Última oportunidad para aprobar las directivas de igualdad antes de los cambios en el Parlamento Europeo

El reloj apremia para aprobar las últimas directivas europeas de igualdad a menos de 100 días de las próximas elecciones. Se prevé que las normas sobre violencia de género y sobre trata de seres humanos se voten en el Parlamento Europeo en abril. Si la votación se pospone o no se consigue mayoría para aprobarlas, estas directivas, temen sus impulsoras, quedarán en nada.

La que está terminando es una legislatura “intensa” donde “hemos avanzado mucho” en materias de igualdad, han explicado este lunes en Madrid varias eurodiputadas españolas en la Oficina del Parlamento Europeo. A pesar de sus diferencias ideológicas, todas muestran satisfacción hacia el trabajo realizado estos últimos cinco años. Sus caras cambian, sin embargo, al pensar en el futuro: coinciden en que la futura composición de la Eurocámara, con casi un cuarto de sus escaños ocupados por la ultraderecha euroescéptica según las encuestas, haría “imposible” aprobar las directivas de igualdad que aún están en trámite.

Por ello, han pisado el acelerador con las normas pendientes de aprobación. “[La directiva de violencia de género] no es suficiente, pero es muy importante tenerla; había que sacarla”, afirma Soraya Rodríguez, eurodiputada de Renew, formación donde se encuadra Ciudadanos. Esta representante pone otro ejemplo de los intentos por conseguir una norma aprobada antes que una perfecta: la tipificación de la violación como ‘eurodelito’ estaba atascada por falta de acuerdo en el Consejo de la Unión Europea, y este elemento se dejó caer al considerar que no podían esperar a la unanimidad requerida por parte del organismo que representa a los Estados. “Se sacó adelante lo que se pudo”, valora Rodríguez, quien pone en valor su trabajo y el del resto de negociadoras: “Hemos hecho lo que debíamos”.

La violación no será ‘eurodelito’

Entre los elementos que se quedaron atrás en el afán de conseguir una propuesta de directiva que se pudiera aprobar antes de junio está la tipificación de la violación como ‘eurodelito’. Esto habría supuesto una misma definición del crimen en todos los Estados : la del Convenio de Estambul, misma fuente de la que bebe la española ley del ‘solo sí es sí’, que explicita que es violación cualquier acto sexual sin consentimiento.

Aunque esta era la intención tanto del Parlamento como de la Comisión, se encontraron con el rechazo del Consejo de la Unión Europea, tercera institución que participa del proceso legislativo comunitario. Para este organismo, donde Francia y Alemania se erigieron como principal oposición a la tipificación de la violación, no hay base jurídica.

Ante este impedimento y la necesidad de ceder para conseguir un acuerdo a tiempo, las negociadoras decidieron incluir la violación en el capítulo de prevención de la directiva. De esta forma, los Estados quedan obligados a realizar campañas de sensibilización anuales sobre violencia sexual. Y ahí queda bien claro: lo que define la violación es la falta de consentimiento. Un pie en la puerta ante la negativa del Consejo a tipificar la violencia sexual que las negociadoras españolas esperan que pueda servir como punto de apoyo para convertir la violación en ‘eurodelito’ dentro de cinco años, cuando la directiva deberá revisarse.

Aunque la violación haya quedado relegada al apartado de prevención, la norma es “muy ambiciosa” y “mucho más de lo que teníamos”, según Rosa Estaràs, eurodiputada del Partido Popular Europeo. La que será la primera ley de una entidad supranacional en materia de violencia de género incluye los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y cyberflashing —el acto de enviar contenido íntimo por medios digitales sin consentimiento—, además de fomentar el acceso a la justicia y prevención de las víctimas.

La gestación subrogada, ilegal cuando haya coacciones

Además de la directiva sobre violencia de género, en abril también se votará previsiblemente la norma sobre trata de seres humanos. Una propuesta “espectacular y bien recibida”, según María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de La Izquierda e integrante de Sumar. Aunque la ley ha generado cierta polémica por incluir la tipificación de la gestación subrogada en ciertos supuestos, Palop niega que este sea un movimiento para criminalizar los vientres de alquiler: “No decimos que la gestación subrogada sea trata, sino que, cuando hay fines de explotación reproductiva, entra dentro de la categoría de trata”, explica.

La actual propuesta de directiva nace para enmendar y mejorar la norma contra la trata vigente desde 2011. “Se han recogido todas las recomendaciones sobre lo que no había funcionado en la directiva anterior”, explica Soraya Rodríguez de Renew. Entre ellas están sanciones para empresas condenadas por trata o considerar delito el consumo de servicios sexuales por parte de una víctima de trata cuando el cliente pueda ser conocedor de ello. Más allá de las medidas punitivas, se abre la puerta a que la Fiscalía del país en cuestión pueda no procesar a víctimas por actos delictivos que cometieron bajo coacción o a que estas puedan tramitar la residencia a la vez que piden el asilo internacional, procesos que actualmente no se pueden realizar de forma simultánea.

La violencia de género y la violación, asignaturas pendientes

A pesar de que las eurodiputadas se muestran satisfechas con el trabajo de los pasados cinco años, reconocen que quedan temas por tratar en el futuro. “Hay que construir sobre la directiva de violencia de género”, resume Lina Gálvez, del grupo parlamentario socialdemócrata.

Además de tipificar la violación como ‘eurodelito’, las representantes españolas creen que la violencia de género debería tener también una definición común para que sea tratada como “un delito particularmente grave y con dimensión transfronteriza”.

En este sentido, las eurodiputadas subrayan la importancia del Convenio de Estambul y apuntan que la Unión debería trabajar por que su aplicación sea lo más extendida posible: aún hay seis Estados miembros que no han firmado el tratado y cinco países que, aun siendo parte del tratado, no han tomado ninguna medida para incluir el consentimiento en su definición penal de violación.