Mientras el PSOE sigue trabajando para armar una moción de censura que expulse al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y al vicepresidente, Francisco Igea, de la Junta de Castilla y León, este último ha recrudecido las críticas hacia los socialistas. Este jueves, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha advertido al líder del PSOECyL, Luis Tudanca, de que “en Ciudadanos ningún procurador se apellida Tamayo” y le ha acusado de “comprar voluntades” para llevar a cabo la operación.
Tudanca había manifestado poco antes “en Ciudadanos hay mucha gente que vino para no mantener en el poder a un PP manchado por la corrupción” ,y tampoco a un Gobierno autonómico que “tanto daño ha hecho”. “Presumir públicamente de que uno va comprando voluntades no es lo que esperan los ciudadanos de los políticos, si uno tiene que poner una moción de censura no compra voluntades sino que explica en la sede de la soberanía popular cuál es su proyecto de futuro”, ha apuntado el vicepresidente. Así, ha asegurado que el PSOE de Castilla y León tiene el mismo nivel político que 'Chiquito de la Calzada' por ir “con la chequera por delante” para obtener apoyos a la moción.
Escribe Laura Cornejo.
Brasil, uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, ha registrado 1.699 muertes con COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que equivale a un fallecido cada 50 segundos, ha informado este jueves el Gobierno. El número de fallecidos de este jueves es inferior al récord registrado la víspera, cuando fueron contabilizados 1.910 muertos en el día con más decesos de la pandemia, pero es superior al del martes, cuando se registraron 1.641.
De acuerdo con el balance diario del Ministerio de Salud, el número total de víctimas mortales asciende ya a 260.970 desde el pasado 12 de marzo, cuando fue notificado el primer deceso en Sao Paulo.
El Gobierno ha informado de que el país registra 75.102 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que supone la segunda peor cifra de contagios diarios durante la pandemia al superar los 71.704 contabilizados el miércoles.
El acumulado de casos de coronavirus asciende a 10.793.732 desde el pasado 26 de febrero, fecha en la que se registró el primer contagio en Brasil, que junto a Estados Unidos e India es uno de los países del mundo más afectados por la enfermedad.
Informa EFE.
Dieciséis de 54.000 vacunados contra la COVID-19 entre el 1 y el 3 de marzo en Uruguay sufrieron algún tipo de reacción adversa, ha informado este jueves el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Durante una entrevista en la emisora uruguaya Radio Carve, el titular de la cartera dijo que solo se trató de una “reacción alérgica”, solucionada al instante con un antihistamínico.
Salinas ha confirmado que tanto él como el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, recibirán la próxima semana la primera dosis de CoronaVac después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) abra este viernes la agenda para que pidan cita las personas de entre 55 y 59 años -independientemente de su profesión o situación de riesgo-. “Tengo 59 años y lo considero leal porque no soy un médico que esté en la primera línea de batalla”, ha explicado el neurólogo sobre recibir la vacuna china.
Las autoridades siguen preocupadas por la baja demanda de vacunas entre los seleccionados para recibir la vacuna. Según refleja el monitor web desarrollado por el MSP, a las 16.14 horas (19.14 GMT) de este jueves, 7.045 personas habían recibido la dosis y el número total se elevaba a 61.488, cifras lejanas a las 30.000 diarias que se preveía inicialmente.
Uruguay, que es el último país de Suramérica en comenzar la vacunación a la población, registra desde el 13 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria, 60.074 contagios (7.472 activos, 80 de ellos en cuidados intensivos) y 624 fallecidos.
Informa EFE.
Un cribado realizado en la segunda planta de Medicina Interna del Hospital de Calella, que depende de la Región Sanitaria de Girona, ha destapado la presencia de once pacientes positivos por coronavirus.
Según informa la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, que gestiona el centro, la dirección ha tomado las medidas pertinentes y se siguen los protocolos dictados por la Generalitat de Catalunya.
La criba se ha realizado tras detectar a principios de semana un positivo entre las personas hospitalizadas y, ahora, son once de una veintena de pacientes ingresados en la planta.
Informa EFE.
La vacuna contra la COVID-19 de la multinacional Johnson & Johnson (J&J) se ha topado con la Iglesia Católica en Estados Unidos, donde algunos obispos están recomendando no usar este suero al estar desarrollado con células madre obtenidas de abortos.
El último en sumarse a estas reticencias ha sido el obispo Robert Deeley de la diócesis de Portland, que ha pedido a sus feligreses que opten por otras vacunas que no sean la de J&J. En un comunicado, Deeley afirma que “si alguien puede elegir entre vacunas igualmente seguras y efectivas contra la COVID-19, deberían elegirse las vacunas con la menor conexión con líneas de células derivadas de abortos”. “Por tanto -sigue-, si alguien tiene la capacidad de elegir una vacuna, las de Pfizer y Moderna deberían ser elegidas antes que la de Johnson & Johnson”.
No obstante, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos deja la puerta abierta a J&J, citando la recomendación de la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, que considera que “cuando las vacunas contra la COVID-19 que no son éticamente reprochables no están disponibles, es aceptable moralmente recibir vacunas contra la COVID-19 que hayan usado líneas de células de fetos de abortos en su proceso de investigación y producción”.
Información de EFE.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha reiterado este jueves sus críticas a las restricciones a la actividad económica en el peor momento de la pandemia de COVID-19 en el país, ha instado a “trabajar” y preguntó: “¿Vamos a llorar hasta cuándo?”.
En un encendido discurso, el mandatario ha reclamado en forma airada por las medidas adoptadas por gobernadores y alcaldes para intentar contener el avance del coronavirus, que ha entrado en una fase de mayor descontrol, con récords de muertes diarias que han llegado a superar las 1.900, para un total ya cercano a las 260.000 en el país. “Apelo a gobernadores y alcaldes a que repiensen esas políticas de cerrar todo. El pueblo quiere trabajar”, ha declarado el líder de la negacionista ultraderecha brasileña para agregar: “Vamos a combatir al virus, pero no de esa forma ignorante, burra, suicida”.
Sin citar en ningún momento el aumento de las cifras de decesos y contagios, que en ese último caso ya superan los 10,7 millones en un país de 210 millones de habitantes, Bolsonaro reiteró que lamenta “cualquier muerte”, pero insistió en que eso “es parte de la vida”.
Informa EFE.
“Hemos contabilizado 650 personas, por lo que solicitamos un total de 108 viales”. El viernes 15 de enero, jornada en la que arrancó la vacunación de los sanitarios en Euskadi, la directora de enfermería del hospital de Santa Marina de Bilbao solicitó por correo electrónico un número de vacunas contra la COVID-19 suficientes para inmunizar a todo el centro, como deseaba su entonces gerente, el exconcejal del PNV José Luis Sabas, quien también se vacunaría con ellas e incluso lo grabó en vídeo. En el mensaje a la responsable de los envíos, en cambio, no se le especificaban esos planes por escrito y, después de un ligero ajuste, se acuerda una remesa de 100 viales dentro de un paquete general de 2.706, o lo que es lo mismo, 13.530 vacunas.
La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha enviado al Parlamento Vasco la documentación relativa a las irregularidades en Santa Marina a instancias de la parlamentaria de la coalición PP+Cs Laura Garrido, muy beligerante con este caso y con el que se produjo en Basurto -en ambos fueron destituidos los gerentes tras vacunarse-. Se trata de un expediente de 131 páginas, aunque los correos electrónicos y las cantidades concretas de los envíos se concentran en las últimas. Antes hay informes que incluso tienen el sello de “confidencial” sobre la estrategia de vacunación en España.
El Gobierno francés mantiene su apuesta por evitar un confinamiento estricto a nivel nacional, aunque ha vuelto a endurecer este jueves las restricciones en las regiones más afectadas, como Paso de Calais, que será confinada los fines de semana, según ha anunciado el primer ministro, Jean Castex.
En esta zona, que se suma a las restricciones aplicadas hace siete días en las localidades de Niza y Dunkerque, los centros comerciales no alimentarios de más de 5.000 metros cuadrados tendrán que cerrar.
A los 20 departamentos que se encontraban ya en alerta roja por presentar una tasa de incidencia superior a 250 positivos por cada 100.000 habitantes se suman ahora otros tres: Altos Alpes, en el sudeste; Aube, al este de París, y Aisne, al noreste de la capital.
Castex ha invitado a los habitantes de estas zonas afectadas a no viajar, para evitar la propagación de la enfermedad, y a evitar las reuniones sociales de más de seis personas en lugares cerrados. “Es una petición de sentido común: el virus golpea de manera desigual las distintas partes de nuestro territorio, evitemos difundirlo allí donde tiene una menor intensidad”, ha expresado.
Informa EFE.
El Gobierno y las distintas autoridades implicadas han vuelto a fallar en la gestión de un aumento de las llegadas de migrantes a España, según evidencia la profunda crítica desarrollada por el Defensor del Pueblo en el extenso informe 'La migración en Canarias', publicado este miércoles. Muchos de los errores detectados durante la crisis de acogida en las islas no son nuevos. La mayoría son los mismos que ha recogido la institución una y otra vez ante cada pico de entradas irregulares a España: “De nuevo, hemos asistido a una carrera contra el tiempo en la búsqueda de lugares que permitan acoger con dignidad a las personas que llegan”.
Esa carrera, marcada por la descoordinación entre las instituciones implicadas, recoge el documento, se ha traducido en actuaciones improvisadas y ha provocado vulneraciones de los derechos de los migrantes como la falta de información sobre el asilo, insuficiencia de intérpretes, una asistencia jurídica deficiente, el auge de la xenofobia y la limitación de la libre circulación por España, entre otras.
Lo cuenta Gabriela Sánchez.
La Xunta de Galicia va a presentar una protesta formal ante la Dirección General de Salud Pública por haber hecho público un acuerdo con las comunidades que incluye restringir la movilidad en Semana Santa. Las medidas planteadas, arguye, no han sido aún aprobadas por el Consejo Interterritorial, que se reunirá la próxima semana.
A la queja se suma, según el Gobierno gallego, Andalucía. Pero fuentes del Ejecutivo que dirige de Juan Manuel Moreno han asegurado a la redacción de elDiario.es en Andalucía que su representante en la reunión se ha limitado a acatar lo acordado.
Solo unas horas antes del anuncio del Ministerio de Sanidad, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pedía retrasar las decisiones hasta unos días antes de Semana Santa y evitar fijar las restricciones ahora. La posibilidad de que el sector hostelero “albergue alguna esperanza” relacionada con la relajación de las medidas lo llevó a pedir que se espere al último momento. “Es muy precipitado hacer predicciones a un mes de distancia en una pandemia”, argumentó este jueves.
Informa elDiario.es Galicia.
El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, se ha mostrado sorprendido por la “preocupación” que han levantado la veintena de concentraciones solicitadas para el 8 de marzo en la Comunidad cuando desde el final del primer Estado de alarma, en el mes de mayo, se hayan desarrollado aproximadamente 1.700.
“Me da la sensación que a veces entre todos, a lo único que contribuimos a difundir y a hacer el caldo gordo al discurso machista de la extrema derecha”, ha espetado. En declaraciones a La Ventana de Castilla y León de la SER, el delegado ha explicado que, hasta el momento, todas las concentraciones solicitadas se llevarán a cabo porque no hay “ningún informe desfavorable” por parte de la autoridad sanitaria, que es la, y por tanto, se tiene que velar por el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, “en este caso el derecho de reunión”.
Informa Europa Press.