Las universidades sufren la subida del precio de la luz y limitan horarios y aperturas de edificios

La escalada de los precios energéticos llega a la Universidad. Algunos campus públicos han empezado a recortar servicios que ofrecen habitualmente, como los lugares para estudiar, para reducir el impacto que el coste energético está produciendo en sus siempre depauperadas finanzas.

La CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas) ha protestado ante el Ministerio por esta situación, que sufren en sus carnes: “Estas medidas afectarán a las personas que reciben docencia, limitando sus opciones para compatibilizar la vida académica y personal o aumentando el número de estudiantes por cada clase; así como a todos los usuarios de los servicios universitarios, tales como las bibliotecas, la atención al estudiante o el préstamo de material y acceso a recursos tecnológicos”.

Ha sucedido ya, al menos, en las Universidades de Burgos, Extremadura, Zaragoza y Murcia. El campus de la capital aragonesa llegó a advertir a su alumnado de que se abrigase bien ante el previsible frío que podrían pasar en las aulas con el corte de la calefacción previsto. La Universidad del País Vasco también amagó con prohibir el uso de cafeteras, microondas y radiadores eléctricos a su personal docente y administrativo para ahorrar en la factura energética, así como adelantar el apagado de la calefacción, pero tuvo que dar marcha atrás ante las quejas que provocó la situación en algunas facultades cuando la temperatura cayó a 16 grados la semana pasada.

Las medidas, por el momento, son tímidas. Pero ya hay universidades planificando cierres ordenados estructurales de cara al próximo curso dentro de planes que algunas enmarcan en estrategias para reducir su impacto ambiental. Estrategias que han salido a la luz justo cuando más cara es la energía. La Crue (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) también niega los cierres y apunta a la misma línea de actuación: “Las universidades no están cerrando edificios, están intentado optimizar usos en periodo no lectivo y de cara al curso que viene en general. En momentos como los que estamos viviendo, la solidaridad y el respeto al medio ambiente son principios que creemos que todos deberíamos compartir”, explican fuentes de la organización, que agrupa a rectores de todas las universidades públicas y casi todas las privadas.

Dos grados menos en Burgos en invierno

Pero los centros sí hablan abiertamente de cierres y espacios limitados por el incremento del precio de la luz. “Las necesidades económicas se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible”, describe Antonio Calvo, vicerrector de Economía de la Universidad de Murcia. “Nos vemos obligados a tomar medidas por la evolución de los precios de la luz y el gas. ”Al principio de año hicimos una evaluación e íbamos a pasar de un gasto energético de unos cinco millones de euros a casi diez millones, era totalmente insostenible e imprescindible tomar medidas“, explica.

La UM redujo la temperatura interior de los edificios hasta los 19 o 20 grados en los últimos meses de invierno –“algo que se puede soportar”, describe Calvo– y no pondrá la refrigeración en verano hasta que se alcancen los 27 grados. Se ha desconectado equipamiento no imprescindible y se ha racionalizado la apertura de edificios para reducir los picos máximos de potencia necesaria, continúa el vicerrector. El plan se completa con cierres estratégicos de edificios en los periodos de menor actividad de la universidad (Semana Santa, verano y navidad), en los que se intentará “concentrar la actividad en un número reducido de edificios, pero los alumnos que necesiten hacer una gestión tendrán la secretaría abierta y quien quiera venir a estudiar a la universidad podrá, pero estarán todos concentrados en el campus de la Merced en vez de tener tres sitios diferentes abiertos”. La UM calcula que con el conjunto de las medidas se puede ahorrar el gasto energético equivalente a un mes al año.

La Universidad de Burgos (UBU) también explicó hace unos días su Plan de Ahorro Energético, con el que pretende reducir el consumo energético actual entre un 20% y un 25% el próximo curso. Este proyecto de la UBU contempla medidas como modificar horarios de apertura y cierre “de todos los centros y edificios” de la universidad, que pasará a ser de 8.00 a 19.30 cuando acaben las clases de este segundo trimestre; reducir la temperatura a una horquilla entre 19 y 21 grados de octubre a abril, en pleno invierno y limitar el uso de la calefacción al periodo noviembre-marzo “siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan”, además de “reducir o anular” el aire acondicionado en verano, entre otras medidas.

Con los ingresos de 2010

Su situación económica parecería justificar estos recortes. Las Universidades públicas perdieron 1.500 millones de euros en financiación en los primeros años de la crisis, a raíz de los recortes, dinero que no han recuperado hasta una década después: los 10.600 millones de euros que ingresaron las 50 universidades públicas en 2010, según el Datos y Cifras del Sistema Universitario Español de la Crue de aquel curso, eran 10.076 millones en 2019 (es el último dato que ofrece el Ministerio, es de suponer dada la línea ascendente que llevaba la financiación en los últimos cursos que ya habrá superado la cifra de 2010), y eso sin incluir el 12% de inflación acumulada en ese periodo.

Consciente de la situación de las universidades, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) aprobó una moción la semana pasada en la que califica el cierre de “injustificado y desproporcionado” y llama a los centros a revertir las medidas. “Exigimos la reapertura de las instalaciones de forma inmediata, la adecuación a los horarios anteriores para evitar perjuicios al estudiantado, la dotación por parte del Ministerio o de las Comunidades Autónomas de ayudas económicas a las Universidades para afrontar esta situación y la cooperación y trabajo con los Consejos de Estudiantes en la búsqueda de nuevos acuerdos”, reza la moción que enviaron al ministerio.

El departamento que dirige Joan Subirats se hace cargo de la situación, asegura que ha abordado el tema con los rectorados, según explica un portavoz, aunque no ofrece información sobre en qué centros está sucediendo ni da respuesta a los estudiantes acerca de si se está estudiando la inyección económica que solicitan para paliar este déficit. “Creemos que de momento no es estructural”, explican las fuentes, “seguiremos trabajando mano a mano con los equipos de cada universidad para ver caso a caso”.

“Nos preocupan los cierres de instalaciones porque se pone en entredicho el derecho al estudio”, explica Ángel Pérez, director de Comunicación de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y estudiante de la UBU. “Puede generarse un problema con el cierre de salas de estudios porque sus usuarios se vayan a las bibliotecas y se saturen”, añade.