Un 27,8% de las mujeres en España entre 15 y 49 años no utilizan métodos anticonceptivos. El dato se extrae del informe bienal del Observatorio de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), y se mantiene estable: en 2016 eran el 24,8%, en 2014 el 27,3%. Sin embargo, la cifra no es tan alarmante como parece. Con el desagregado de las respuestas con las razones para no emplearlos, y quitando a las que no los necesitan, la SEC estima que el porcentaje de mujeres que “teóricamente” está en riesgo de embarazo no planificado es “bajo”: en torno al 7% de la población femenina en esas edades. Se traduce en 795.000 mujeres, según el censo del INE.
La SEC, que aunque tiene intención de corregirlo por ahora solo pregunta a mujeres, explica esa reducción del 27,8% al 7% dividiendo a las usuarias del cuestionario en dos grupos. En primer lugar, uno, amplio, de mujeres que no mantienen relaciones –heterosexuales u homosexuales–. En segundo, otro en el que colocan a las que no usan anticonceptivos pero sí tienen sexo con cierta regularidad. En ese segundo, a su vez, se cuentan, por un lado, las que no los precisan porque ellas o sus parejas son estériles, son lesbianas, quieren tener hijos o están ya en periodo de gestación. Por otro, las que efectivamente están en riesgo. Entre las razones que aducen estas últimas están “tener pareja estable”, “efectos secundarios”, “desinterés”, “incomodidad”, “su pareja no quiere” o, un 5,3%, “otros motivos”, sin especificar. Y de la suma de todo se saca ese orientativo 7% en riesgo del total de mujeres en edad fértil.
En realidad, la proporción de mujeres en peligro de tener un embarazo no deseado es mayor. José Vicente González, ginecólogo y portavoz de la SEC, incide en que “eso es un riesgo teórico. No se corresponde con la realidad que vivimos y con la cifra de embarazos no planificados que nos dan las estadísticas del Ministerio”. Porque también lo están las que usan anticonceptivos pero hacen “un uso incorrecto e inconsistente, el preservativo no se utiliza siempre, se coloca tarde, la píldora se olvida, etc. Por lo tanto debemos insistir no solo en el uso, sino en el buen uso. Hay un grupo de mujeres que, aun estando cubiertas por un método anticonceptivo, por problemas de uso o fallo se quedan embarazadas. Una cosa son las condiciones perfectas, otra la vida real”.
Las respuestas, tanto en este tipo de cuestionarios como en consulta, asegura González, suelen ser sinceras, pero “hay un problema de concienciación. Una persona puede pensar que lo está haciendo bien, pero no. Responde que lo usa siempre pero es 'casi siempre' y no, tienes que usarlo siempre. Ahí radica la diferencia entre riesgo teórico y real”. “Una mujer te dice que se toma la píldora pero justo ese mes se le olvidó una. Eso se escapa de ese 7% al que nos referimos”, continúa.
Tanto en el acceso como en el buen uso hay además diferencias socioeconómicas. “Es una constante desde hace años y globalmente”, explica González. “Aunque siempre se pongan en el mismo saco, hay que diferenciar entre el nivel social, el educativo, y el económico, porque implican cosas distintas”, matiza. Es entre las mujeres de rentas más bajas entre las que menos se usan anticonceptivos: un 33,4% contestan que no lo hacen. Entre las que tienen rentas medias y medias-bajas ronda el 25%, aunque en altos sube a 29,4%. En cuanto al nivel de estudios, un 35,4% de las mujeres con estudios primarios dicen no emplear nada, y baja al 26,7% entre las que tienen títulos universitarios.
“Que haya diferencias en educación implica también diferencias en el acceso a la educación sexual que han tenido o tienen, ahí está lo preocupante”, incide González. Y eso, en la actualidad, depende en gran medida de las comunidades autónomas. “Como la educación sexual en nuestro país no está integrada en el currículum escolar, algunas comunidades cuentan con programas alternativos de educación sexual y otras no”, recuerda Raquel Hurtado desde la Federación Estatal de Planificación Familiar.
“Inequidad” por comunidades autónomas
El acceso y uso de los anticonceptivos es, en general y como la educación sexual, desigual y dependiente de las las comunidades autónomas españolas. A pesar de que está regulado por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, en España cada región establece sus propias políticas en la materia. “Lo que sin duda puede llevar a una falta de equidad”, añade José Vicente González como otra de las principales fuentes de preocupación de la SEC: “Mientras que en algunas están financiados prácticamente todos los métodos, en otras hay graves deficiencias”. En la Federación Estatal de Planificación Familiar ya elaboraron un informe sobre ese tema en 2016. Entonces, ocho comunidades no tenían planes específicos de atención a la salud sexual y acceso a la contracepción. No lo tenían “como un área prioritaria de intervención en sus respectivos planes de salud, lo cual implica que no se ha traducido en políticas públicas que mejoren el acceso”.
Las comunidades que no lo tienen se rigen por lo establecido en la Cartera de Servicios del antiguo INSALUD, un plan de atención a la mujer desarrollado en los años de la década de los 80. En estos dos últimos años, una de esas comunidades, Asturias, ha puesto en marcha una estrategia específica, y Comunidad Valenciana y Aragón, que sí tenían, la han actualizado. Madrid, que no contaba con normativa propia en 2016, ha elaborado en este tiempo un 'Plan integral de abordaje de los embarazos no deseados', pero durante esta legislatura no se ha implementado.
El problema de que el Sistema Nacional de Salud no proporcione una financiación completa, se leía en el informe, es que “las mujeres no pueden realizar una libre elección”. Alertaban sobre que, en España y en todo el mundo, “uno de los obstáculos más importantes para que las mujeres utilicen anticonceptivos modernos y eficaces es el económico”. Ponían además el foco en la importancia de la prestación de métodos reversibles de larga duración por ser los más eficaces, y en fomentar el uso del condón no solo a través de programas de prevención de ETS o VIH sino sobre el embarazo. La principal conclusión del estudio de la Federación eran las grandes diferencias territoriales “tanto en lo que se refiere a la organización de los servicios como a la financiación de la prestación. Dejar a la financiación autonómica algunos métodos genera importantes desigualdades territoriales e inequidades en el acceso a la anticoncepción, y abunda en la falta de normalización de esta prestación”.
¿Cómo sería entonces un Plan Integral que actuase a nivel nacional? Basándose en el compromiso de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de 2011, que ya reconocía esa desigualdad territorial, consistiría en planes autonómicos específicos a partir de uno general. Desde la Federación, Raquel Hurtado detalla que deberían incluir la financiación de todos los métodos anticonceptivos, la existencia de servicios específicos de atención a la salud sexual y de servicios dirigidos a colectivos concretos más vulnerables –como jóvenes–, la capacitación de profesionales sanitarios para la atención a la salud sexual, educación sexual incluida en cada etapa, y capacitación del profesorado. Desde la SEC aseguran tener conocimiento de que desde el Ministerio “se están dando pasos” para corregir esas “inequidad” e igualar las condiciones en todo el territorio, aunque no han sido detallados por la institución al ser consultados por eldiario.es.