La batalla contra el 3+2 en la universidad no ha concluido. Tras el paro de la semana pasada promovido por los alumnos, los cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial y tres asociaciones de estudiantes han convocado una huelga en los 50 centros públicos del país para el próximo día 24 para protestar contra el cambio que propone el Gobierno en la estructura de los grados universitarios.
Los convocantes también alertan de los cambios que están por venir: el Ministerio de Educación prepara sendos decretos sobre la creación de nuevos campus y sobre el sistema de acreditación del profesorado.
El pasado 30 de enero, el Consejo de Ministros aprobaba la primera de las reformas parciales que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha diseñado para la universidad. El real decreto que validó el Gobierno abre la puerta a que las universidades cambien, a voluntad, la duración de los grados de los cuatro cursos actuales a tres.
Este cambio se complementa con un aumento en la duración de los másteres, que pasarían del año que ocupan ahora a dos cursos. Educación argumentó en su momento que de esta manera el sistema será similar al de la mayoría de los países europeos y que supondrá un abaratamiento de 150 millones de euros para las familias al reducir la duración de los grados (los másteres, notablemente más caros que los grados, se duplican pero no son obligatorios).
Los sindicatos CC OO, UGT y CSI-F, junto con las organizaciones estudiantiles Sindicato de Estudiantes (SE), Estudiantes en Movimiento (EeM) y Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST), recuerdan que el cambio propuesto por Wert cuenta –como todas reformas que ha planteado el ministro, por otra parte– “con la oposición de toda la comunidad universitaria, de la Conferencia de Rectores (CRUE), sin debate político ni social y sin una evaluación de la implantación de la última modificación legislativa consecuencia de la aplicación del proceso de Bolonia”.
“Una disminución del alumnado”
Y sostienen que los argumentos de Wert son falaces. “Si finalmente se implanta el 3+2 de forma generalizada, el sistema, lejos de homogeneizarnos con Europa, generará nuevas disfunciones porque, como señala el Consejo de Estado en su dictamen, 'parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del real decreto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra'”, se lee en el comunicado conjunto de los convocantes de la huelga.
También se rechaza que se vayan a abaratar los estudios, toda vez que recortar la duración de los grados les restará valor y hará más necesario cursar un máster. “Teniendo en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, se producirá una disminución significativa del alumnado universitario”, vaticinan los sindicatos.
La necesidad de evaluar los planes actuales, que apenas llevan unos años implantados, es el punto que han esgrimido los rectores para decidir por su cuenta que no aplicarán la reforma de Wert hasta 2017. La CRUE, más que rechazar el cambio per se, sostiene que es muy precipitado; matizan que, siendo cierto que la mayoría de los países europeos optaron por el 3+2, muchos están volviendo al 4+1 y se muestran preocupados porque el cambio conlleve un encarecimiento de los estudios y se rompa la equidad.
Por último, los sindicatos recuerdan que hay otros dos decretos en ciernes. Uno sobre la creación de nuevos centros y universidades por el que, denuncian, se relajan los requisitos para ello. “En la práctica –explican–, esto supone flexibilizar las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997 en detrimento de las universidades públicas, pasando de 13 a 33, a pesar de que el Gobierno habla insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros”.
El segundo, sobre acreditación del personal docente e investigador, “establece un sistema menos objetivo, transparente e imparcial que el actual y continúa minusvalorando la actividad docente frente a la investigación”, según el borrador conocido.
Los cambios propuestos en la universidad por Educación hay que entenderlos en el contexto de que sus responsables creen que el sistema es “insostenible”. El último ejemplo lo dejó la número dos del ministerio, Montserrat Gomendio, quien afirmó la semana pasada que es una “ecuación imposible” el hecho de que en España se tenga una de las mayores tasas de acceso a la universidad de toda la Unión Europea, una de las tasas más bajas de matrícula, impuestos bajos y prácticamente ninguna selección de entrada a las facultades.