La principal cárcel vasca, la de Zaballa, incorpora de urgencia 32 interinos ante la oleada de bajas del personal

La prisión de Zaballa, en Álava, incorporará a 32 interinos, 10 este viernes y 22 a partir del próximo lunes, para poder recuperar la normalidad en el centro después de que se hayan tenido que suspender servicios básicos destinados a los presos, ya que desde el pasado 4 de diciembre ha habido “un incremento de las incapacidades laborales” de trabajadores, hasta sumar 73. Ya mismo se prevé reanudar los contactos directos de los reclusos con sus familiares y allegados, y de no ser posible, se les facilitará tabletas.

El director del centro, Benito Aguirre, ha comparecido en la sede del Gobierno vasco, en Vitoria, para informar sobre la situación de la cárcel, donde el incremento de las incapacidades laborales, un total de 73 desde el 4 de diciembre, ha obligado a la suspensión de servicios básicos que afectan a “derechos fundamentales” de la población reclusa, que en la actualidad asciende a unos 840, y que es atendida por 200 trabajadores sólo de servicio interno de la cárcel. El juzgado de guardia de la capital, a instancias del juzgado de Vigilancia Penitenciaria, investiga si en el centro penitenciario se está produciendo “una huelga encubierta” y si, por tanto, se han cometido posibles delitos, informa Europa Press.

Los servicios suspendidos por la actual situación son los que hacen referencia a la actividad tratamental en los ámbitos de la educación, la formación, la cultura y el ocio. “Nuestra intención es recuperarlas cuanto antes, dando prioridad a los que están relacionados con la seguridad de las personas. La segunda prioridad es el acceso al trabajo -que permite a los reclusos tener ingresos económicos-, y la tercera, garantizar el contacto directo con sus seres queridos”, ha subrayado. Aguirre ha explicado que los talleres se suspendieron durante un solo día en esta “crisis”, y ha precisado que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha activado la incorporación de personas pertenecientes a una bolsa de interinos, y este mismo viernes han empezado a trabajar una decena. El lunes se incorporarán otras 22 personas.

En todo caso, ha reconocido que, “posiblemente”, la calidad del servicio se verá “menoscabada porque será prestada, primero, por menos personas, y algunas de esas personas tendrán poca experiencia”. “Pero, con los trabajadores que se mantienen en su puesto de trabajo en estos momentos, prolongando su jornada de trabajo, demostrando un sentido de la responsabilidad muy relevante, y el apoyo de estas personas que se van a incorporar, entendemos que el servicio saldrá adelante”, ha remarcado.

El director de Zaballa ha querido dejar claro que el conflicto laboral no se gestiona en el ámbito del centro penitenciario, y ha apuntado que los juzgados de Vigilancia penitenciaria deben “gestionar la tutela de los derechos de la población interna” en las prisiones. Por ello, ha explicado que él no ha denunciado “nada”, sino que, como es obligación, ha notificado a las autoridades judiciales “servicios esenciales, derechos” de los presos, que “por el motivo que sea, no se están cumpliendo”, y se han visto “interrumpidos”. “Yo en ningún momento he hecho referencia a bajas médicas, sino a la carencia en la prestación de los servicios motivadas por incapacidades laborales sobrevenidas y no previstas, sin hacer ningún tipo de valoración sobre cuál es el contexto en el cual esas incapacidades laborales se están produciendo o se han producido”, ha manifestado.

Aguirre, como gestor de la cárcel de Zaballa, ha querido reconocer la labor de las personas que, desde el 1 de octubre de 2021 -cuando Euskadi asumió la transferencia de Prisiones-, “están gestionando una situación nueva”. En este sentido, ha destacado que hay más población interna porque la Administración vasca “ha hecho un esfuerzo muy potente para permitir que aquellas personas oriundas del País Vasco o que tengan vinculación al País Vasco puedan cumplir condenas si lo desean en el País Vasco”. “Eso ha implicado que los recursos humanos que hasta este momento tenemos, que son los que teníamos antes, hayan tenido que redoblar sus esfuerzos. Es un dato objetivo que implica que los profesionales del centro penitenciario de Álava durante estos tres años hayan hecho un esfuerzo, que ha implicado la prolongación de su jornada de trabajo mediante horas extras, evidentemente de forma voluntaria, no de forma obligatoria”, ha precisado.

“Por ejemplo, este fin de semana teníamos previsto repartir de forma masiva medios electrónicos, informáticos, tabletas, para que, en el caso de que no se pudieran recuperar con cierta normalidad las comunicaciones presenciales, lo pudieron hacer, no solamente el fin de semana, sino durante el tiempo que durara esta situación a través de videollamadas”, ha añadido, para señalar que es una medida extraordinaria. Las tabletas son una herramienta de uso ya normalizado en el centro penitenciario, pero que se pone a disposición de los presos cuyos familiares del exterior tienen ciertas dificultades por lejanía, por carencias o dificultades de tipo económico para desplazarse a la prisión.

Primer director de servicios penitenciarios

Precisamente este viernes el departamento de Justicia ha anunciado el nombramiento del funcionario de prisiones Pablo Martínez Larburu como director de Servicios Penitenciarios, cargo que se crea por primera vez desde la transferencia hace tres años y medio. Martínez Larburu, cuyo nombramiento será oficial tras el Consejo de Gobierno del lunes es licenciado en Derecho y Master en Criminología, y el Gobierno ha destacado su “trayectoria interna de trabajo penitenciario desde los tiempos en los que el acoso terrorista tuvo a estos profesionales en su punto de mira.” Ha sido jurista y subdirector de tratamiento en el anterior centro de Nanclares hasta 2005, responsable del Centro Educativo de Ibaiondo entre 2005 y 2021, jurista en Martutene y responsable del programa de Gestión Penitenciaria desde 2021 hasta la actualidad.

En las últimas semanas se había incorporado a las conversaciones con la representación sindical para buscar el acuerdo en sus condiciones laborales junto con la gestión de los recursos materiales. La ejecución penal continúa atribuida a la Dirección de Justicia, que encabeza Chema Bastos, también profesional penitenciario. Ambos, junto a las otras dos directoras del área, actuarán bajo la coordinación del viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez.