Semana Santa en una Iglesia vaciada. O, al menos, ése es el espíritu del punto 11 del Real Decreto que el pasado 14 de marzo aprobó el Gobierno y que supuso la entrada en vigor del Estado de Alarma en España. Un texto, consensuado con la Conferencia Episcopal en el que, sin cerrar oficialmente las iglesias –muchas se mantienen abiertas para aquellos trabajadores creyentes que quieran pararse a rezar–, sí se impedían las misas con público.
La práctica totalidad de los obispos –con la ya clásica excepción del obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá, que sigue permitiendo en su diócesis las misas con público– y la inmensa mayoría de los sacerdotes se están comportando con responsabilidad, bien manteniendo los templos cerrados, bien ofreciendo misas 'a puerta cerrada', con la presencia de personal imprescindible para la celebración, y retransmitiendo por las redes sociales o los medios de titularidad eclesial las ceremonias.
Intervenciones en templos
Sin embargo, la Policía ha debido intervenir en al menos una decena de templos, que han hecho una interpretación poco rigurosa de la normativa, o directamente se han saltado la ley. Así ha sucedido en distintos templos de Sevilla, Almería, Cádiz o Córdoba, además de en Alcalá de Henares, donde el obispo ha impuesto su decisión, incluso por encima de la de los agentes de la autoridad, amparándose en la inviolabilidad de los templos recogida en los Acuerdos Iglesia-Estado. El último caso, en Granada, donde la Policía tuvo que recordarle al arzobispo Javier Martínez que no estaba permitida la asistencia de una veintena de fieles a los oficios del Viernes Santo. Los feligreses se marcharon, no sin antes tomar la comunión, y sin ser multados.
En otros rincones, como Valladolid o San Sebastián, han debido ser los propios obispos quienes han tenido que recordar a sus sacerdotes que los oficios religiosos, de llevarse a cabo, deben ser a puerta cerrada y no con una comunidad mínima (de fieles) sino con los propios miembros de la parroquia, que son los párrocos y monitores, indispensables para celebrarlas. El nada sospechoso de simpatizar con el Gobierno socialista, José Ignacio Munilla –el único obispo multado por saltarse el confinamiento, al ser sorprendido en su coche con una copiloto–, ha tenido que escribir a sus curas para que “no haya errores de interpretación” y no hagan misas con público, aunque sean a puerta cerrada.
Sin respetar la distancia ni usar mascarillas
No ha sido así en Cádiz, donde las fuerzas del orden tuvieron que desalojar el pasado 3 de abril la iglesia de San Servando y San Germán, cuando se estaba celebrando la misa a la que asistía una quincena de fieles, que no guardaban la distancia de seguridad de un metro, y no contaban con material preventivo (guantes o mascarillas), tal y como establece la norma.
Más polémica causó este domingo de Ramos la interrupción de una misa en Sevilla, en un dispositivo conjunto de las policías Local y Nacional. En este caso, se trataba de un grupo de al menos nueve frailes que estaban celebrando la Eucaristía en la azotea de un edificio en el barrio de Triana. La celebración en una zona común incumple el decreto del Estado de Alarma. “Al menos había nueve personas, y se estaba celebrando una misa”, constata el parte policial, que señala que la misa quedó “interrumpida”. La Policía había recibido varias denuncias por parte de los vecinos, que añadían que los monjes habían instalado megafonía para que el resto del barrio escuchara –quisiera o no– la misa.
Una práctica prohibida por el propio Arzobispado de Sevilla, que en una circular señalaba que las Eucaristías “se pueden hacer en el interior de los recintos, sin feligreses, y retransmitirse por streaming”, como “lo están haciendo todas las iglesias sevillanas”.
Misas televisadas con público
En Córdoba, se han dado al menos tres casos de misas sospechosas, con presencia de fieles. En la iglesia de San José de Puente Genil, la Policía ha incoado expediente de sanción al párroco y a las personas que se saltaron el confinamiento para asistir a una misa que, para más inri, iba a ser retransmitida por la televisión municipal. En Albendín (Baena), la Policía tuvo que interrumpir una misa en la parroquia de Santa María, también el pasado domingo de Ramos, que se celebró a puerta cerrada, pero dejando entrar a varios feligreses. En El Carpio es la Guardia Civil la que investiga unas imágenes de Whatsapp en las que se observa una eucaristía ofrecida por el párroco y a la que habrían asistido una veintena de personas.
En Almería, varios vehículos de la Policía Nacional se personaron a las puertas, abiertas, de la iglesia de Santiago. Tras una conversación con el párroco, se determinó que los fieles abandonaran la misa, quedando el sacerdote terminando misa con solo una persona que le ayudaba.
En otros casos, la sangre no llega al río, como en la propia catedral de Valladolid, donde el pasado 22 de marzo los agentes de seguridad impidieron que una veintena de fieles, en su mayoría de avanzada edad, se congregaran en la entrada lateral del templo antes del comienzo de la Eucaristía, que finalmente fue suspendida.
Abogados Cristianos denuncia al Gobierno
En todos los casos los responsables de la diócesis han asegurado que “harán lo posible” por cumplir la normativa. Sin embargo, la actuación policial ha sido utilizada por el lobby ultracatólico para lanzar una nueva campaña de supuesta “persecución” del Gobierno socialista contra la Iglesia.
Así, la asociación ultra Abogados Cristianos anunció el jueves pasado la presentación de una denuncia contra la Policía y las Delegaciones de Gobierno de Andalucía, Castilla y León y Murcia por las interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia durante el Estado de Alarma.
En concreto, el grupo ultra acusa a los responsables del Gobierno y de la Policía de un posible delito de “interrupción del culto” recogido en el artículo 523 del Código Penal, al considerar que los policías que llevaron a cabo dichas operaciones actuaron cumpliendo sus instrucciones. Y va mucho más allá. Su presidenta, Polonia Castellanos, sostiene que “se trata de una persecución religiosa. La reiteración evidencia que no es algo casual. El gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa”.
Castellanos asegura que “estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”.
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