La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) está movilizando a sindicatos y patronal para consensuar una petición a los grupos políticos con el objetivo de que elaboren una nueva ley de universidades. Con este requerimiento quieren conseguir “una mayor reputación institucional” de las universidades a nivel internacional y “organizar mejor las relaciones entre la universidad, los poderes políticos y los agentes sociales”.
Durante estas dos últimas semanas han enviado a los agentes sociales un texto con el que quieren realizar esta petición para mejorar el funcionamiento de estos centros educativos. “Solicitamos a todas las fuerzas parlamentarias nacionales, que tengan a bien promover y aprobar una nueva Ley Orgánica de Universidades”, recoge este documento, que han distribuido con el título “comunicado sobre una nueva ley de universidades” y al que ha accedido eldiario.es.
“Un borrador de trabajo”
Desde la CRUE aseguran que este escrito solo es “un borrador de trabajo” remitido a otras organizaciones para “incorporar sus propuestas”. En este escrito la presidencia de los rectores da varias razones para justificar esta petición. “Desde la última reforma parcial de 2007 se han producido en el mundo cambios muy profundos en todos los órdenes de la vida económica, social y cultural, mudanzas que obligan a una urgente revisión de nuestro ordenamiento universitario”, explican en el texto.
Un portavoz de su gabinete de prensa explica que el presidente informó en febrero, en la asamblea general de este organismo, de su intención de lograr un acuerdo con los agentes sociales para alcanzar un pacto de Estado que derivase en una nueva ley. Estas fuentes aseguran que desde entonces se han mantenido reuniones con organizaciones sindicales y de la patronal, pero “no pueden responder” a la cuestión de si la elaboración de este comunicado está vinculado con el caso del máster de Cifuentes, ya que el manifiesto se ha distribuido en las últimas semanas.
En este documento aluden a dos cuestiones que han quedado en evidencia después de que esta redacción publicase las irregularidades cometidas en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos: el prestigio de estos centros y las conexiones entre universidad y poder. Consideran que deben “organizar mejor las relaciones entre la universidad, los poderes políticos y los agentes sociales y económicos, para de este modo conseguir más capacidad de transformación de la realidad y una mayor reputación institucional que aumente el peso de nuestras universidades en el entorno internacional”.
A pesar de que en la asamblea general ya subrayaron la necesidad de que el Parlamento elabore una nueva ley de universidades, ni en la nota de prensa ni en la agenda política aprobada en ese encuentro se aludía a las relaciones entre poder político y Universidad, unas conexiones que sí mencionan en el texto que la presidencia de este organismo ha distribuido recientemente a los agentes sociales.
Mejorar la autonomía universitaria
En la asamblea, su presidente, Roberto Fernández, defendió que “los claustros y los consejos sociales necesitan mayor autonomía política y de gestión, sin dejar de tener un marco estatal mínimo de regulación que ordene el Sistema Universitario Español”.
Fernández también destacó en ese encuentro la necesidad de desarrollar políticas de personal con la que “mejorar los sistemas de evaluación y acreditación del profesorado, definir la carrera investigadora en las universidades y conseguir la plena reposición de las plantillas y la estabilización del personal temporal”.
Además, creen que es necesario “profundizar en una verdadera y efectiva autonomía universitaria que posibilite una mayor libertad y flexibilidad de las universidades en sus modos de gobierno, su organización interna y sus políticas académicas y de personal”.
Por su parte, en el desarrollo de la agenda política apuestan por la implementación de la Ley de la Ciencia y por una revisión general de las condiciones del profesorado. Sobre los recursos económicos, aluden a la necesidad de un establecimiento de criterios mínimos para asegurar la suficiencia financiera, incrementar el porcentaje del PIB destinado a I+D+i y desarrollo del sistema de mecenazgo.
Proponen un nuevo pacto de Estado
Para elaborar esa nueva normativa, que pretenden que se “apruebe a través de un amplio consenso parlamentario”, sugieren que se comience a negociar un nuevo pacto de Estado “en el que participen las diversas fuerzas políticas y en el que se solicite la colaboración activa de todas aquellas instituciones, organizaciones y colectivos que puedan aportar sus experiencias y sus ideas para seguir construyendo una universidad al servicio de la ciudadanía”.
Esta propuesta viene precedida por el fracaso del pacto de Estado de Educación, en el que no se debatía sobre la formación universitaria. Este contexto desanima a algunas de las organizaciones que se han reunido en las últimas semanas con la CRUE. Entre ellas, Comisiones Obreras, este sindicato no considera que sea “un momento oportuno” para plantear a los grupos políticos la configuración de un nuevo acuerdo en el Congreso después de que PSOE y Unidos Podemos abandonasen las negociaciones del último pacto educativo al no alcanzar ningún acuerdo de financiación con el PP.
Vinculado al futuro de España
“Creemos firmemente que el futuro de España pasa por darle un óptimo futuro a nuestra universidad”, finalizan apuntando en el documento enviado a los agentes sociales con que el reivindican “una nueva regulación legal que permita a la universidad afrontar con éxito los desafíos a los que continuamente tiene que enfrentarse”.
A diferencia de CCOO, desde UGT valoran positivamente esta propuesta para debatir sobre un nuevo modelo de Universidad, sin embargos ambos coinciden al concluir que este tema “está todavía en un momento muy incipiente”. Estos dos sindicatos también destacan que en cuestión de profesores asociados, una de las reivindicaciones actuales en estos centros porque precariza la docencia, el problema no se centra en el articulado de la ley, sino en que no se cumple en algunas universidades. “La normativa estipula que el 50% tienen que ser profesores funcionarios”, destaca Encina González, Secretaria de Universidad de CCOO.
González explica que por ahora su organización no ha “debatido en profundidad” sobre la necesidad de una nueva ley universitaria. Por ahora se muestra más favorable en abogar por desarrollar “aspectos” de la normativa actual que no se han detallado. Entre ellos, el estatuto del personal docente e investigador. “Parece que somo un país al que cada diez años le da un ataque de una ley nueva”, añade.
Por su parte, Carles López, presidente de la confederación de estudiantes (CANAE) destaca que la ley actual ha creado unas “disfunciones”. Desde esta organización se decantan por introducir adaptaciones que apuesten por la equidad, la excelencia y la flexibilidad en la Universidad. Por ejemplo, que se adapte para estudiantes de diferentes ritmos, que se incluyan “variables” para que estudiantes que tengan hijos o sean víctimas de violencia machista “encuentren su sitio”. Además, apuesta por “potenciar la internacionalización”, más allá de programas Erasmus.
Desde el Frente de Estudiantes proponen que se apruebe una nueva ley “en la que se tomen como pilares fundamentales las propuestas y reivindicaciones de las distintas organizaciones que componen la comunidad educativa”. Entre ellas, apuntan a un “replanteamiento de los criterios de docencia e investigación” para que los contenidos se elaboren tomando como base el bienestar social y no la rentabilidad económica.
Propuesta de Ciudadanos
La semana pasada Ciudadanos presentó una proposición de ley sobre transparencia universitaria, en ella proponen que sea obligatorio que se publiquen en las webs de los centros las tesis doctorales, los trabajos de fin de máster y los de fin de grado. De este modo “dejarán de ser secretos” y “cualquier persona podrá consultarlos”, según explicaron fuentes del partido.