La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid tiene claro que el trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes no existió, como tampoco existió el tribunal ante el que tenía que exponerlo. Así lo ha confirmado oficialmente el rector este viernes, en su comparecencia ante los medios, donde aportó fechas y horas muy concretas de cuándo se dio cuenta de que algo no marchaba bien.
Fue horas después de su primera rueda de prensa sobre este caso, tras la primera información de eldiario.es sobre el máster de Cifuentes, a las 17:29 de la tarde del 21 de marzo. Bastó con ver el documento que el catedrático Enrique Álvarez Conde presentó para avalar su versión de los hechos. Un acta que hoy sabemos que estaba manipulada y que desde el primer momento fue irregular para cualquiera que conozca el funcionamiento de la Universidad. Normalmente ese papel no se guarda: se entrega en Secretaría y allí se sube la nota. Por esa razón, apenas 25 minutos después, a las 17:55 de la tarde, el rector puso en marcha la investigación interna de la URJC.
Estos datos aportados el viernes no solo tienen consecuencias políticas muy serias para el futuro de Cristina Cifuentes. También consecuencias académicas. Que su trabajo fin de máster no esté en el registro “pese a que su archivo en el servicio de posgrado es obligatorio”, que tampoco “conste el acta” y que no haya tribunal significa que ese trabajo no existe para la Universidad. La consecuencia directa, según explican fuentes de la Universidad, es que Cifuentes muy probablemente perderá su título académico cuando se cierre completamente la investigación, dentro de una o dos semanas.
La URJC valora como una hipótesis muy posible la retirada de título, pero no como castigo ad hoc. El procedimiento está regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En su artículo 47F dice que se considerarán “nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”. Es decir, obtener un título de máster sin cumplir los requisitos de haberlo cursado, que es el caso de Cristina Cifuentes.
Este requisito no solo figura en la legislación. También en los estatutos de la universidad, más genéricos. Allí se destaca que el alumno está obligado a “realizar el trabajo académico propio de su condición universitaria con el suficiente aprovechamiento”.
Pero también el reglamento de la propia universidad en conducta académica castiga este comportamiento. Considera falta grave (artículo 6.1): “La utilización de medios fraudulentos, con el fin de obtener resultados no merecidos en pruebas de evaluación, que conlleven la colaboración de agentes externos”. Entre las sanciones que contempla están la expulsión temporal o definitiva de la Universidad, algo que a Cifuentes no le afectaría directamente ya que no está actualmente matriculada, pero sí podría comprometer su actividad allí en caso de que quisiera cursar de nuevo un máster o iniciar el doctorado en la URJC.
La flagrante irregularidad con su trabajo de fin de máster no es ni siquiera la única. La inspección de la URJC también está analizando su falta de asistencia a clase, que no participara en los exámenes o los extraños plazos de su matrícula.
Como destapó eldiario.es, Cifuentes se matriculó tres meses más tarde de terminar el último plazo oficial: el 21 de diciembre cuando las clases habían empezado el 22 de septiembre. Esto implica que no pudo asistir a ninguna de las asignaturas que se cerraron en el primer trimestre del curso. A pesar de que no estaba matriculada, Cifuentes consiguió tres sobresalientes y dos notables en esas asignaturas.
Entre los profesores que calificaron con sobresaliente a Cifuentes cuando aún no estaba matriculada destaca Enrique Álvarez Conde, el máximo sospechoso del trato de favor que la entonces delegada del Gobierno recibió de una Universidad, la URJC, de la que ella misma había sido miembro de su primer consejo de administración.