Anaïs Huerta lleva cinco años investigando junto a su padre qué le pasó a su tío abuelo, Félix Llorente Gutiérrez, en 1936. Era un ferroviario de 27 años que trabajaba en Medina del Campo, Valladolid. Félix, como tantos en esa localidad, era sindicalista. Fue detenido un 28 de julio y lo llevaron a prisión. Cuando iban a trasladarlo a otra, se perdió su rastro para siempre.
Aunque han pasado 80 años, Anaïs, que vive en México, ha presentado este martes ante la Procuraduría mexicana (similar a una Fiscalía en España) una querella en la que denuncia la desaparición forzosa de su familiar en un contexto de crímenes de guerra y lesa humanidad.
“Ahora se tiene que pronunciar este organismo sobre si existe fundamento y si impulsa la investigación”, cuenta Daniel Canales a eldiario.es, abogado en Amnistía Internacional, la organización que ha impulsado la querella junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Si acepta investigar, México se convertiría en el segundo país, después de Argentina, que abre procesos para indagar los crímenes del franquismo. Puede hacerlo porque en ese país también existe la jurisprudencia universal, de modo que se pueden investigar ciertos tipos de delitos muy graves -crímenes contra la humanidad, por ejemplo- aunque no se hayan producido en territorio mexicano. El hecho de la que la querellante resida en México es también un punto a favor para que sea aceptada la querella, según apunta Canales.
En ese caso, se iniciaría un proceso en el que la justicia mexicana pediría pruebas para determinar qué pasó. Por ejemplo, “el acta de defunción, copias de documentación referente al caso e incluso podría solicitar la excavación del terreno” donde se cree que está el cuerpo de Félix, apunta el letrado.
“Un hombre cariñoso”
“Mi abuela siempre decía que mi tío abuelo era un hombre amable, cariñoso. Parece que tenía una mujer y un hijo que quizás después murió. Por el miedo que había en la familia, por la represión, se borró su identidad y el hecho de que existiera”, cuenta Anaïs.
Como Félix, se estima que durante el franquismo hubo 130.000 personas que desaparecieron víctimas de la represión y que están enterradas en más de 2.000 fosas. La causa que abrió Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional en 2006 fue cerrada, de modo que son tribunales 'locales' los que inician las investigaciones de cada víctima o las archivan. Son pocos, y muchas veces acaban con las causas archivadas
“Es una pena que en España estos crímenes sigan bajo candado. Confío en que México, que acogió a tantos exiliados, investigue”, dice la querellante en eñ vídeo en el que habla del caso.
Anaïs ha intentando esclarecer el paradero de su tío abuelo en España, y lo que ha encontrado es el silencio de la administración. Es lo mismo que le pasó a Ascensión Mendieta, que ha tenido que esperar a los 90 años y la justicia argentina para poder exhumar el cuerpo de su padre
Según señala Amnistía Internacional, “la tendencia al archivo de los casos se ha consolidado”, en parte porque el Supremo amparó argumentos como la Ley de Amnistía o la prescripción del delito en 2012. “El Estado español debe dejar de lado las excusas y aceptar sus obligaciones internacionales: son ya más de 40 años sin avances”, señala en un comunicado el director de AI en España, Esteban Beltrán.
La ONU también ha criticado en numerosas ocasiones y en su informe de 2014 la falta de implicación del Gobierno y el Estado en la búsqueda de la verdad y la reparación de víctimas. El organismo internacional sugirió que se reinterprete la Ley de Amnistía de 1977, que impide juzgar a los responsables de la dictadura. El relator de Naciones Unidas para el caso español, Ariel Dulizky, ha señalado a eldiario.es que esta querella “demuestra que la demanda de buscar justicia sigue presente en los familiares, y no necesariamente en los más directos”. “Que se haya elegido México es muy importante porque es de los países que más exiliados recibió durante la guerra civil y esto sería como cerrar otra parte del círculo”.
El experto recuerda que “México tiene un antecedente muy importante sobre jurisdicción universal y desaparición, cuando la Suprema Corte autorizó la extradición del torturador argentino Cavallo que había pedido Baltasar Garzón”. Además, Dulizky aventura que si se admite la querella podría tener consecuencias en España. “Por ejemplo, como pasó con el caso Cavallo, si alguna persona responsable la desaparición de Félix está viajando y es detenido en un tercer país y extraditado a México, podría ser que España prefiriera juzgarlo y lo reclamara”.
Si la procuraduría mexicana no impulsa la investigación y no acepta la querella, Amnistía Internacional señala que pondrán un recurso de amparo ante la Suprema Corte de México.