“Se está preparando la venta del palacio de Londres, se están emprendiendo acciones legales contra quienes creemos que han perjudicado los intereses de la Santa Sede”. La víspera del macrojuicio que sentará en el banquillo, por primera vez en la historia, a un cardenal acusado de malversación de fondos, y a una decena de antiguos altos cargos de la economía vaticana, el superministro de Economía del Papa, el jesuita español Juan Antonio Guerrero, ha anunciado que el Vaticano se desprenderá del polémico palacio londinense que ha supuesto varios cientos de millones de pérdidas para el Óbolo de San Pedro, el dinero que los fieles de todo el mundo donan al Papa para que se lo dé a los pobres. Más de 450 millones de euros que acabaron en otras manos, y que el prefecto de Economía de la Santa Sede admite que Roma no recuperará.
Y es que el Vaticano plantea el juicio contra el cardenal Angelo Becciu, Cecilia Marogna, Gianluigi Torzi –el broker de la operación– y antiguos representantes de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA) como “un punto de inflexión” que permitirá, o eso piensan, a la Iglesia romana recuperarse de un déficit de credibilidad que, sumado a la pandemia, han arrojado las peores cifras que se recuerdan. “Espero que los pasos que se están dando en la dirección correcta de una mejor gestión, un control más eficaz y una mayor transparencia ayuden a recuperar la credibilidad”, afirma, rotundo, el jesuita Guerrero.
Inversiones que multiplican por diez las deudas
Uno de esos pasos vio la luz este fin de semana con la publicación de dos informes económicos que aportaban datos inéditos acerca de las cuentas y propiedades vaticanas. Desde la creación, en 1967, de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, jamás se había hablado a las claras de ingresos y gastos en el Estado pontificio. Una muestra de transparencia que algunos ven como una cortina de humo para dejar caer a Becciu y sus secuaces y que otros valoran por el hecho de que Roma no esconde un déficit de 66,3 millones de euros sólo en 2020, frente a los 11,1 del año anterior. Más de cincuenta millones en números rojos. Tal como se especifica en el informe publicado, mientras que en 2019 las actividades de la APSA generaron 73,21 millones de euros, en 2020 estas fueron de 21,99 millones. Del mismo modo, el organismo redujo su contribución a la Curia romana, de 41,2 millones en 2019 a 20,6 millones en 2020.
El segundo informe, también inédito, ha mostrado por primera vez el patrimonio que la Santa Sede tiene repartido por el mundo: se trata de un total de 5.171 propiedades, que tendrían un valor de mercado superior a los 883 millones de euros. La gran mayoría (4.051) están en Italia, mientras que 1.120 se encuentran en el extranjero, fundamentalmente en Francia, Alemania o Suiza.
La cifra puede parecer escasa, pero hay que aclarar que se trata de edificios propiedad del Estado vaticano, no de diócesis o congregaciones religiosas, y que en los mismos no se incluyen iglesias, conventos ni casas de oración. Tampoco las sedes de las nunciaturas, que normalmente son palacios cedidos por el país donde se encuentra la delegación diplomática vaticana.
En cuanto a los bienes italianos, el Vaticano alquila a tarifas de mercado el 14% de sus propiedades, mientras que el 40% son edificios cedidos a instituciones y que albergan hospitales, escuelas u hospicios. Del mismo modo, el informe resalta que Roma ha comprado propiedades como inversión en áreas exclusivas de Londres, Ginebra, Lausana y París.
El más conocido, el palacio de Sloane Avenue 60, que ahora, pocas horas antes de que arranque el mayor juicio por corrupción de la historia contemporánea de la Iglesia católica, el Vaticano pone a la venta. ¿Operación de marketing o auténtico esfuerzo por recuperar la credibilidad? El resultado del juicio, y las futuras reformas emprendidas por Francisco dirán.
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