últimas cinco nóminas de trabajo y tres declaraciones de la renta cuando yo acababa de conseguir mi permiso de trabajo y tenía mi primer contrato en la mano”, relata Jaider.
La responsable del área de Incidencia Política de Red Acoge, Natalia Slepoy, explica así a EFE que, a su juicio, esto supone un incumplimiento de la ley de cuentas de pago básicas y de la ley de igualdad de trato y la no discriminación.
“Esta ley (de prevención de blanqueo de capitales) solo se puede aplicar una vez que la cuenta está abierta y se ha podido hacer un estudio de los movimientos financieros de esa persona, pero si tú no cuentas con esa información, estás discriminando a alguien solo por el hecho de ser de una nacionalidad concreta”, argumenta.
“Es muy frustrante y humillante”
Algo parecido le ocurrió a Rosa (nombre ficticio), original de República Dominicana, quien después de 18 años viviendo en España recibió en marzo del año pasado la resolución que le concedía el permiso de residencia.
Lo primero que hizo fue acudir al banco para abrirse una cuenta, algo “urgente” para ella porque la necesitaba para empezar su nuevo trabajo recibir la pensión de su hijo, pero le dijeron que no podría hacerlo hasta que no tuviera la tarjeta de residencia física, algo que hoy, casi un año después, aún no ha pasado.
Y ello a pesar de que la resolución que ella tenía en la mano aseguraba tener plenos efectos frente a la Administración y a terceros y que su eficacia no se encontraba condicionada a la obtención de la tarjeta.
“Es muy frustrante y humillante, yo me sentí humillada”, asegura Rosa, quien visitó numerosas entidades con el mismo resultado. “Puedo hacer una lista de todas las puertas a las que toqué y todos me dijeron que no”, lamenta.
Las consecuencias para quienes sufren estas barreras pueden ir desde la pérdida de un trabajo a problemas para recibir prestaciones y, según Red Acoge, es un práctica común a todas las entidades, que actúan con impunidad, ya que no existe un régimen sancionador para ello.
Muy pocos afectados reclaman ante el banco
Es difícil encontrar datos sobre el número de personas afectadas por este problema y los pocos que hay no son representativos, subraya Natalia Slepoy, de Red Acoge, ya que los afectados suelen ser personas en situación de vulnerabilidad y “lo que menos quieren es tener problemas”, por lo que muy pocos ponen una reclamación.
Un estudio realizado por entidades sociales como la suya contabilizó 200 incidencias de este tipo en 2022 y el Banco de España, en su memoria de ese mismo año, reflejó 33 reclamaciones por este asunto.
Desde el Gobierno, fuentes ministeriales han señalado a EFE que en la Secretaría General de Consumo hay “preocupación” sobre este asunto, a la luz de los indicios que trasladan las entidades sociales, que indican que existen “malas prácticas” por parte de los bancos.