Un profesor que te chantajea con pagarte la matrícula a cambio de acostarse contigo; tocamientos por parte de un compañero; un agarrón de cintura en la revisión del examen. El ámbito universitario no es un espacio exento de acoso sexual. De hecho en los últimos años las universidades han comenzado a ponerse las pilas y a elaborar protocolos. En la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la más grande de España, en un año con protocolo activo, que entró en vigor al acabar 2016, se han registrado un total de 15 denuncias –cinco a profesores, ocho a estudiantes y dos al resto de personal de la universidad–, según ha confirmado la Unidad de Igualdad de la institución a eldiario.es.
Una de ellas fue la de un grupo de seis alumnas contra el profesor de la Facultad de Educación Juan Antonio García Fraile, que tras varios meses de investigación, la universidad ha suspendido de empleo y sueldo durante 14 meses. El centro había abierto una información reservada para aclarar la denuncia; un tiempo durante el cual el profesor fue apartado del Máster en el que estudiaban las denunciantes, pero no de sus clases de Grado en la Facultad, según confirmó Europa Press.
A este se suman otros 14 casos, de los que una mayoría, según ha especificado la Unidad de Igualdad, se han dado a partir del mes de septiembre, tras el inicio del nuevo curso. Por eso, fuentes de la universidad apuntan a que “se trata de información reservada” que “está bajo el protocolo” y declinan ofrecer información sobre el estado de los procedimientos.
La dificultad de denunciar
Para mostrar una repulsa pública por los casos que se han sucedido, varias asociaciones feministas de la Universidad han convocado este miércoles una movilización en el campus. Algunas de estas asociaciones han acompañado a varias víctimas durante sus procesos. Los casos han salpicado a varias facultades: Educación, Filosofía, Derecho... “No es cuestión de una facultad, sino de un ambiente general y de relaciones de poder”, dice una de las organizadoras de la protesta.
El protocolo de la Complutense –que incluye también acoso por razón de identidad de género y orientación sexual– que reconocen ha sido una herramienta muy importante, les parece en algunos puntos insuficiente. Las sanciones, fundamentalmente suspensiones temporales y de empleo y sueldo, no les parecen satisfactorias. “Muchas mujeres pueden seguir en peligro. Hay que plantearse la expulsión”.
Además del protocolo, dice una de las organizadoras, estos casos están saliendo a la luz gracias al respaldo de muchas mujeres y asociaciones: “Esto ha pasado siempre pero ahora las mujeres se sienten con más apoyo para denunciar”.
De hecho, la invisibilización de la violencia sexual es uno de los motivos que han llevado tradicionalmente a las víctimas a denunciar poco los episodios que sufren. Y es que la universidad es uno de los espacios en los que más enterrados están los casos de acoso y abuso sexual, algo propiciado por la tan jerarquizada estructura de la institución. Una realidad de la que se empezó a hablar a raíz del caso del catedrático de la Universidad de Sevilla Santiago Romero, condenado por abuso sexual a tres profesoras.
La falta de denuncias suele llevar a las autoridades universitarias a pensar que se trata de casos aislados, pero según la investigación de 2014 Las violencias sexuales en las universidades: cuando lo que no se denuncia no existe –de las doctoras en derecho e integrantes del grupo de investigación Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)–, casi un 25% de las universitarias manifiesta haber sufrido acoso sexual de manera frecuente.
El estudio enumera como las razones que llevan a una víctima a no denunciar la vergüenza, las amenazas del agresor, el miedo a no ser creídas o no ser atendidas adecuadamente. Eso junto a la falta de información o la justificación de los episodios como algo poco importante o porque “consideraban que era un incidente aislado que ya había finalizado, porque lo único que querían era que aquello terminar y que las dejaran en paz”, relata la investigación.
Así funciona el protocolo
La mayoría de universidades públicas comenzaron a diseñar protocolos con retraso, ya que estaban obligadas a hacerlo por la Ley de Igualdad de 2007 –las privadas quedan fuera del ámbito de aplicación– y, en muchos casos, llegaron alumbrados por las asociaciones feministas de los campus. Las convocantes de la movilización en la UCM explican que su tarea es complicada. “A muchas de nosotras también nos dan o nos pueden dar clase esos profesores, son ellos los que te ponen la nota”, dicen. El riesgo de que sus nombres y sus caras figuren en un proceso o una denuncia pública es su propia carrera.
El de la Complutense establece cuál es el procedimiento que debe seguir una víctima de acoso o abuso sexual, con sus respectivos plazos, y reserva la posibilidad de establecer medidas cautelares a lo largo de todo el procedimiento, como cambiar horarios para que víctima y agresor no coincidan. Tras la presentación de la denuncia, verbal o escrita, ante la Unidad de Igualdad de la UCM, ésta deberá nombrar una persona experta para realizar un peritaje que elaborará un informe tras investigar a las partes.
El informe, que ya incluye una evaluación de si se ha producido acoso o no y una recomendación de cautelares, llegará a la Comisión contra el Acoso Sexual, Acoso Sexista, por razón de Orientación Sexual o Identidad y Expresión de Género de la UCM, que a su vez presentará un informe al rector, que podrá establecer medidas, archivar la denuncia o iniciar un expediente disciplinario. En caso de que los hechos pasen a la vía judicial, como ocurre con todos los protocolos, la universidad anula automáticamente el proceso.