El 23 de noviembre, después de que eldiario.es publicara el sexto copia y pega del rector Fernando Suárez, la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid anunció que abría una comisión de investigación por estos “plagios atribuidos” a su máxima autoridad. A día de hoy es el único mecanismo, junto a la presentación de una demanda judicial, para indagar y tomar medidas ante los plagios. Si no se presenta denuncia en los tribunales, el rector es la única autoridad competente para investigarse a sí mismo.
El anuncio de esta comisión interna hace 20 días ha permitido que organismos como la Comunidad de Madrid, que aporta más de 120 millones al año a la URJC, se desentiendan. Por ejemplo, la presidenta, Cristina Cifuentes, dijo en El Objetivo que la universidad “tiene sus propios mecanismos para hacer frente a este tipo de situaciones”. El ministro de Educación también se declaró no competente.
La postura del consejo de gobierno del rector es también esperar al veredicto final de la famosa comisión de investigación de la URJC, según explicaba Guillermo Calleja: “Algo de tiempo llevará su trabajo. Déjenla actuar, porque si no, la imagen de la universidad sufre”, decía a eldiario.es el 28 de noviembre.
La duda es si verdaderamente esa comisión existe. Nueve plagios y más de 20 días después, fuentes de la URJC se limitan a decir que “el rector no va a hacer declaraciones al respecto ni se va a decir nada”. Varias fuentes consultadas de distintos departamentos –ninguna cercana a Suárez– confirman que no saben nada ni se ha informado de nada.
Comisión sin miembros externos
El departamento encargado de ponerla en marcha es el Vicerrectorado de Profesorado e Investigación, que está en manos de Luis Miguel Doncel, justamente la persona a la que la justicia anuló la plaza por considerarla ilegal y a quien el rector la readjudicó.
En su momento, se anunció que la comisión estaría formada por miembros de la universidad, sin ningún representante externo. Concretamente, por profesores de Derecho y Humanidades. Si esa comisión existe o si va a existir, tendrá que hacer un informe (los plagios publicados incluyen la comparativa de textos que no deja duda del copia y pega). Si se concluye que hay plagio, la universidad debería abrir expediente disciplinario.
De momento todo depende del rector, que si no nombra a un subalterno independiente para investigarle y sigue liderando él el caso sin externalizarlo, podría incumplir la regla de imparcialidad recogida en Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El próximo miércoles 21 de diciembre tiene la oportunidad de acudir a la Asamblea de Madrid a explicar sus plagios y toda su actuación, ya que la Comisión de Educación le ha invitado, con los votos en contra del PP, a aclarar el caso allí. La iniciativa ha sido de Podemos, apoyada PSOE y Ciudadanos. Sin embargo, Suárez ya adelantó en su último consejo de Gobierno que no dará explicaciones fuera: “El rector sólo se debe a su comunidad universitaria; sólo a ustedes tengo que dar explicaciones de la labor que como rector realizo”, dijo en su comunicado.